El pasado 8 de septiembre, de conformidad con lo estipulado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo
Federal entregó a la Cámara de Diputados, el Paquete Económico
para el ejercicio fiscal de 2020. Entre otros aspectos se encuentran
regulaciones en materia de Impuesto al Valor Agregado, con relación
a servicios digitales ofrecidos a través de plataformas de no
residentes en México (digitalización de la economía, o economía
digital), y se propone –entre otras obligaciones–, lo siguiente:
· Registro en padrón simplificado ante el SAT.
· Ofertar y cobrar el IVA en el precio de los servicios.
· Proveer información al SAT sobre el número de
operaciones realizadas y el registro actualizado de clientes en
México.
· Calcular, retener y enterar mensualmente el IVA
correspondiente a las importaciones de contenido digital que se
realicen en el mes de que se trate.
· Proporcionar vía electrónica un comprobante de pago
cuando lo solicite el cliente.
· Designar ante el SAT un representante legal y un
domicilio para efectos de notificación y vigilancia de cumplimiento
de obligaciones.
· Imposibilitando al prestatario del servicio digital a
acreditar el IVA que les sea trasladado.
En Coparmex, respaldamos todas las acciones en favor de formalizar la
economía del país, incluyendo las actividades desarrolladas en la
economía digital. Sin embargo, consideramos que estas medidas
propuestas son un desatino, debido a que estamos a tan sólo un año
de tener que atender las recomendaciones emanadas del acuerdo global
que actualmente están trabajando la OCDE y el G20 con los países
miembros, sobre cómo deber ser el cobro de impuestos para las
empresas con plataformas digitales.
Cabe señalar que este proceso concluirá a finales del año 2020 y
que las naciones que lo suscriben tendrán que emitir sus propias
legislaciones fiscales en armonía con estos acuerdos, para el
ejercicio fiscal 2021. México, al formar parte de la OCDE, se vería
obligado a realizar estos ajustes.
En Coparmex, hacemos un respetuoso llamado a los legisladores para
que revisen y consideren esta coyuntura, a fin de encontrar la
solución óptima en la materia y –al mismo tiempo– poder atender
nuestros compromisos en los foros internacionales.
Asimismo, señalamos nuestra preocupación ante una nueva muestra de
diseño de políticas públicas, desde una perspectiva unilateral. El
quehacer gubernamental que requiere el México del siglo XXI necesita
atender principios fundamentales como la eficacia, la transparencia y
la inclusión de todos los sectores de la sociedad.
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