La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) en
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
y distintas agencias
del Gobierno de México, ha bloqueado las cuentas bancarias
de diversas personas
físicas y morales que presuntamente han participado en el
tráfico de personas
migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.
Lo anterior,
derivado de la metodología desarrollada por la UIF al poner como
elementos de alerta
el tráfico de personas migrantes, específicamente caravanas
de migrantes hacia
México desde octubre del 2018 a la fecha, así como el flujo de
recursos económicos
a través de transmisores de dinero en territorio nacional.
De la información
obtenida por la UIF de los transmisores de dinero, se identificó
un grupo de personas
que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes,
realizaban desde
Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países,
incluidos algunos
contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de
Acción Financiera
Internacional (GAFI).
Con base en la ruta
que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur
de México, se
detectó una serie de operaciones y transferencias financieras
desde Querétaro
hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de
América, que son:
Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras
y Reynosa.
1Con esta
metodología, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes,
pues
se reveló la
relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los
depósitos en
dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas,
provenientes de El
Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e
Inglaterra.
Por todo lo
anterior, la UIF ha instruido la inclusión de veintiséis personas a
la
Lista de Personas
Bloqueadas, por su probable vinculación con el tráfico de
personas migrantes y
apoyo ilícito a caravanas migrantes. En ese sentido se
presentarán las
denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la
República.
Con acciones como
esta el Gobierno de México refrenda su política de combatir
frontalmente las
estructuras económicas de los traficantes de personas, esto
garantizando el
pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas
migrantes
considerados en las legislaciones internacionales en la materia,
tomando en
consideración su situación de vulnerabilidad y el máximo
reconocimiento de su
dignidad.
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