jueves, 27 de julio de 2017

SANCIONA PROFEPA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN CABO SAN LUCAS, B.C.S.


+ Inspeccionado no presentó la autorización de Impacto Ambiental para la instalación y funcionamiento de los establecimientos comerciales.

 + Sanciona siete establecimientos dedicados a prestar servicios turístico-recreativos con multa de $101,911.50 pesos.

+ Interpone cinco querellas ante la PGR por incumplimiento de medidas ordenadas por la PROFEPA.

+ La zona donde operan es considerada de alto riesgo sobre todo en temporada de huracanes por la corriente del arroyo Salto Seco.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) multó con $101,911.50 pesos a siete establecimientos comerciales  ubicados en la zona donde desemboca el arroyo Salto Seco al mar, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, por no contar con autorización en materia de Impacto Ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Lo anterior, derivado de una inspección realizada a siete establecimientos dedicados a la renta de camastros, sombrillas de playa, sillas, mesas, motos acuáticas y venta de actividades como  paracaidismo, snorkel, recorridos en embarcación al Arco de Cabo San Lucas, entre otras.

Durante la diligencia, se constató el funcionamiento de estos establecimientos en Zona Federal Marítimo Terrestre y ecosistema costero, inmersos dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas, para lo cual se requiere contar con autorización en materia de Impacto Ambiental emitida  por la SEMARNAT.

Por esta razón, los inspectores de esta Procuraduría solicitaron dicha autorización, a lo que el visitado manifestó no contar con ella, por lo que se inició el procedimiento administrativo correspondiente, que fue resuelto con la imposición de una sanción económica y medidas correctivas como el retiro de las instalaciones y la reparación del daño ambiental ocasionado.

Cabe señalar que durante la visita de verificación, se constató el incumplimiento de la medida ordenada consistente en el retiro de las instalaciones, por cinco de los siete establecimientos, al continuar realizando sus actividades.

Ante el incumplimiento, se procedió a interponer querella ante la Procuraduría General de la República, con el fin de que se investiguen los hechos denunciados y se lleven a cabo el proceso penal a que haya lugar.

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