Huehuetoca, Edomex, ocho
de marzo de 2026.- Más
de mil ejidatarios propietarios de terrenos que forman parte del Ejido
Huehuetoca, denunciaron que peritos de la Procuraduría Agraria realizan
increíblemente su trabajo “sobre el escritorio” y no con el procedimiento
técnico debido, que es hacer un profundo estudio de campo, con base en
documentos reales y no apócrifos, en el marco del litigio que tienen con la
familia Pérez Lizaur, la cual pretende despojarlos de 65.7 hectáreas que
legalmente les corresponden.
Al término de una reunión en dichos terrenos, después de una
supuesta ejecución en la que elementos de seguridad del Municipio de Huehuetoca
ocuparían las tierras como resultado de la denuncia hecha por la familia Pérez Lizaur,
misma que no se llevó a cabo, afirmaron que ellos tienen toda la documentación
necesaria que comprueba que son los legítimos propietarios de esas tierras,
como lo fueron sus padres, sus abuelos y bisabuelos desde hace más de cien
años.
Esta segunda orden de Ejecución, determinada por la magistrada
Ana Lili Olvera, del Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 de Tlalnepantla, no
se realizó el 26 de febrero porque el actuario de los demandantes no se
presentó al acto, por lo que es probable que la misma sea únicamente pospuesta
para las próximas semanas.
En lugar estuvieron presentes los integrantes de la Comisión Ejidal
que son: Juan Garfias, Andrés Colín, José Luis Orozco, Benjamín Feregrino, Juan
Hernández y Juan Velázquez, así como decenas de ejidatarios de Huehuetoca.
Explicaron que como resultado de la audiencia efectuada el
tres de julio del 2025 en el Tribunal Agrario de Tlalnepantla, la magistrada
Olvera decidió suspender la ejecución de una orden para intervenir programada
para los días subsecuentes, después de la explicación de hechos realizada en dicha
audiencia por parte del abogado Felipe Cruz y de los miembros de la Comisión de
Ejidatarios encargada del llamado caso Grupo Productivo Santander.
En dicha audiencia la magistrada manifestó: “Esos mapas no
podrán cambiar la decisión del Tribunal en contra de los ejidatarios, sin
embargo, sí pueden detener en este momento la Ejecución de la acción para
intervenir los terrenos, y permitirán analizar detalladamente las colindancias
de forma adecuada”.
En los meses siguientes los ejidatarios entregaron al Archivo
Nacional Agrario información que solicitó como: la carpeta básica, plano
definitivo, carteras de campo, diario oficial y
actas de deslindes y firmas de
colindantes, así como información diversa que comprueba la dotación y
ampliaciones de su ejido.
Asimismo, la magistrada solicitó un perito externo y neutral
a la UNAM y al Instituto Politécnico Nacional para que realizan la ejecución de
deslinde, mismos que no pudieron proporcionarse por la carga de trabajo de los
peritos de una y otra institución académica, por lo que solicitó uno a la Procuraduría
Agraria, el cual fue designado y mismo que “hasta el día de hoy” no ha asistido
ningún día a hacer trabajo de campo en los terrenos disputados.
Esta segunda Orden de Ejecución “en nuestras tierras” es por
lo tanto el resultado evidente de “un trabajo de escritorio basado en el
peritaje entregado por la familia Pérez Lizaur”, externaron.
Cabe recordar que en su momento, los ejidatarios constantemente
han denunciado que la familia Pérez Lizaur ha entregado a las autoridades
documentación “en muchas ocasiones apócrifa, poco legible e incluso cuyas
coordenadas no corresponden al perímetro del Ejido Huehuetoca”, a pesar de lo
cual este Tribunal de Tlalnepantla la ha aceptado.
“Las autoridades nos comentaron que harían el peritaje con
base en carpetas, actas de deslinde, lo que no se ha hecho así, ya que lo hacen
con tecnología y sobre el escritorio sin haber trabajos previos de campo, eso
nos da mucho que desear ya que lo que está en juego es el patrimonio de muchas
familias y nos sentimos muy dolidos que se actúe de esta manera cuando nuestra Comisión
lo hace de manera muy correcta”.
Los ejidatarios de Huehuetoca aseguraron que toda la información
la tienen en libros “hasta cosidos” para que en su momento “nos manifestemos
para que ellos se conduzcan conforme a la vía legal, con transparencia y en
beneficio de la justicia”.
Adicionalmente, los ejidatarios explicaron que recientemente
se ha presentado una situación especial con el presidente, secretario y
tesorero del comisariado ejidal de Huehuetoca, Jesús López, Alejandro Márquez y
Armando Soto respectivamente, quienes en dos ocasiones previas, los días 13 y
27 de febrero, no se presentaron a la cita para tramitar sus firmas
electrónicas del Poder Judicial del Estado de México, mismas que han sido
convocadas por el abogado Felipe Rodríguez.
Ante una tercera cita para llevar a cabo dicho trámite el
próximo 11 de marzo, los ejidatarios consideran que los representantes del
comisariado ejidal podrían deliberadamente hacer este tipo de omisiones, con el
fin de beneficiar la causa de la familia Pérez Lizaur, a pesar de tener un
compromiso con los ejidatarios en su proceso legal por defender sus tierras del
despojo que se les pretende hacer.
Incluso el presidente del Comisariado, Jesús López Hernández,
comentó de viva voz a los miembros de la Comisión cuando le llevaron el acuse para
dicha cita, que él no va a firmar la firma electrónica que le solicitaron como
requisito para la defensa del ejido, ya que él ya se había asesorado
externamente.
Dijeron finalmente que analizan ya una estrategia legal en
caso de que a toda costa la Magistrada Ana Lili Olvera y el Tribunal Agrario
tengan la intención a toda costa de llevar a cabo una Ejecución y despojarles
de sus hectáreas.
