En las últimas décadas, la
democracia mexicana ha avanzado con paso firme, lo que ha permitido a
México transitar de un sistema hegemónico de partido político
único hacia un sistema electoral con reglas claras y cada vez más
competido.
Las reformas electorales que
se impulsaron a mediados de los años noventa –y que a la postre
derivaron en la primera transición democrática en el año 2000–,
vinieron a fortalecer a la democracia mexicana así como la
instauración de un modelo de financiamiento predominantemente
público de los partidos políticos que buscó principalmente tres
propósitos:
• Uno, equilibrar las
contiendas electorales, emparejando el terreno de acción para los
partidos;
• Dos, dar certeza y
transparencia a los recursos invertidos en las elecciones; y
• Tres, evitar que los
intereses particulares –de quienes participen financiando las
campañas– pudieran orientar indebidamente el desarrollo de las
contiendas.
En suma, el financiamiento
mayoritariamente público, aprobado en 1996, fue un cambio
impostergable que redefinió las reglas electorales en México. Mayor
transparencia y equidad, brindaron a los partidos la oportunidad de
competir con una base mínima de igualdad.
En gran medida, ese ajuste
facilitó la alternancia en el poder en los distintos niveles de
gobierno. Tan sólo en el caso del Ejecutivo Federal, ya son tres
veces desde entonces, que el partido al frente del Gobierno, es
cambiado por el voto ciudadano. Así de relevante ha sido la
incorporación de este modelo de financiamiento equitativo.
Los mecanismos de control y
fiscalización que ha ido adquiriendo el INE, nos han permitido
proteger las contiendas, con topes de gastos para las campañas, la
especificación de fuentes legítimas de financiamiento privado y los
límites de esas donaciones, así como la exclusión de recursos de
determinados orígenes, como gobiernos, empresas y organismos
extranjeros.
Gracias a este esquema, la
democracia de hoy es más fuerte que hace 25 años. Y por esta razón,
cobra relevancia la iniciativa aprobada en la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados, para reducir a la mitad
el financiamiento público que se destina a los partidos políticos.
Esta discusión que tendrá
lugar ahora en el Senado, requiere de un análisis profundo, donde se
escuchen las voces de las autoridades y los especialistas en materia
electoral, así como de la sociedad civil, para continuar
fortaleciendo al modelo democrático de nuestro País.
En Coparmex estamos a favor de
revisar y mejorar los mecanismos de financiamiento de los recursos
públicos que se les asignan a los partidos políticos, pero siempre
para garantizar la fortaleza y desarrollo de nuestra democracia.
Es cierto, el sistema
electoral en nuestro país se ha encarecido en los últimos años, al
haber fomentado la creación de estructuras burocráticas al interior
de los partidos y cuyos gastos ordinarios crecen cada año para
mantener la operatividad de dichos institutos. Tan solo para 2020, el
presupuesto con el que contarán los partidos superará los 5 mil
millones de pesos de recursos públicos; el más elevado en un año
no-electoral y el segundo mayor en la historia, sólo detrás de la
asignación de 2018.
Aunque esta revisión
presupuestal es necesaria, en Coparmex señalamos tres puntos
específicos que nos generan preocupación, sobre la iniciativa de
disminuir el financiamiento público a los Partidos:
1. Mayor inequidad en la
democracia: Con menos recursos, los partidos de oposición verían
afectada su capacidad de operación y promoción en los procesos
electorales, favoreciendo principalmente al Partido que se encuentre
en el gobierno, que continuaría con una asignación presupuestal
mayor.
2. Se abre la puerta al dinero
ilegal: Los partidos más afectados por la reducción, y que quedasen
con muy poco margen de maniobra operativa, se verían orillados a
buscar suplir la baja en el presupuesto con nuevas fuentes de
financiamiento, incrementando la tendencia a obtener recursos con
algún origen ilícito.
3. Incentivos a la corrupción
y opacidad: La restricción desmedida al financiamiento público,
induce la intromisión económica de terceros que apuesten por una o
varias alternativas políticas, para posteriormente obtener favores
como grandes contratos de obras públicas o asignaciones directas
para la prestación de servicios.
Por ello, estamos a favor de
mantener el modelo de financiamiento mixto, predominantemente
público, porque es el idóneo para continuar fortaleciendo a la
democracia mexicana; pero reconociendo la necesidad de ahorrar costos
innecesarios.
Al respecto existen propuestas
muy serias y detalladas –que ya se discuten entre los
especialistas– que deben ser consideradas para enriquecer el
debate.
Ahora es un buen momento para
contemplar medidas adicionales que impactan los gastos de operación
de los partidos políticos, como lo son:
• Eliminar las precampañas
que implican grandes derroches económicos para los partidos y que no
necesariamente contribuyen a informar de mejor forma a los electores.
• Aprovechar el uso de las
tecnologías y explorar nuevos mecanismos para la emisión del voto,
como las urnas electrónicas que podrían sustituir miles de
toneladas de papelería electoral.
• Evaluar la pertinencia del
financiamiento local a los partidos y revisar la fórmula que
determina cómo se reparten los recursos.
• Analizar a profundidad los
gastos que realizan los partidos, sobre todo en un contexto de
austeridad, para identificar nuevas formas de reducir sus costos.
• Explorar mecanismos de
sanción que vayan más allá del ámbito administrativo que al día
de hoy únicamente transfieren los costos a los partidos y no a
quienes son responsables del manejo de los recursos.
• Continuar e incrementar la
participación de los particulares en el financiamiento partidario,
pero bajo el escrutinio y fiscalización de las autoridades
electorales.
• Reivindicar el derecho de
los particulares para contratar publicidad en medios electrónicos
para fines electorales, lo cual se prohibió en pasado reciente.
En Coparmex, hacemos un
llamado firme a los Senadores a que analicen la propuesta de reducir
el presupuesto a los partidos políticos, a profundizar el análisis,
considerando éstos y otros mecanismos alternativos, con los que se
pueden recortar gastos innecesarios en materia electoral, sin afectar
el equilibrio de la democracia y la transparencia de los recursos.
El marco de estas discusiones
puede servir además para ampliar el debate y contemplar elementos
que le den cauce a una reforma integral. No sólo se trata de ahorrar
recursos en el financiamiento para fines electorales, lo importante
es seguir consolidando un modelo democrático más moderno, eficiente
e inclusivo.
Para dar pasos hacia una
democracia madura debemos impulsar medidas más profundas como la
segunda vuelta en elección presidencial, las candidaturas comunes y
los gobiernos de coalición.
Entre todos los mexicanos
debemos seguir construyendo una democracia sólida, que le abra
espacios a todas las voces. Porque sólo en democracia, México
seguirá caminando por la ruta de la transformación.
Muchas gracias.
+++
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