A 20 años de privación injusta de la libertad, la CMDPDH condena la impunidad e indolencia del Estado

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2022. Hace 20 años, Sergio Rodríguez, Jorge Hernández, Mario Almanza, Oswaldo Rodríguez, Hugo Rodríguez y José María Cirilo Ramos fueron detenidos arbitrariamente en distintos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET), quienes no les mostraron una orden de aprehensión. En su parte informativo, la PGJET alegó haberles encontrado en posesión de un polvo blanco, por lo que se alegó una detención en flagrancia.  Han sido 20 años de dolor, injusticia, impunidad e indolencia, pero también de una incansable lucha para recuperar lo que les han arrebatado.1 Como muchos otros casos similares en la época, Sergio, Jorge, Mario, Oswaldo, Hugo y “Don Pepe” fueron seleccionados al azar por el gobierno de Tlaxcala y por la PGJET para hacerlos pasar como integrantes de la banda de secuestradores “Los Kempes”; fueron acusados de dos secuestros que no cometieron y que habían ocurrido en Tlaxcala, en enero y agosto de 2001. Esto, en un contexto de violencia e inseguridad en el que la cúpula empresarial de Tlaxcala señala al gobierno su incapacidad para frenar la ola de secuestros. Todas las víctimas fueron brutalmente torturadas y sentenciadas por delitos que no cometieron. Dos de ellas lograron recuperar su libertad, mientras que una más “Don Pepe” fue víctima de ejecución extrajudicial al morir en reclusión, en custodia del Estado, por falta de atención médica a secuelas derivadas de la tortura sufrida. Sergio, Jorge y Mario continúan privados de su libertad por delitos que no cometieron, tras veinte años de sueños robados. En estas dos décadas, las familias han hecho esfuerzos extraordinarios por demostrar su inocencia; sin embargo, se han topado con un sistema judicial sumamente formalista que, a pesar de haber tenido por probadas graves violaciones en la detención, no ha aceptado estudiar las alegaciones de tortura como una violación a derechos humanos, sino sólo como una violación al debido proceso.  Al mismo tiempo, existe desde 2004 una denuncia en Tlaxcala por la tortura que las 6 personas sufrieron para inculparse; no obstante, en 18 años ninguna persona ha sido sancionada por estos hechos. Aunque actualmente las víctimas tienen aún el derecho de presentar un nuevo juicio de amparo en contra de una sentencia de apelación de 2019, después de años de lucha y de varias apelaciones y amparos promovidos, la esperanza de que el sistema judicial mexicano les haga justicia es casi nula. Por ello, y ante la demora injustificada del Estado en acercarlas a la justicia, han decidido acudir ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en búsqueda de que el sistema universal reconozca las violaciones a sus derechos humanos, especialmente su detención arbitraria y la tortura que sufrieron, así como las injustificadas dilaciones en sus procesos judiciales; motivos suficientes para ordenar su inmediata libertad. El caso Tlaxcala es representativo de la persistente política de fabricación de culpables por parte de autoridades mexicanas, mediante la cual el Estado reacciona ante la crisis de inseguridad y violencia, sumada a su incapacidad de hacerle frente, de la peor manera: construyendo una historia de culpabilidad en personas inocentes, la mayoría de las veces de bajos recursos económicos, que además niega su identidad propia. Para el Estado, en cambio, estas personas son solo piezas intercambiables en su plan de fabricación.  Desde la CMDPDH seguiremos levantando la voz, junto a las familias de las víctimas, para demostrar su inocencia, lograr su liberación y limpiar sus nombres.