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viernes, 9 de noviembre de 2018

La PFPNNA no garantiza los derechos de los niños en México


** 2,300 niños y 100 mujeres embarazadas en Caravana Centroamericana
Por L. Sierra
La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no garantiza los derechos de los infantes y adolescentes en el país, porque deja fuera de su ámbito jurídico investigaciones que se deberían seguir de oficio por ser graves, como son los derechos de vulnerados de los menores migrantes, destacó la Fracción Parlamentaria de Morena, al proponer reformas al artículo 121 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para independizar a la institución del DIF.
En la Caravana de Centroamericanos que atraviesa el territorio mexicano, se tienen registrados a 2,300 niños y a 100 mujeres embarazadas, que fueron utilizados como “escudos humanos” para ingresar al territorio mexicano por la frontera sur. “Si México, respetó sus derechos por qué quienes los dirigen utilizaron a los niños”, recriminó la diputada Rosalba Valencias Cruz, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Son varias vertientes en las que trabajará en la protección de los niños y adolescentes en México, ya que no se están aplicando las leyes en contra de quienes vulneran sus derechos. De entrada, no se hacen investigaciones de oficio en caso de los abusos, en tanto que es insuficiente el presupuesto para las actividades de personal especializado como psicólogos, destacó
Por ello, se crearon seis subcomisiones para la ejecución de la agenda legislativa anual de la comisión. Entre ellas se cuentan el derecho a la intimidad, derechos sexuales, seguridad jurídica y al debido proceso, prevención del delito, niñez migrante, y acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación; así como la revisión y seguimiento a la aplicación del presupuesto asignado en el Ramo 10, destinado a atender las necesidades de este sector de la población.
En la iniciativa de reforma al Artículo 121 de la ley referida, presentada por el diputado, Marco Antonio González Reyes, se fundamenta que la dependencia de la procuraduría al DIF, las ejecuciones de la primera podrían ser limitadas por las autoridades superiores de la segunda, “dejando a los infantes y adolescentes en estado de indefensión jurídica”.
“Ese fundamento toma mayor relevancia cuando las mismas autoridades vulneran la esfera jurídica de los menores, limitando en su actuar a la Procuraduría como órgano restitutorio de derechos”, puntualizó.


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