Las empresas formales, que generan empleos y pagan impuestos,
enfrentan una grave amenaza a consecuencia de los cambios legales
aprobados por el Senado al Código Penal, Código Fiscal de la
Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como
a la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal de Delincuencia
Organizada, que cataloga los delitos fiscales como delincuencia
organizada.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
coincide con diversos organismos de la sociedad y expertos
fiscalistas que consideran un exceso equiparar a la defraudación
fiscal y equiparada como crimen organizado al nivel de narcotráfico,
trata de personas y terrorismo en general.
Ya de por sí los buenos contribuyentes, particularmente los
profesionales, emprendedores y dueños de empresas que cumplen
oportunamente con el pago de sus impuestos, están sufriendo el
impacto negativo de la eliminación de la compensación universal,
debido que está restringiendo los flujos de efectivo y frenando las
inversiones y reinversiones por la lentitud de la devolución de
saldos a favor.
Ahora, los contribuyentes enfrentarán leyes que consideran como
delitos y conducta dolosa que amerite Prisión Preventiva Oficiosa un
simple error o datos erróneos asentados en las declaraciones de
impuestos. Ello coloca a quienes pagan impuestos en una situación de
incertidumbre jurídica.
Coparmex está a favor del combate efectivo a la venta de facturas
falsas y operaciones simuladas con “empresas fantasma”, incluso
en reuniones con autoridades y legisladores ha expresado su acuerdo
en que el artículo 113 BIS considere esas actividades como
delincuencia organizada y ha expresado su acuerdo en que se aumenten
las penas.
Sin embargo, el sector patronal rechaza que se faculte a la autoridad
a equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia
organizada, debido a que se corre el riesgo de que paguen justos por
pecadores, debido a que prácticamente cualquier contribuyente puede
resultar afectado. No es justificable que con la idea de sancionar
una práctica que unos pocos delincuentes realizan, se deje en un
estado de incertidumbre jurídica a contribuyentes cumplidos.
Esta situación incentiva la informalidad, debido a que muchas
empresas están llegando a una situación límite que hace muy
difícil cumplir con sus obligaciones fiscales y costos de operación.
La Coparmex reitera su llamado al diálogo a los legisladores,
instituciones académicas y asociaciones civiles expertas en temas
fiscales, así como a autoridades del Servicio de Administración
Tributaria para buscar mecanismos que permitan el combate efectivo a
la venta de facturas falsas o las llamadas “empresas fantasma”,
pero sin afectar a los contribuyentes cumplidos, honestos y de buena
fe.
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