En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) estamos de acuerdo en establecer mecanismos de confianza entre la ciudadanía, empresas y gobierno, pero observamos que si bien la Ley de Confianza Ciudadana intenta fomentar la inversión y el crecimiento de los negocios, a partir de que estos no sean extorsionados por inspectores o funcionarios corruptos, también es cierto que esta puede prestarse a ser utilizada como un mecanismo de control político.
El padrón de
confianza es un registro propuesto por el Gobierno Federal para los
ciudadanos y empresas, que sustituirá las revisiones que hacen los
inspectores de las dependencias federales. Habrá un sorteo, llamado
“análisis estratégico”, para determinar las personas elegidas
que sí serán inspeccionadas.
En caso de que la
revisión haya sido satisfactoria y se haya verificado el
cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales, recibirán
un reconocimiento por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal,
es decir, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Ley de Confianza
Ciudadana pretende fomentar la cultura de la legalidad y el
cumplimiento de las obligaciones de los negocios, a partir de que
estos se registren -de forma voluntaria- en dicho padrón, con el
argumento de combatir la extorsión y corrupción.
Sin embargo, la ley
establece diversas excepciones: seguridad nacional, la seguridad de
la población, la seguridad alimentaria, constatar que cuenten con
medidas de protección civil, las que tengan como fin proteger la
sanidad y la inocuidad agroalimentaria, animal y vegetal.
Además de la salud
humana, el medio ambiente, los recursos naturales, los derechos e
intereses del consumidor, las relativas al sector financiero y a la
materia de armas de fuego y explosivos, así como la protección
contra riesgos sanitarios.
El padrón será
vigilado por la Secretaría de Economía, que lo hará por medio de
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), dependencia
que comprobará si aquellos que se inscribieron proporcionaron datos
verdaderos.
En la Confederación
Patronal observamos, que, por ejemplo, la Ley de Confianza Ciudadana
no aclara cuál será el procedimiento para las empresas que no
quieran inscribirse en el registro, ya que rechazar ser parte de este
padrón no significa que se esté incumpliendo con alguna obligación.
Asimismo, la Ley de
Confianza Ciudadana no detalla qué otros beneficios podrán recibir
las empresas, además de la suspensión de las inspecciones. Esto
último, se será definido más adelante por la CONAMER, mediante
reglas, bases, directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos o
buenas prácticas.
Consideramos que se
deben de establecer beneficios y facilidades administrativas claras
para que la Ley de Confianza Ciudadana funcione, además de que
genere condiciones para crear un ambiente favorable para el
crecimiento de los negocios, creación de empleos y combate a la
corrupción, y que ayude a construir un mejor país.
En la COPARMEX
apoyamos los esfuerzos para restablecer los vínculos de confianza
entre el gobierno y el sector privado, pero el Estado nunca puede
renunciar a su función de vigilante de la legalidad, y las conductas
que se aparten de la ley deben ser siempre sancionadas.
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