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Esta propuesta de Ley General de Seguridad Vial es un esfuerzo ciudadano por reducir el promedio de 16 mil personas fallecidas en hechos de tránsito al año.
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Diputados y Senadores de diversos grupos parlamentarios apoyan esta iniciativa.
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La propuesta es un trabajo multidisciplinario de más de cuatro años.
Ciudad
de México 11 de febrero, 2019.-
Organizaciones de la sociedad civil entregaron este lunes 11 de
febrero su propuesta de Ley General de Seguridad Vial a legisladores
para su presentación, discusión y en su caso, aprobación con el
fin de avanzar en una estrategia nacional para reducir las muertes y
lesiones graves por accidentes viales en las calles y carreteras del
país.
La
iniciativa fue construida por diversas organizaciones de la sociedad
civil, activistas, familiares de víctimas y especialistas en
movilidad, transporte y seguridad vial y sector privado
en
un esfuerzo de más de cuatro años para construir una legislación
que permita la coordinación entre diferentes ámbitos de gobierno
para garantizar el derecho de los mexicanos a la vida y a la salud
durante su tránsito por calles y carreteras del país.
La
propuesta de Ley General de Seguridad Vial fue entregada a Senadores
y Diputados en el evento presidido por Martí Batres Guadarrama,
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Patricia
Mercado Castro, Presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y
Movilidad del Senado, Diputada Pilar Lozano Mac Donald, Presidenta de
la Comisión
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de la
Cámara de Diputados y Víctor Fuentes Solís, Presidente de la
Comisión de
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del
Senado.
La Ley tiene
como objetivo la protección de la vida y la integridad física de
las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país,
mediante un enfoque de prevención que disminuya los factores de
riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros y que
abone al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos
por México como el Decenio de Acción por la Seguridad Vial
2011-2020 impulsado por la Organización Mundial de la Salud y la
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsada por
las Naciones Unidas.
Las
organizaciones involucradas consideran que esta Ley es un primer paso
para reducir la tasa de mortalidad vial que asciende a 16 mil
personas fallecidas al año, en promedio, convirtiéndose en una de
las primeras causas de muerte en el país y en un grave problema de
seguridad y salud pública. Cabe destacar que los accidentes de
tránsito son la primera causa de muerte de niños y niñas mexicanas
entre los 5 y 9 años y las lesiones por accidentes de tránsito son
la segunda causa de muerte entre jóvenes mexicanos entre los 20 y 29
años, además de representar pérdidas de hasta el 1.7% del Producto
Interno Bruto (PIB) nacional.
Durante
la entrega de esta propuesta a las legisladoras y legisladores de
diversos grupos parlamentarios, las organizaciones civiles hicieron
un llamado para que la sociedad se involucre en el tema y apoye su
aprobación e implementación ya que, mencionaron,
“desafortunadamente, hoy nadie está exento de sufrir un percance
vial en el que pueda morir o resultar gravemente lesionado. Sólo con
medidas muy claras de prevención contenidas en esta Ley y políticas
públicas, lograremos salvar miles de vidas.”
Las
organizaciones civiles participantes son Bicitekas A.C., Céntrico,
El poder del Consumidor, ITDP México, Reacciona por la Vida, WRI
México, AMTM, Automex, Biciverde, CADENA Puebla, Camina A.C.,
Chemalink, CESVI México, CityEs!, Click, Cruz Roja, Ensenada Se
Mueve, Entorno Industrial, Fundación Tláloc, Fundación Xihmai,
Libre Acceso A.C, Manu Vive, México Previene A.C., MOVAC, Movilidad
y Desarrollo México, Movilidad Lab, Movilidad para todos, Mujeres en
movimiento, Red Urbana Capítulo Puebla, Refleacciona, Ruedas del
Desierto, Salud crítica, Víctimas de violencia Vial A.C.; con el
apoyo de las organizaciones internacionales Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), así
como decenas de organizaciones civiles en los Estados de la
República.
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