La
estrategia del Gobierno de Baja California de crear un registro
vehicular de vehículos importados usados localizados en el
territorio nacional, mejor conocidos como “chocolate”, solo tiene
objetivos recaudatorios, ya que no garantiza que las autoridades
fiscales le confisquen un automóvil a un ciudadano que no pueda
acreditar la procedencia del vehículo en el país, dijo Ernesto
Elorduy Blackaller, presidente del Centro Empresarial de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en
Mexicali.
El
líder empresarial local opinó que la determinación del Gobierno
estatal encabezado por Jaime Bonilla Valdez, de crear el Instituto de
Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, que avale el
registro de autos “chocolate”, solo es una versión distinta a la
de las asociaciones que promueven la irregularidad, ya que, además,
no arregla las distintas problemáticas que se derivan de la
presencia de vehículos importados en la entidad.
Elorduy
Blackaller indicó que el registro vehícular propuesto por el
Gobierno estatal, seguirá sin ser una garantía para el ciudadano,
toda vez que de cualquier forma las autoridades fiscales podrían
retirarle de su propiedad un automóvil que no acredite su legal
procedencia.
“De
todas maneras si te lo roban no lo pueden reclamar, entonces en pocas
palabras, no viene a resolver nada, y nosotros lo que estamos
pidiendo es que se atiendan los verdaderos problemas que tenemos los
bajacalifornianos. y que nos están orillando, y casi, casi
obligando, a tener un carro chocolate”, insistió el presidente del
Centro Empresarial de la COPARMEX en Mexicali.
La
industria automotriz en México genera 1.9 millones de empleos en
general, de los cuáles 530 mil son empleos directos en la
manufactura de unidades ligeras y pesadas. Además representa el 3.9
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
En
los últimos cuatro años, el sector automotriz -el sexto productor
en el mundo- ha visto reducidas sus ventas internas. Durante el mes
de junio del 2019 se registró el desplome más cuantioso, al haberse
obtenido una disminución en las ventas por arriba del 11 por ciento.
La
combinación de un entorno global adverso junto con el debilitamiento
de la economía nacional, ha permitido que nuestro sector automotor
haya enfrentado estas contracciones en los últimos meses. De
acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), en el acumulado de enero a septiembre de 2019 se
han vendido 955,395 vehículos ligeros nuevos, 7.5% menos que en el
mismo periodo de 2018.
Por
su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
estima que l regularización de los automóviles “chocolate”,
provocaría una caída de entre el 20 y el 30 por ciento de las
ventas de autos en México, lo que inhibirá la inversión en el
sector, y acotará la generación de empleos directos.
En
este contexto y escenario adverso, el pleno del Congreso de Baja
California votaría este día la creación del Instituto de Identidad
Vehicular y Combate a la Contaminación; con lo que la administración
de Bonilla Valdez llevará a cabo un registro de autos “chocolate”.
Comprometidos
como estamos en la COPARMEX con el desarrollo de las empresas
mexicanas y el establecimiento de políticas públicas que alienten a
la inversión y la generación de empleos, estamos total y
absolutamente en contra de la regularización de los autos
“chocolate”.
Hacemos
un llamado al Gobierno de Baja California para que -en aras de
promover el desarrollo de la industria automotriz y con ello
establecer las bases para la generación de la inversión, una mayor
captación de recursos a la hacienda pública, y el bienestar de los
mexicanos-, detengan la regularización de autos producto del
contrabando y el tráfico.
Esta
ilícita actividad no genera impuestos en ningún orden de gobierno,
fomenta el contrabando rodante, perjudica al medio ambiente,
beneficia a las células criminales de tráfico de vehículos,
blanquea el delito de adquisición de bienes con recursos de
procedencia ilícita al impedir conocer el origen de los mismos,
afecta la generación de empleos en el sector automotriz, y disminuye
las ventas de autos nuevos.
En
contraparte, proponemos al Gobierno de Baja California que cree
incentivos para la adquisición de vehículos legales, cree programas
financieros para dar accesibilidad a la compra de automotores,
establezca un programa de entrega para destrucción de vehículos
irregulares a cambio de la condonación de impuestos en la compra de
uno nuevo, y que ofrezca agilidad y transparencia en las
importaciones de automóviles.
En
síntesis, que genere condiciones de certidumbre para el desarrollo y
crecimiento de la industria automotriz. Además, solicitamos como
opciones de transporte público funcional y digno en la entidad, que
responda a las necesidades de las personas que acuden día a día a
su trabajo, atienden su negocio, transitan a centros escolares, entre
otras tantas actividades cotidianas.
La
COPARMEX rechaza categóricamente la irresponsable decisión de la
regularización de autos chocolate, llevada a cabo en secrecía y sin
consenso, con la que se da la espalda a los sectores involucrados y,
peor aún, a los consumidores. Dicha medida convertiría a a Baja
California en el “basurero automotriz” del mercado
estadounidense. Literalmente, dicha entidad se volvería el depósito
de los vehículos obsoletos, que incumplieran las regulaciones en el
país vecino.
Además,
le recordamos al Congreso local, que la regularización a nivel
nacional de autos “chocolate” fue rechazada por el Senado de la
República en noviembre del año pasado por el grupo legislativo de
Morena, en el marco de la privación del Paquete Fiscal 2020, por los
efectos adversos fiscales, ambientales y al mercado formal,
antecedente que debe considerarse en Baja California.
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