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martes, 30 de mayo de 2017

En Morelos hay violencia gubernamental de Graco Ramírez contra pobladores de Totolapan


* El martes 30 de mayo los pobladores de Totolapan emprenderán una caminata desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, hacia la Secretaría de Gobernación.

Ciudad de México.- Cinco heridos de gravedad y cuatro detenidos, vecinos del poblado morelense de Totolapan (Guillermo Vázquez Herrera, Celso Martínez Juárez, Rodrigo Mejía Fuentes y Yutzel Copia Velázquez) y varios vehículos siniestrados fue el saldo de la agresión que el pasado viernes por la noche sufrieron cerca de mil 500 habitantes de Totolapan a manos de 400 policías del Mando Único, quienes con gas lacrimógeno, primero, y luego con brutales macanazos, los desalojaron de la plaza municipal en donde protestaban por la necedad de la presidenta municipal, María de Jesús Vital Díaz, de imponer la construcción de un mercado en una zona en que los totolapenses aseguran hay vestigios arqueológicos.
Alrededor de las 10:00 de la mañana del pasado viernes, los elementos del Mando Único se apostaron en Totolapan para evitar que los lugareños protestaran por el inicio de la construcción del mercado en un terreno donde el Instituto de Geofísica de la UNAM realizó un estudio –emitido en marzo pasado y solicitado por alcaldesa y pobladores- en el que certifica que hay dos cavidades que pudieron haber sido hechas por la mano del hombre (túneles) o bien por la naturaleza, por lo que recomienda “programar un pozo exploratorio de comprobación en el centro del área donde se realizó el estudio TRE-3-D con el objeto de definir la anomalía resistiva detectada”.
            Ante eso, los pobladores solicitaron que la alcaldesa diera cumplimiento a la recomendación emitida, es decir, que abriera el terreno para ver si hay túneles o no, en el entendido que, de encontrarlos, se construirá un museo y de no haberlos, se comprometieron a aceptar la construcción del mercado; no obstante, por sus intereses económicos y por soberbia y sordera políticas, Vital Díaz no sólo no hizo el pozo exploratorio que recomiendan los peritos de la UNAM, y que hubiera aclarado definitivamente el diferendo, sino que con el apoyo de Graco Ramírez pretendió iniciar las obras mediante un despliegue aparatoso de máquinas y cientos de policías, en una abierta provocación a la voluntad del 95 por ciento de la población, que rechaza esa destrucción de sus vestigios históricos.
            La Dirección Nacional del Movimiento Antorchista niega rotundamente las acusaciones tanto de Graco Ramírez –a través del secretario de Gobierno, Matías Quiroz- como de la alcaldesa Vital Díaz, también perredista, acerca de que el viernes por la noche militantes de nuestra organización provenientes de Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco estaban presentes en Totolapan. También es mentira que los responsables de los hechos violentos sean la dirigente estatal  Soledad Solís Córdova quien no estuvo presente en el lugar, o  Indalecio Mejía, quien, junto con el párroco de la iglesia del lugar, trató de hacer entrar en razón a la alcaldesa para que retirara al Mando Único del lugar y no se llegara a ningún hecho violento, como ocurrió por su soberbia y terquedad.
Haciendo gala de abuso de poder y prepotencia, el gobernador Graco Ramírez, la alcaldesa María de Jesús Vital Díaz y el Mando Único morelense, son los únicos responsables de la violencia en Totolapan, dado que fueron ellos quienes iniciaron la represión al lanzar gas lacrimógeno y macanear a los cerca de mil 500 lugareños que ahí se encontraban.
La prepotencia, soberbia y necedad de la alcaldesa de Totolapan para no escuchar a sus gobernados y optar por la represión para que acepten lo que ella dice, quedó demostrado por primera vez el pasado mes de octubre cuando ordenó golpear a los inconformes con la construcción de dicho mercado, agresión de la que resultaron 11 heridos. La intolerante actitud de la alcaldesa que ha generado animadversión entre los pobladores, está respaldada por el gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez, quien desde hace más de un año ha mostrado una actitud cerrada, golpeadora y represora en contra de los habitantes de pueblos y colonias organizados en el Movimiento Antorchista de Morelos. Dicho gobierno perredista, a decir de los morelenses, se ha convertido en el más oscuro y retrógrada que ha tenido el estado en su historia política reciente; así lo prueban las constantes represiones a organizaciones sociales y grupos no afines al gobierno graquista, que son muchos y de diferentes sectores de la sociedad, a quienes –al igual que a Antorcha- también se les han vulnerado sus derechos humanos de organización y manifestación; de atención a sus legítimas demandas y se les ha perseguido y criminalizado para acallarlos, con el fin perverso de anularlos políticamente y tener control total del estado, por la vía de la fuerza bruta, lo que ha conducido a un estado de ingobernabilidad, por lo que solicitamos a las autoridades correspondientes investiguen la administración del perredista y tomen las medidas consecuentes para restablecer el Estado de Derecho en Morelos.
            En varias ocasiones, el Movimiento Antorchista Nacional ha solicitado la intervención de la autoridad federal para frenar el abuso de poder de Graco Ramírez, quien lejos de dar solución a peticiones de obras y servicios realizadas por morelenses humildes, pretende acabar con el antorchismo morelense aplicando una política liquidacionista, como se rumora en corrillos periodísticos e instancias de gobierno. La integridad física de nuestros compañeros de Morelos está en riesgo, por lo que solicitamos al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, den garantías de protección y seguridad para los líderes, militantes y simpatizantes antorchistas, así como para los pobladores de Totolapan, quienes lo único que buscan es que no se destruyan sus tradiciones y cultura.
Asimismo, dejamos claro que ni el antorchismo morelense ni el nacional se amedrenta por la amenaza lanzada por el secretario de Gobierno perredista -en rueda de prensa realizada el sábado 27 por la mañana-, en el sentido de que el gobierno de Morelos “no tolerará que nadie, bajo el amparo de liderazgos o cargos públicos, rompa el orden social y jurídico…”. La amenaza va directamente contra líderes antorchistas nacionales, diputados federales solidarios y la líder social morelense, Soledad Solís Córdova, a quien los perredistas buscan con todo afán cuadrarle delitos que de ninguna manera ha cometido. A lo largo de sus 43 años de existencia, Antorcha se ha conducido dentro del marco del derecho y su lucha ha sido pacífica. Condenamos los actos violentos y represivos de cualquier índole, por lo que seguiremos al lado del pueblo humilde de Totolapan.
            En virtud de que el diálogo y la negociación están cerrados en el estado de Morelos, el martes 30 de mayo los pobladores de Totolapan emprenderán una caminata desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, hacia la Secretaría de Gobernación, en donde esperan ser atendidos por su titular. Dado que el antorchismo nacional tiene amargas experiencias con gobernantes intolerantes que aprovechan este tipo de manifestaciones de protesta para agredir a los inconformes y luego hacer pasar esos eventos como simples accidentes, responsabilizamos al perredista Graco Ramírez Abreu de la integridad física de todos los participantes en esta caminata de protesta, desde su arranque hasta su conclusión.

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