Aquiles Córdova
Morán
Hace dos o tres días escuché decir a un comentarista
en un noticiario nocturno de la televisión que los profesores de la CNTE, en
particular los de Oaxaca que son los más agresivos, “envilecen el recurso de la
protesta”. A mí me parece que, en efecto, si no se pierden de vista el carácter
violento de sus manifestaciones; el daño a importantes edificios públicos,
centros comerciales, casetas de cobro, aeropuertos e infraestructura urbana; lo
desmesurado (irracional, dicen algunos) de sus exigencias que, por lo mismo,
resultan imposibles de cumplir para un gobierno que quiera mantener un mínimo
de autoridad y respeto de sus gobernados; las agresiones abusivas a la fuerza
pública (desarmada y con órdenes de no responder a la violencia con violencia);
el daño irreparable, en fin, a la educación de los hijos de los más pobres y
desamparados del país, es posible (y quizá ineludible) convenir con el
comentarista aludido, sin por ello colocarse del lado de los enemigos de la
lucha popular.
Pero, aparte de esto, veo otra razón para estar de
acuerdo con el comentario en mención. Con total independencia de si su autor
tuvo esa intención o no, es evidente que su fórmula implica dos juicios muy
valiosos para los luchadores sociales de este país, y para la opinión pública
en general. El primero es el reconocimiento (implícito, repito) de que no todas
las protestas son lo mismo ni merecen, por tanto, el mismo tratamiento; que una
protesta que reivindique demandas legales y legítimas, mesuradas y dentro de
las posibilidades y las atribuciones de la autoridad, respetuosa de la ley y de
los intereses de la colectividad, es no sólo tolerable sino un derecho
legítimo, inalienable de todo mexicano que tenga motivos ciertos para
inconformarse, derecho que nadie puede negar ni conculcar sin incurrir en
responsabilidad. De esto se sigue necesariamente el segundo juicio, esto es,
que no toda protesta es condenable per se, sólo porque causa molestias involuntarias
a terceros (inevitables además si ha de respetarse el pleno ejercicio de este
derecho), o porque altera la buena digestión de un señor funcionario que no ha
sabido atender a sus responsabilidades. De la fórmula que cito se concluye,
pues, sin violentar la extensión del juicio, que para reprobar una protesta e
invocar la intervención de la autoridad para reprimirla, hace falta, primero,
estudiar la naturaleza y legitimidad de sus peticiones, y luego, demostrar que
sus procedimientos y recursos de lucha están fuera de la ley son constitutivos
de delitos y agravian a la sociedad.
Yo opino que si así ocurriera en los hechos, que si
todos aquellos que tienen que ver con la calificación de una protesta y con la
atención que merecen sus reclamos (desde los medios de difusión, los
columnistas, los articulistas y formadores de opinión, hasta los funcionarios
de todo rango que tengan que ver directa o indirectamente con los problemas y
con su solución) calibraran con cuidado la índole de las quejas, la justicia y
viabilidad de las soluciones que se proponen y el comportamiento de los
manifestantes, antes de comenzar a satanizar y amenazar a los organizadores y a
sus seguidores, y obraran en consecuencia, mucho ganaríamos todos. Ganarían la
paz y la tranquilidad sociales, los funcionarios y su imagen pública, los
famosos “derechos de terceros” y, sobre todo, ganaríamos todos con la
disminución de las tenciones y de la crispación sociales, que se agravan
inevitablemente cuando a la pobreza, a la marginación y a la falta de
oportunidades para una vida mejor, se añade la sordera, la prepotencia y el
autoritarismo de los gobernantes, la conculcación de los derechos populares
elementales y el ataque, la calumnia y la amenaza contra quienes tienen el
valor de inconformarse, en lugar de otorgarles la comprensión y las soluciones
que buscan.
Los antorchistas hemos padecido, desde nuestro
nacimiento a la vida pública, ambos tipos de miopía política, de tratamiento
errado a nosotros como organización y a nuestras demandas sociales y
económicas. En efecto, a pesar de nuestros esfuerzos, absolutamente
intencionales y conscientes, por dejar constancia del carácter pacífico y
respetuoso de nuestras marchas, mítines y plantones; a pesar de que somos la
única organización que puede meter cien mil manifestantes a la capital del país
sin que haya un solo vidrio roto, una sola fachada pintarrajeada, un solo
comercio saqueado o un solo policía descalabrado; a pesar de que en nuestras
consignas y discursos evitamos substituir el razonamiento lógico y las pruebas
factuales del derecho que nos asiste por la estridencia verbal, el insulto, la
burla y el escarnio de funcionarios mayores y menores, no hay un solo medio, un
solo comentarista, un solo funcionario que nos haga justicia a este respecto,
que reconozca la diferencia de nuestro comportamiento respecto a otras marchas
y a otras organizaciones. Muy lejos de ello, venga a cuento o no, sea cierto o
una pura invención mediática, no hay nota, columna, editorial o artículo que
hable de las marchas y sus consecuencias en que no aparezca Antorcha, metida
allí con calzador por el autor y puesta a fortiori en el mismo plano, o en un
plano aún peor que los grupos más violentos que todos conocemos. Se nos
inventan invasiones de terrenos, despojos de viviendas, bloqueos de carreteras
y autopistas, vandalismo contra oficinas y comercios, etc., todo ello sin
prueba alguna y con el claro y único fin de manchar nuestra imagen y de sembrar
en nuestra contra el odio y el rechazo de la población.
Más elocuente es lo que ocurre con nuestras demandas.
Aquí también, jamás, nunca, nadie (medio informativo, periodista o funcionario)
se ha tomado la molestia de abordar la naturaleza de nuestras peticiones, la
legalidad, pertinencia y justicia subyacentes a tales reclamos. Y menos hay
quien reconozca nuestra paciencia, racionalidad y voluntad negociadora que, de
saberse por la opinión pública, pondría en claro de quién es la responsabilidad
de que la gente se desespere y tome la decisión de salir a la calle a protestar.
Los medios nacionales ya tienen hecho su caminito, el que les reditúa aplausos,
premios, dinero y prestigio: ignoran olímpicamente, sin pudor, sin ética y sin
la mínima honradez intelectual, el contenido económico y social de nuestras
movilizaciones y se vuelcan de lleno y al unísono a exagerar el “caos
vehicular”, las “molestias a ciudadanos ajenos al problema”, a disminuir
desvergonzadamente el número de los asistentes y a repetir las viejas, manidas
y desprestigiadas calumnias en contra nuestra. Curiosamente, todos ellos
muestran más respeto y objetividad al reseñar las hazañas de quienes
“vandalizan” la vida nacional (por miedo quizá), que por los pacíficos,
pacientes y racionales antorchistas.
Y sin embargo, no hay duda de que el país hace agua por
todas partes; de que la pobreza y la desigualdad crecen con cada hora que pasa
y que, con ello, se frena el crecimiento económico, se deteriora el tejido
social, se abren paso la violencia y la inestabilidad y aumenta el desencanto
de la gente hacia la democracia y hacia las instituciones. Y no hay duda
tampoco de que esto tiene una sola causa: el anacrónico fundamentalismo de
mercado, el modelo neoliberal que, lejos de acelerar el crecimiento del PIB y
de favorecer el reparto equitativo de la renta nacional, reduce dicho
crecimiento, favorece la desmedida concentración del ingreso e incrementa la
desigualdad y la pobreza, cerrando así el círculo diabólico que nos empuja
hacia el abismo. Y es en esta situación, en este contexto que nadie puede
negar, donde cobra sentido y racionalidad la lucha de los antorchistas, cuyas
demandas y protestas públicas no buscan otra cosa que paliar los brutales
contrastes de una economía librada a las ciegas leyes del mercado, que no
tienen, como es natural, ni ética ni sentido de la justicia social. 150 mil
antorchistas se darán cita este próximo 1 de julio en la capital del país, para
hacerse oír y para tratar de sensibilizar a las más altas autoridades de la
nación del peligro que corremos todos si no se hace algo rápido y eficaz para,
al menos, ralentizar el pernicioso proceso. Tres meses de plantón frente a
SEGOB y dos marchas multitudinarias anteriores, no han obtenido hasta hoy
ningún resultado tangible.
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