Los
Estados miembros de las Naciones Unidas se aprestan para adoptar en
Marrakech el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular, al que la región de América Latina y el Caribe ha entregado
amplio apoyo. Este instrumento surge como una respuesta de la comunidad
internacional frente a los desafíos y oportunidades que plantea la
migración en una agenda global. Se trata de un instrumento histórico que
constituye un ejemplo de renovado interés multilateral.Asistimos
hoy a una intensa movilidad internacional de la población. Si bien esta
realidad se ha replicado en otras épocas de nuestra historia, esta vez
el fenómeno alcanza al mayor número de migrantes registrados (258
millones en el mundo, 30 millones en América Latina y el Caribe ), y
posee una diversidad de expresiones que han situado el tema de la
migración en la agenda global, como lo ilustra su inclusión explícita
entre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Si bien
la migración intrarregional en América Latina y el Caribe ha venido
aumentando de manera importante, la mayor parte de los migrantes aún se
dirige hacia fuera de la región. Estados Unidos constituye el principal
destino de la emigración centroamericana: hacia 2015, 78% de los
emigrantes de Centroamérica residía en aquel país, rasgo que se
intensifica en el caso de El Salvador (89%), Guatemala (87%) y Honduras
(82%).
Se debe destacar que las personas migrantes hacen
contribuciones positivas a la economía, la sociedad y la cultura de
todos los países. Sus aportes son de tal magnitud que debieran alentar
la construcción de una imagen positiva de la migración, desechando los
prejuicios, riesgos y vulnerabilidades que la menoscaban: en Estados
Unidos, por ejemplo, la población de origen latino ha jugado un papel
clave en la reproducción demográfica y en el mercado laboral. Cálculos
realizados indican que el 38% del déficit de su fuerza de trabajo entre
2000 y 2015 fue cubierto por inmigrantes latinoamericanos, de los cuales
los mexicanos y centroamericanos aportan más del 80%.
La
complejidad de la migración en la región ha ido en aumento, como lo
revelan los movimientos en Centroamérica y las insuficientes respuestas
frente a los llamados flujos mixtos, incluyendo niñas y niños migrantes
no acompañados; la emigración desde Venezuela y las nuevas realidades
que enfrentan los países receptores; la emigración desde Haití y las
discriminaciones que sufren sus emigrantes; y como corolario, el cuadro
de contrastantes realidades expresadas en el sinfín de adversidades que
enfrentan muchas personas migrantes en sus travesías.
Los países
también han apoyado iniciativas en favor de la facilitación de la
migración, como lo revelan los acuerdos de residencia del Mercosur que
buscan además reducir la irregularidad migratoria, y el Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo de 2013, que define una
estrategia para la gobernanza migratoria fundada en la protección de
todas las personas migrantes con propuestas concretas de acciones e
indicadores. Como respuesta a las problemáticas de vulnerabilidad en la
emigración, el tránsito y el retorno, los países de Centroamérica y
México están definiendo un plan integral de desarrollo que buscará
ofrecer más oportunidades a los habitantes en sus comunidades de origen.
Se trata de crear políticas que busquen reducir las brechas productivas
y salariales y generen posibilidades de desarrollo que alentarán
decisiones migratorias informadas y no forzadas.
La CEPAL reconoce
la plena validez del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular para el interés de los países de América Latina y el Caribe.
Tanto por sus principios como por sus objetivos y propuestas de acción,
este Pacto viene a contribuir con respuestas y creación de capacidades
de anticipación frente a la compleja realidad migratoria. Entre los
principios, para la región es relevante que se consideren los asuntos de
desarrollo sostenible, debido proceso, inclusión social, el interés
superior del niño y los enfoques de género y de derechos.
También
elogia la importante labor que han tenido diversas entidades del Sistema
de las Naciones Unidas, en especial OIM, ACNUR y UNICEF, en sus aportes
para avanzar hacia este acuerdo global y por sus acciones en terreno en
la región de América Latina y el Caribe.
La CEPAL ha apoyado el
proceso de consultas y negociaciones del Pacto y cree firmemente en la
genuina aspiración de concreción de sus objetivos, poniendo al alcance
de los países toda la colaboración necesaria. Los países de América
Latina y el Caribe deben aprovechar la gran oportunidad que representa
este instrumento para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, desde un enfoque de derechos humanos y con el
objetivo de superar la desigualdad.
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