Por décadas, México ha buscado avanzar posiciones en la
construcción de un Federalismo articulado y moderno, que brinde
equilibrios institucionales entre el Gobierno Federal y las entidades
federativas, así como la eficiencia en el uso de los recursos
públicos.
La importancia del Pacto Federal es indiscutible, porque impulsa
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, promoviendo la
estabilidad de las finanzas públicas.
En el ámbito hacendario, gran parte del incipiente federalismo que
hoy tenemos como País, se sustenta en los Convenios de Coordinación
Fiscal, que fueron diseñados bajo la lógica de aumentar la
eficiencia tributaria, limitando las potestades recaudatorias de los
Estados a favor de la Federación, a cambio de obtener una mayor
participación en los ingresos fiscales.
La coordinación fiscal no significa que las entidades deban tener
una disminución de sus ingresos fiscales potenciales. Por el
contrario, con los Convenios de Coordinación se busca que los
estados obtengan una cantidad mayor –por eficiencias a escala–
que la que obtendrían si ellos establecieran sus propios esquemas
tributarios, al tiempo que se beneficia el desarrollo armónico en el
País.
En Coparmex siempre hemos pugnado por un Federalismo pleno y por la
organización y colaboración armoniosa entre los tres niveles de
gobierno.
Por ello, hoy externamos nuestra preocupación, ante lo que parece
ser la llegada de un Modelo Neo Centralista, que pone en riesgo los
avances en materia de federalismo de las últimas décadas, limitando
la soberanía, la libertad y el pleno desarrollo de las entidades
federativas.
Resulta paradójico que el actual Gobierno de México destaque la
evolución democrática y que, en los hechos, se muestren acciones
propias de un centralismo involutivo.
Más allá del fortalecimiento de nuestra democracia electoral, la
verdadera evolución democrática de México necesariamente pasa por
el cumplimiento de lo que establece nuestra Constitución en su
artículo 40.
Es primordial que México se mantenga como una república
representativa, democrática y federal, compuesta por Estados libres
y soberanos, unidos en una Federación conforme a los principios de
nuestra Ley Fundamental.
Estos principios claramente reprueban cualquier forma de involución
hacia un centralismo dañino, como el que se pretende imponer en
pleno siglo XXI.
Hace unos días, el Gobierno Federal –a través del Secretario de
Hacienda y Crédito Público– hizo entrega ante la Cámara de
Diputados del Paquete Económico 2020; que incluye los Criterios
Generales de Política Económica, el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación y la Iniciativa de Ley de Ingresos para el
ejercicio 2020.
En términos generales, el Paquete Económico emite una señal
positiva, pero presenta algunos focos de atención en lo particular,
sobre todo en materia de egresos, ante la clara apuesta del Gobierno
Federal por el gasto corriente en detrimento de la inversión física,
así como la recomposición presupuestaria de los recursos para los
estados.
Resulta preocupante la caída en términos reales del 0.5% en el
Gasto Federalizado, respecto al Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019; misma que se explica por dos razones:
La primera razón, es una reducción del 0.9% en el Ramo 28, que
corresponde a las Participaciones Federales; cuyo objetivo es el de
distribuir recursos entre los gobiernos estatales sin
condicionamiento y a partir de su actividad económica. Cabe señalar
que en este ramo se incluye al Fondo de Fomento Municipal y que para
el siguiente ejercicio se propone una reducción del 0.53%, respecto
de lo aprobado en 2019.
Esto básicamente quiere decir que se le está dando la espalda a los
municipios, comprometiendo el presupuesto designado a llevar a cabo
las distintas agendas de desarrollo local, centralizando la
asignación de los recursos.
La segunda razón, es una reducción del .3% del Ramo 33, que integra
las Aportaciones Federales orientadas a actividades estratégicas de
desarrollo nacional desde los estados. Entre otros aspectos, el Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el
Distrito Federal se disminuye en la misma proporción del .3%.
Esta reducción hace patente la centralización del presupuesto en
una de las dimensiones más sensibles a las aportaciones
estratégicas: destinar recursos en favor de la seguridad de las
familias mexicanas.
Con la reducción del Gasto Federalizado se está afectando a 25 de
las 32 entidades federativas, quienes observan una reducción real de
su presupuesto entre lo aprobado en 2019 y lo propuesto en 2020. Cabe
señalar que las disminuciones más significativas fueron en la
Ciudad de México, Tamaulipas y el Estado de México.
En este punto, vale la pena destacar que el hecho de que nuestro país
haya sufrido administraciones estatales con altos índices de
corrupción, no justifica la premisa de tener que despojar a las
entidades federativas de un presupuesto adecuado que les permita
cumplir con su mandato.
En Coparmex estamos a favor de combatir frontalmente la corrupción
en todos los niveles y en todas sus formas, pero no puede ser en
detrimento de las haciendas públicas de los Estados.
Para erradicar la corrupción en el ámbito estatal, se deben
aumentar las capacidades de fiscalización a través de la Auditoría
Superior de la Federación, a fin de que pueda auditar una parte
mayor del presupuesto estatal y no solamente a nivel muestral, como
es en la actualidad.
Igualmente deben aumentarse las capacidades para procesar
administrativa y penalmente los casos en los que haya desviaciones o
actos de corrupción asociados al uso de los recursos públicos
federales que se ejercen en los estados, de manera mucho más
inmediata a la ejecución del gasto.
En Coparmex compartimos y respaldamos las expresiones de inquietud
que provienen desde las diversas entidades federativas, derivadas de
la insuficiencia de ingresos.
Consideramos que las advertencias de algunos gobernadores –que
plantean la posibilidad de abandonar el pacto fiscal federal para
financiarse a partir de sus propias capacidades de tributación, son
entendibles y no por ello gravemente preocupantes.
El riesgo de proceder a la descoordinación fiscal como respuesta al
Neo Centralismo supone consecuencias importantes, como la cancelación
de las aportaciones tributarias a la Federación por parte de las
entidades o el rompimiento de los equilibrios presupuestales del
Estado.
El México del siglo XXI requiere de la mejor versión de nuestro
federalismo, con entidades fuertes en recursos y facultades; así
como con un Gobierno Federal articulando los esfuerzos en favor de
todos los mexicanos, cumpliendo a cabalidad con los principios
básicos de nuestra legislación.
En Coparmex, reconocemos la importancia de preservar la coordinación
fiscal, como instrumento clave para promover el crecimiento y el
desarrollo.
Hay que decirlo: el Pacto de Coordinación actual está pensado para
un mundo centralista, porque no promueve la inversión en los
gobiernos locales. Al día de hoy, la suma de las aportaciones y
participaciones que se destinan a las entidades alcanza los 1.7
billones de pesos. Se trata del principal gasto fijo de la
Federación.
Con ello, entre otros conceptos, se pagan las nóminas, gastos
administrativos y operativos, así como endeudamientos de los
gobiernos municipales; pero muy poco se destina a inversión física.
De esta manera, se está degradando la importancia de invertir en
aspectos fundamentales como los proyectos de infraestructura –que a
la larga impulsan el crecimiento, los empleos y el bienestar en las
entidades federativas.
La terminación de los fondos discrecionales del Ramo 23 fue un buen
inicio, pero no es suficiente. Si verdaderamente queremos transformar
a México, tenemos que generar nuevos incentivos y la creación de
capacidades institucionales en las entidades para facilitar la
inversión física y detonar el desarrollo de largo plazo.
Igualmente, los estados deben aprovechar sus capacidades
recaudatorias para ayudar a combatir la informalidad en la economía
y, con ello, tener acceso a más recursos y poder detonar proyectos
de inversión que beneficien a sus gobernados.
En Coparmex creemos que es momento propicio para convocar a los tres
órdenes de gobierno –junto con la sociedad civil– y llevar a
cabo una verdadera Convención Nacional Hacendaria, que permita
alcanzar acuerdos significativos en tres dimensiones:
Primero, la redefinición de las competencias tributarias; es decir,
precisar nuevamente lo que recauda la Federación, cada una de las 32
entidades y los gobiernos municipales.
Segundo, lograr una nueva legislación fiscal tanto a los impuestos
directos –como el ISR– como los indirectos –como el IVA y el
IEPS–.
En este punto, vale la pena señalar que no se trata de subir
impuestos en aras de aumentar la recaudación. Para ello, es
fundamental encontrar nuevos mecanismos que incrementen la base de
contribuyentes y, con ello, elevar los ingresos de recaudación.
Y el tercer elemento para analizar en la Convención Nacional
Hacendaria es la fórmula del egreso, es decir, cómo se
distribuye el producto de la recaudación.
Hay que resaltar que la fórmula actual –calculada en tiempos del
Presidente López Portillo– ha perdido su lógica y balance, y
requiere de un ajuste acorde a la nueva realidad, sobre todo para
dejar de perjudicar a las entidades federativas que tienen una
relación negativa entre lo que aportan a la Federación y lo que
reciben de ella.
Estamos convencidos de que, con un renovado federalismo, es posible
fortalecer al Pacto Federal, y de esta forma, potenciar el desarrollo
de cada una de las regiones.
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