El pasado martes 24 de septiembre,
el pleno del Senado de la República turnó a la Comisión de Gobernación las peticiones de Morena y del Partido Acción Nacional para disolver los poderes en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz. Una situación que ya ha ocurrido antes en nuestro país
–en varias ocasiones–, pero que la última vez que sucedió fue en 1975, durante la Presidencia de Luis Echeverría, en tiempos donde aún prevalecía un ambiente de incertidumbre y absoluto control político.
Aunque son facultades de la Cámara de Senadores, con fundamento
en la fracción V del Artículo 76 de la Constitución, se trata de un hecho preocupante que en la Confederación Patronal de la República Mexicana no podemos dejar de señalar y de calificar como absolutamente inaceptable, porque pone en riesgo la estabilidad
política que goza nuestro país desde hace décadas, así como el Pacto Federal que delimita las atribuciones entre los tres niveles de gobierno y que da vida a un esquema armónico de convivencia en el poder público.
El Federalismo es uno de los principios rectores que se establece
en la Carta Magna para la definición de nuestro país. Cualquier atentado a este principio, deriva en la inmediata y enérgica condena de
nuestro organismo; ya que, desde los Centros Empresariales,
todos los días abogamos por la irrestricta defensa de un Pacto Federal pleno, que une y que armoniza a los Estados libres y soberanos con el Gobierno Federal.
Además, en los casos de Guanajuato y Tamaulipas, estas peticiones
se realizan bajo el argumento de la inseguridad creciente en ambos estados. Se trata de un argumento insuficiente y que seguramente será calificado como improcedente, al no ser contemplado siquiera en la respectiva Ley Reglamentaria. En Coparmex, tenemos claro
que este artilugio jurídico es completamente reprochable, sobre todo cuando se quiere tratar y corregir el rumbo en seguridad. Para recuperar la paz en el país, más que peticiones en el orden legislativo, hace falta mayor coordinación entre el Gobierno Federal,
los Estados y los Municipios, así como el fortalecimiento de nuestras instituciones a cargo de la materia.
En cuanto a Veracruz, la petición se sustenta a partir de la problemática
suscitada con el exfiscal de la entidad, Jorge Winckler. Una decisión ilegal y violatoria de la Constitución Política del Estado y de la Ley Orgánica de la Fiscalía, ya que quebranta una suspensión definitiva vigente, que prohíbe destituir al Fiscal General
a través de mecanismos no contemplados en la Ley, al momento de su designación. En Coparmex exigimos que se respete el Estado de Derecho, así como la defensa de la autonomía e independencia de la Fiscalía. Dichos actos no sólo atentan contra Jorge Winckler,
sino que transgreden la División de Poderes.
Por todo ello, rechazamos categóricamente estas peticiones que
responden más a las diferencias que existen entre Morena y Acción Nacional, que a razones de justicia. Como organismo que forma parte de la sociedad mexicana, exigimos que la tribuna legislativa no sea utilizada para desahogar disputas personales, ni amenazas
entre partidos, invitándolos a resolver sus discrepancias por los canales adecuados, siempre pensando en el bien común de los ciudadanos.
Ante el ambiente de confrontación y rispidez política que hoy
impera en el país, debemos hacer valer –en todo momento– el Estado de Derecho y el respeto a nuestras leyes. México tiene en la Coparmex y en el trabajo al interior de sus Centros Empresariales, un compromiso inquebrantable con la defensa de nuestro Federalismo.
Con esa bandera, continuaremos desempeñándonos todos los días.
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