Gobierno Federal y empresas productoras y distribuidoras acuerdan diversas medidas contra la inflación

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El secretario Ramírez de la O señala que el esfuerzo conjunto busca
reducir en 8% el precio máximo promedio de la canasta básica.
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El Gobierno mantendrá su política de contención al precio de los
combustibles y la electricidad.
El Gobierno Federal y diversas empresas productoras y distribuidoras, suscribieron
hoy, con el propósito de combatir los aumentos de precios en productos e
insumos alimentarios, un acuerdo complementario al Paquete Contra la Inflación
y la Carestía (PACIC) anunciado el pasado mes de mayo.
Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el secretario de
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que un esfuerzo inicial consiste en que
la acción coordinada de Gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca
en 8% el precio máximo promedio de la canasta básica de 24 productos, de 1,129 a
1,039 pesos promedio.
Puntualizó que el Gobierno pondrá énfasis adicional en su programa de
fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que somos
deficitarios, y cancelará temporalmente la exportación de maíz blanco, frijol,
sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos.
Precisó que se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta
limitación a otros productos.
A fin de fortalecer la producción nacional, el Gobierno atenderá, de manera
especial, los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones
particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de
1consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de ser
superada por las propias empresas y que afecte la oferta de alimentos.
Tras analizar conjuntamente la situación del momento inflacionario, el Gobierno
Federal otorga a las empresas firmantes de este Acuerdo una Licencia Única
Universal que las exime de todo trámite o permiso para las actividades de
importación y distribución de alimentos e insumos para su envase, incluyendo los
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA) y de la Comisión
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como del
impuesto general de importación. Así, se les confía la responsabilidad de asegurar
que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias, de
inocuidad y calidad.
Asimismo, acotó, se suspenderá la revisión de toda regulación que se considere
impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad
dentro del país, lo cual incluye aranceles, barreras al comercio exterior no
arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.
Con esta Licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación
necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan
sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de
cualquier otra índole.
El titular de Hacienda indicó que el Acuerdo específica que las empresas
relevantes asumen el compromiso de no subir los precios de la harina de maíz
utilizada para la tortilla, en particular la harina básica extra premium sin
conservadores. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3%
menor al precio promedio máximo actual.
Resaltó que el Gobierno mantendrá su política de contención al precio de los
combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente,
congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de
2Infraestructura (FONADIN) y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) hasta el 28
de febrero de 2023.
Ramírez de la O subrayó que, a diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación
es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón, dijo, la mejor respuesta
consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por
parte del gobierno y los productores, para fortalecer esta oferta de alimentos.
Finalmente, apuntó que las empresas y el Gobierno aceptan la tarea de
verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y que dicha dependencia
tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos
donde se detecten abusos, en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de
intermediación y distribución de alimentos.
A la reunión asistieron Antonio Suárez Gutiérrez (Tuny); Leovi Carranza Beltrán
(Grupo Pinsa-Dolores); Juan Antonio González Moreno (Grupo Gruma-Maseca);
Altagracia Gómez Sierra (Grupo Minsa); Daniel Salazar Ferrer (Bachoco); Isidro
Ávila Lupercio (San Juan); Jesús Vizcarra Calderón (Sukarne); Arnulfo Ortiz (Grupo
Gusi); José Zaga Mizrahi (Opormex); Eugenio Caballero Sada (Sigma Alimentos);
Alfonso Celis (Socorro), y Alfonso Rosales Wybo (Verde Valle).
Por parte de distribuidores, se contó con la presencia de Guilherme Loureiro y
Javier Treviño de Walmart; Ricardo Martín Bringas de Soriana, y Antonio Chedraui
Obeso de la cadena Chedraui.