El estudio,
solicitado a la CEPAL por la Comisión Presidencial contra la
Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en
Guatemala (CODISRA), entrega recomendaciones que permitan avanzar
hacia la igualdad social, promoviendo a la vez la diversidad
cultural.
10 de diciembre de
2018|Noticia
Guatemala deberá
transitar hacia una nueva generación de políticas públicas que
reconozcan la diversidad étnica para erradicar el racismo y la
discriminación contra los pueblos indígenas, recomiendan Wilson
Romero y Ana Patricia Orantes, en el Estudio sobre racismo,
discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala, publicado
recientemente con la colaboración de la Comisión Presidencial
contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas
en Guatemala (CODISRA).
Según los autores,
el objetivo del estudio es visibilizar la desigualdad social que
resulta del racismo y la discriminación racial, y recomendar
contenidos de política pública que permitan avanzar hacia la
igualdad social, promoviendo a la vez la diversidad cultural.
“Para revertir la
desigualdad es necesario tomar medidas redistributivas, y constituir
el núcleo de las políticas públicas con vistas a garantizar los
derechos, la justicia y la igualdad en una sociedad multiétnica.
Tales políticas reportarían tanto beneficios directos (por ejemplo,
el refuerzo de las capacidades humanas en diversos grupos) como
beneficios indirectos (por ejemplo, la mejora de la cohesión
social)”, señala el documento.
La publicación
revela que en 2016 la desigualdad a nivel nacional aumentó un 2,03%
en Guatemala, elevándose en un 3,8% en el área rural, y un 0,76% en
territorio urbano. Asimismo, solamente el 29% de los indígenas
tenían empleo formal.
Los autores dan
siete recomendaciones a Guatemala para erradicar el racismo y la
discriminación hacia los indígenas del país, cifra que corresponde
al 41% de la población total y se conforma del pueblo maya, al grupo
étnico garífuna y el pueblo xinka.
Dichas
recomendaciones consisten en transitar hacia una nueva generación de
políticas públicas que reconozcan la diversidad y que permitan
evaluar las limitaciones; promulgar una ley general de proscripción
y sanción del racismo y la discriminación; fortalecer el papel
tutelar del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; hacer una
revisión y consolidación de la información estadística
relacionada con los pueblos indígenas para un adecuado diseño,
ejecución y evaluación de las políticas públicas; poner en marcha
un esfuerzo de sensibilización y educación ciudadana sobre la
diversidad étnica y cultural de la sociedad guatemalteca; que el
Estado comience a reflejar de manera sistémica la diversidad étnica
y cultural de la sociedad, y que se atienda con alta prioridad la
situación agraria del país.
A pesar de las
limitaciones estructurales e institucionales el Estudio sobre
racismo, discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala
reconoce que hay cuatro hitos que posibilitan la disminución de
desigualdad en el país pluriétnico y multicultural: la Constitución
Política de la República de 1985 y su Artículo 66 referente a la
“Protección a grupos étnicos”; los Acuerdos de Paz, que
reconocen los derechos indígenas tanto individuales como colectivos,
reconociendo además al país como multiétnico y pluricultural; el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
cuyo principal aporte es el reconocimiento de la categoría de
pueblos indígenas como sujetos de derechos a nivel individual y
colectivo; y la Política Pública para la Convivencia y la
Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, la cual
constituyó “precedentes importantes para el desarrollo de
legislación, políticas y mecanismos institucionales a favor del
ejercicio de derechos de los pueblos indígenas”.
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