- La ONU-DH identificó “graves violaciones al debido proceso” contra los defensores del agua.
- “Es una gran oportunidad para rectificar la injusticia que ha costado, hasta la fecha, la libertad de estas personas por más de diez años”: Jan Jarab.
- AMLO debe pronunciarse por liberar a indígenas de Tlanixco: Lara Duque
En honor a la premisa de “primero los pobres”,
el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” exhortó a Andrés
Manuel López Obrador para que en su primer acto como presidente
Constitucional ordene la libertad de seis indigenas de San Pedro
Tlanixco que fueron encarcelados y sentenciados a más de 50 años de
prisión por defender el agua.
La oficina del representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, identificó en el proceso judicial “graves violaciones al debido proceso” contra el grupo de indigenas, que incluye a una mujer en calidad de adulto mayor.
“Es una gran oportunidad para rectificar la injusticia que ha costado, hasta la fecha, la libertad de estas personas por más de diez años”, mencionó Jan Jarab en un mensaje a través de las redes sociales de la oficina del representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México.
En este sentido, el presidente del “Zeferino Ladrillero”, José Antonio Lara Duque, expresó su reconocimiento a los habitantes de esta pueblo nahua que han sufrido la represión de las autoridades del gobierno mexiquense y que, desde hace 15 años, mantiene en prisión a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, por el delito de defender su derecho a la justicia y el derecho humano al agua.
El abogado recordó que el vital líquido ha sido utilizado para favorecer a la industria que se encuentra en la región, situación por lo que los habitantes de esa comunidad se organizaron para asignar agua como derecho de utilizarla para fines personales y domésticos y que el agua debe tratarse como un bien social, cultural, y no fundamentalmente como un bien económico.
Con este razonamiento, detalló, la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido una lucha desde los años ochenta, cuando grandes empresas floricultoras llegan al municipio de Villa Guerrero. En 2002 se agudizó la disputa entre ambas comunidades por el uso y disfrute del río Texcaltenco, el cual nace en San Pedro Tlanixco.
Cabe destacar que el afluente fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a empresarios del municipio floricultor más importante del país, desde entonces, los nahuas no tienen acceso a su propia agua, aunque cuentan con documentos válidos que los acreditan para poder explotar sus aguas.
Mencionó que 1 de abril 2003 los pobladores de San Pedro Tlanixco fueron agredidos por grupos paramilitares, financiados por el presidente de los floricultores –de origen español– que argumentaban que el agua del rio llegaba sucia, provocando daños a sus productos. Al repeler la agresión resultaron lesionados varias personas y el empresario resultó muerto.
Después de estos hechos, policías mexiquenses, en apoyo a los grupos paramilitares, iniciaron una fuerte represión contra los habitantes de la comunidad, los cuales fueron sacados de sus domicilios –sin orden judicial–, amenazados de ser asesinados y violadas sus mujeres, para finalmente llevarse presos a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, quienes no participaron en el enfrentamiento.
“La única razón de dirigir la acción penal contra estas personas es que los ahora detenidos fungían como representantes del pueblo indígena y es la única razón por la Estado se dirigió en su contra, además de que con esta acción, los autoridades y los empresarios floricultores dejaron acéfala la resistencia indígena de Tlanixco y por otro dejaron un mensaje de terror para desmovilizar a la comunidad”, aseguró.
Desde 2003, los indígenas presos se mantiene resistiendo legalmente ante la falsas acusaciones en su contra, pese a que durante el juicio ha quedado demostrado que los testigos presentados por los empresarios fueron aleccionados al presentar declaraciones idénticas.
El único delito de los procesados es la defensa representar los intereses de los indígenas de esta región del país y la defensa de los derechos humanos. Ahora enfrontan la posibilidad de morir en prisión pero la defensa jurídica y la solidaridad de los pueblos les darán la libertad, concluyó.
La oficina del representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, identificó en el proceso judicial “graves violaciones al debido proceso” contra el grupo de indigenas, que incluye a una mujer en calidad de adulto mayor.
“Es una gran oportunidad para rectificar la injusticia que ha costado, hasta la fecha, la libertad de estas personas por más de diez años”, mencionó Jan Jarab en un mensaje a través de las redes sociales de la oficina del representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México.
En este sentido, el presidente del “Zeferino Ladrillero”, José Antonio Lara Duque, expresó su reconocimiento a los habitantes de esta pueblo nahua que han sufrido la represión de las autoridades del gobierno mexiquense y que, desde hace 15 años, mantiene en prisión a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, por el delito de defender su derecho a la justicia y el derecho humano al agua.
El abogado recordó que el vital líquido ha sido utilizado para favorecer a la industria que se encuentra en la región, situación por lo que los habitantes de esa comunidad se organizaron para asignar agua como derecho de utilizarla para fines personales y domésticos y que el agua debe tratarse como un bien social, cultural, y no fundamentalmente como un bien económico.
Con este razonamiento, detalló, la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido una lucha desde los años ochenta, cuando grandes empresas floricultoras llegan al municipio de Villa Guerrero. En 2002 se agudizó la disputa entre ambas comunidades por el uso y disfrute del río Texcaltenco, el cual nace en San Pedro Tlanixco.
Cabe destacar que el afluente fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a empresarios del municipio floricultor más importante del país, desde entonces, los nahuas no tienen acceso a su propia agua, aunque cuentan con documentos válidos que los acreditan para poder explotar sus aguas.
Mencionó que 1 de abril 2003 los pobladores de San Pedro Tlanixco fueron agredidos por grupos paramilitares, financiados por el presidente de los floricultores –de origen español– que argumentaban que el agua del rio llegaba sucia, provocando daños a sus productos. Al repeler la agresión resultaron lesionados varias personas y el empresario resultó muerto.
Después de estos hechos, policías mexiquenses, en apoyo a los grupos paramilitares, iniciaron una fuerte represión contra los habitantes de la comunidad, los cuales fueron sacados de sus domicilios –sin orden judicial–, amenazados de ser asesinados y violadas sus mujeres, para finalmente llevarse presos a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, quienes no participaron en el enfrentamiento.
“La única razón de dirigir la acción penal contra estas personas es que los ahora detenidos fungían como representantes del pueblo indígena y es la única razón por la Estado se dirigió en su contra, además de que con esta acción, los autoridades y los empresarios floricultores dejaron acéfala la resistencia indígena de Tlanixco y por otro dejaron un mensaje de terror para desmovilizar a la comunidad”, aseguró.
Desde 2003, los indígenas presos se mantiene resistiendo legalmente ante la falsas acusaciones en su contra, pese a que durante el juicio ha quedado demostrado que los testigos presentados por los empresarios fueron aleccionados al presentar declaraciones idénticas.
El único delito de los procesados es la defensa representar los intereses de los indígenas de esta región del país y la defensa de los derechos humanos. Ahora enfrontan la posibilidad de morir en prisión pero la defensa jurídica y la solidaridad de los pueblos les darán la libertad, concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario