Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómplice del proyecto militarista?

Ciudad de México, 29 de noviembre de 2022.- El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional interpuesta por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada para llevar a cabo tareas de seguridad pública, de mayo del 2020. Con 8 votos a favor y 3 en contra, el pleno de la Corte determinó que el acuerdo es válido debido a que fue elaborado en atención a lo dispuesto por el artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional con motivo de la creación de la Guardia Nacional, mismo que establece la facultad del Presidente de disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Cabe señalar que, desde la emisión de dicho decreto, la actuación de las Fuerzas Armadas no ha cumplido con estas condiciones esenciales. Además, el silencio de la Corte durante ese período le otorgó amplio espacio al Ejecutivo federal para continuar violando la Constitución, dictando decretos y acuerdos en favor de su proyecto militarista. Es el caso del decreto de septiembre pasado, mediante el que se adjudicó a la Secretaría de la Defensa Nacional el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional Civil; o bien, el decreto de noviembre pasado, que amplió la operación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028. La sesión de hoy subraya el predominio de una postura en la Suprema Corte que no busca defender la Constitución, sino allanar el camino a una militarización que otorga un papel desmedido a las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos de la vida institucional del país. Es un mal augurio para las cuatro acciones de inconstitucionalidad y tres controversias constitucionales sobre aspectos de la militarización aún pendientes de resolver. Si al resultado de la sesión de hoy se añade la inoperancia de la mayoría de las fiscalías del país, la preeminencia de la prisión preventiva automática y la subordinación al Ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se avizora un panorama cada vez más ominoso para los mexicanos en términos de libertades y derechos.