· El Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan cuenta con
inversión mexicana, estadounidense y canadiense, y su objetivo es surtir gas
natural proveniente de EUA para el desarrollo sostenible de México.
· Una vez que entre en operación, permitirá a la Península de
Yucatán contar con el combustible necesario para la generación eléctrica que
requiere la región, además de impulsar el desarrollo de Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Ciudad de México, 27 de
junio de 2019.- El sector privado manifiesta su
preocupación por la situación en torno a los procesos de arbitraje iniciados de
manera unilateral por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cláusulas
de los contratos de servicios de transporte de gas natural con empresas
privadas, la cual pudiera afectar la puesta en operación del Gasoducto Marino
Sur de Texas-Tuxpan, que permitiría llevar el energético a la zona sur-sureste
de la República Mexicana. Este hecho incrementa la incertidumbre en torno a las
inversiones en nuestro país e impacta negativamente a la economía.
La decisión de detener la puesta en funcionamiento del gasoducto y el
inicio del arbitraje, impactan a México, Estados Unidos y Canadá, al tener
inversión conjunta en la infraestructura. Estos hechos afectan la relación
comercial entre los tres países e inciden en el proceso de aprobación del T-MEC
que transcurre actualmente.
En el ámbito nacional, la construcción del Gasoducto Marino Sur de
Texas-Tuxpan responde a la necesidad de llevar el energético a los estados
donde más se requiere, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán, para impulsar su desarrollo económico, la generación de
empleo y el bienestar de las comunidades.
Asimismo, el gas natural es fundamental para la generación eléctrica.
Especialmente en el contexto actual de la Península de Yucatán, el contar con
este energético permitiría a las centrales de generación de electricidad
propiedad de la CFE operar con mayor capacidad y garantizar el suministro para la
población. Además, permitiría satisfacer las necesidades futuras de la
industria nacional de la petroquímica, el turismo y el sector hotelero, por
mencionar algunos.
Obras de infraestructura de esta magnitud no deberían frenarse por
diferencias contractuales, en tanto se dirimen en las instancias
correspondientes. Esto generaría profunda preocupación entre los inversionistas
al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo
de los proyectos que se requieren para garantizar el crecimiento económico, la competitividad
y el bienestar del país y de los mexicanos.
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