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La legislación anterior a la nueva reforma, dotaba al Gobierno Federal mecanismos oportunos para atender las contrataciones de emergencia, sin sacrificar la calidad, la transparencia, la competencia y la legalidad.
Ante
la crisis sanitaria que vive México a causa de la pandemia del COVID
y bajo pretexto de evitar la corrupción, el Gobierno Federal anunció
la compra de medicamentos en el extranjero sin licitaciones y por
adjudicación directa, ello a pesar de que la industria farmacéutica
nacional había mostrado su disposición para contribuir con las
políticas de atención a la salud, actuando siempre con
transparencia y responsabilidad.
Sin
embargo, a través de los legisladores afines que tiene en el
Congreso de la Unión, se convocó a un periodo extraordinario, para
así aprobar una propuesta parcial de reforma al artículo 1 de Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
violando la Constitución, Convenciones y Tratados Internacionales.
La
Red Interamericana de Compras Gubernamentales, indica que la pandemia
no es excusa para saltarse obligaciones. “Aunque el principal
objetivo en este momento es conseguir suministros, la transparencia
debe mantenerse para asegurar que se toman decisiones legítimas,
prevenir el fraude y mantener la confianza de los ciudadanos”.
La
decisión de comprar medicamentos en el extranjero, sin licitación,
evidencia la falta de planeación y transparencia en la presente
Administración Federal, en la cual 8 de cada 10 contrataciones o
adquisiciones públicas se dan por adjudicación directa, lo que no
abona al combate a la corrupción.
Además,
comprar medicamentos en el extranjero conlleva el riesgo de inundar
al país con fármacos de dudosa calidad, poniendo en peligro 100 mil
empleos directos y 500 mil indirectos, así como pérdidas por 60 mil
millones de pesos para el sector farmacéutico nacional.
Asimismo,
es necesario enfatizar que México es de los pocos países que cuenta
con soberanía en la producción y comercialización de medicamentos,
por lo que adquirir dichos insumos en el extranjero, podría
representar la importación de fármacos de dudosa calidad, que no
cubrirán las necesidades de los mexicanos.
En
México tenemos una planta industrial seria, establecida desde hace
décadas y que cumple perfectamente con todas las condiciones de
calidad, oportunidad y precios que requieren los medicamentos, por lo
que resulta una contradicción abastecer el sistema nacional de salud
con proveedores extranjeros, que no se harían responsables de la
calidad de todos los fármacos.
En
el Sector Empresarial consideramos que las compras discrecionales de
medicamentos en el extranjero no resuelven por sí mismas el problema
de desabasto en el sistema nacional de salud, mismo que se debe a la
falta de planeación y transparencia en la adquisición durante el
último año y medio que va de la presente Administración Federal.
Ante
este escenario, en la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) consideramos que las Contrataciones Públicas se
deben de guiar bajo 10 principios rectores que vienen en nuestro
Decálogo que incluyen privilegiar la transparencia, la competencia,
la no discriminación, la eficiencia y economía, la objetividad, la
trazabilidad, la aplicación de la ley, la responsabilidad, la
capacidad y el profesionalismo.
El
Sector Empresarial cuestiona la legislación al vapor que se realizó
en San Lázaro para reformar la Ley de Adquisiciones, lo que va en
contra de todos y cada uno de estos 10 principios propuestos por la
COPARMEX, mismos que provienen de las mejores prácticas
internacionales, las Convenciones de las que México es parte, de los
Tratados Comerciales, así como de nuestra propia Constitución.
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