La Cámara de
Comercio se suma a las voces que proponen derogar el artículo 60 de
la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el
cual señala lo siguiente:
“Para evitar que
los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos,
el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en
casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán
desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se
estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o
minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida
indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas
inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales”.
Nathan Poplawsky,
presidente de la Canaco CDMX, argumentó que el texto aprobado por la
Primera Legislatura de la Ciudad de México (art. 60 de referencia)
se ha hecho con la intención de garantizar una vivienda digna para
todas las familias que residen en la ciudad, sin embargo, es el
Estado y sus autoridades quienes deben promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, pero no a costa de quienes son
propietarios de las viviendas.
Los desalojos son
producto del desarrollo normativo ante el incumplimiento de contratos
o resoluciones judiciales respecto de bienes muebles; son la
extensión de violaciones a la propiedad de particulares y, por
supuesto, algo indeseado por inquilinos y caseros.
No obstante, agregó
el líder empresarial, la norma, tal como se ha redactado, abre el
espacio jurídico para que invasores profesionales de predios y
viviendas cuenten con elementos jurídicos para despojar, por la vía
del chantaje u ocupaciones interminables, a legítimos propietarios
de sus bienes.
Nathan Poplawsky
agregó que el citado texto, además de crear espacio para la
anarquía y corrupción por parte de algunas autoridades, inhibe a
todas luces la inversión en vivienda de alquiler, pues lejos de
contar con incentivos que inviten a mejorar este sector de la
economía, representa un escenario de total incertidumbre e
inseguridad jurídica.
Finalmente, hizo un
llamado a los integrantes de la Legislatura de la Ciudad de México a
corregir esta imprevisión legislativa que coloca al sector
inmobiliario y a los particulares propietarios de un inmueble en una
condición de vulnerabilidad legal y que, de facto, bajo el manto
protector de los derechos humanos, justifica el pesado lastre
antijurídico de las invasiones a predios y viviendas con violencia
y/o mediante el engaño.
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