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Las fuerzas armadas
son los actores clave de la política de seguridad, pues concentra el 84% del
total de recursos asignados al combate al crimen.
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La disminución de
27% de los recursos asignados a la prevención del delito de 2018 a 2019, revela
que este no es un componente prioritario de la política de seguridad actual.
En
2019, el gasto público en seguridad es de 239 mil 319 millones de pesos,
equivalentes a 0.96% del PIB y a 4% del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Sin embargo, no refleja la política de seguridad del gobierno federal, ya que,
de este presupuesto, 70% es destinado a dos ejes: Fuerzas Armadas en apoyo a la
seguridad pública e Impartición de justicia, reclusión y readaptación, mientras
que 1.5% se destina a prevención y atención de derechos humanos.
Para
identificar las prioridades del Estado en la provisión de seguridad pública,
con base en la Ruta del Gasto Público y la definición de la Constitución, se
tienen tres objetivos de seguridad: Prevención del delito, Combate al crimen y
Justicia.
Del
total del presupuesto destinado a Combate al crimen, Fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública absorbe 84% del
presupuesto aprobado en 2019. Además, se observa que, en este eje, de 2008
a 2018, el presupuesto ejercido es mayor al aprobado, lo que reafirma la noción
de que las fuerzas armadas son la prioridad en Combate al crimen, desde un punto
de vista presupuestario. Esto muestra que en la actual administración prevalece
un enfoque reactivo sobre el preventivo, pese al cambio de la política de
seguridad que se destacó en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
aprobada por los Senadores.
En
términos de programas presupuestarios, sólo tres de los 44 programas para
Justicia concentran 83.2% del presupuesto total: Otras actividades,
Administración del Sistema Federal Penitenciario, e Investigar y perseguir
delitos de orden federal. En 2019, la
prioridad presupuestaria fue Otras actividades, que absorbe 58% del presupuesto
total y está a cargo del Poder Judicial. En este programa, 87% de los
recursos se destina a servicios personales; en contraste, sólo 10% de los casos
resueltos por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación son de materia
penal.
Uno
de los aspectos a destacar es el bajo presupuesto de la procuración de
justicia. Esta es un área toral para combatir la impunidad en el país a la luz
de las transformaciones institucionales que deben llevarse a cabo para la
consolidación del sistema de justicia penal adversarial.
El
Plan Nacional de Desarrollo pone énfasis en desarrollar una estrategia de
prevención del delito, pero esto no se ve reflejado claramente en el
presupuesto de seguridad. Esto se debe a que el gasto para este eje representa
14% del total del gasto destinado a seguridad pública aprobado para 2019 y
presenta un recorte de 27% respecto a lo ejercido en 2018.
Aunque
este objetivo cuenta con 34 programas, el presupuesto se concentra en uno solo:
Operativos para la prevención y
disuasión del delito, el cual absorbe 90% de Prevención, protección y
fortalecimiento de la seguridad pública. En contraste, Protección civil
tiene asignado 0.7% del presupuesto y equivale a 0.8% de los recursos
destinados para la reconstrucción de los sismos de 2017.
El
hecho de que los operativos concentren el mayor porcentaje del presupuesto de
prevención del delito, puede ser una muestra de la necesidad de diseñar líneas
de acción en esta materia, que vayan más allá de la función policial.
Cabe
destacar que se observa una atomización del presupuesto federal para seguridad;
no obstante, este se concentra sólo en seis programas: uno de prevención del
delito, dos de combate al crimen y tres de justicia. Con esta configuración, el
gasto público resulta poco eficiente para cubrir las necesidades de la
población y atender la crisis de seguridad que enfrenta México.
Consultar
documento: https://ciep.mx/ciep-gasto-publico-en-seguridad/
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