jueves, 30 de marzo de 2023

INTERCAM BANCO. OPINIÓN ANÁLISIS Minería Nota de Sector Reforma minera en México AMLO propone cambio a leyes mineras.


El gobierno liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha
presentado una iniciativa para reformar la regulación del sector minero en
México. Esta iniciativa ha sido motivada por el daño ambiental que ha resultado
de la explotación de suelos y agua, aunque el cambio en la legislación modifica
por completo la faz de la extracción minera en nuestro país, con propuestas que
desincentivan la inversión de privados. El proyecto implica la eliminación de
beneficios y el aumento de obligaciones para las empresas privadas. La
iniciativa impide el que se otorguen de manera fácil más concesiones a la industria
minera en México.
Entre los cambios más destacados se encuentra la modificación del esquema de
otorgamiento de concesiones. El proyecto plantea que únicamente mediante una
licitación pública se otorguen concesiones, bajo condiciones mínimas que
aseguren las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano y de
beneficio para la población; y garanticen la realización de acciones para preservar,
restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire,
agua, suelo y subsuelo. En ese sentido, la legislación vigente contempla que, los
privados pueden solicitar un terreno libre para la explotación del subsuelo, figura
que desaparece con las propuestas. Adicionalmente, se regula la transmisión de
los títulos por concesión.
Otro cambio propuesto es la reducción de la duración y prórroga de las
concesiones mineras, disminuyendo de 50 a 15 años el término de la concesión,
prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual, sujeto al cumplimiento
de obligaciones. Es decir, la duración de una concesión se reduce de 100 a 30
años. Además, se incorpora un capítulo de delitos con el objeto de sancionar
conductas delictivas en materia de minería. La eliminación del carácter
preferente de la actividad minera y la eliminación del derecho de las personas
titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para
explotación minera son otros de los cambios sugeridos. Esta modificación a la ley
obligará a las empresas mineras a pactar contraprestaciones monetarias con el
propietario. El cambio propuesto hace muy compleja la extracción del subsuelo,
ya que las inversiones son de muy largo plazo y generalmente son intensivas en
capital, por lo que la reducción en el tiempo de la concesión desincentiva nuevas
inversiones.
Además, la reforma condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica
y a la concesión de agua obtenida previamente. Por lo que se agregará la figura
de concesión de agua para uso específico de la minería a la Ley de Aguas
Nacionales. Adicionalmente, se incorporaron instrumentos de carácter
ambiental y social donde las empresas deberán realizar un estudio previo del
impacto en estos ámbitos, establecer consulta previa con comunidades indígenas
y crear una estrategia de compensación real. Ante el incumplimiento, se incorpora
el capítulo de delitos y se adicionan causales de cancelación de las concesiones
mineras. Finalmente, se limita las concesiones a únicamente minerales o
sustancias.
Aunque en teoría, la propuesta busca un mayor cuidado del medio ambiente, estos
cambios en la legislación minera han generado preocupaciones. Por un lado, las
empresas mineras están preocupadas por los posibles efectos negativos en su
rentabilidad y el impacto económico en el país, ya que la propuesta implica
mayores costos para las empresas mineras y un límite de tiempo más corto para
alcanzar los niveles de gasto. La Cámara Minera de México (CAMIMEX) ha
iniciado un análisis riguroso de la propuesta para una futura discusión. La iniciativa
no afectará a las actuales minas, pero el problema vendrá cuando terminen las
concesiones. En caso de aprobarse sería el segundo cambio a las leyes mineras.
Esta propuesta puede ser aprobada por mayoría simple, ya que modifica las leyes
secundarias de la ley minera, sin embargo su alcance es de grandes dimensiones
con efectos puntuales sobre la inversión en minería, pero adicionalmente levanta
cuestionamientos sobre el resto de las concesiones de otros sectores otorgadas
en México.

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