Los
abogados Efraín y Cristian Cárdenas que representan a José Antonio del
Valle Torres y su empresa YASO, propietaria de GO GABA, denunciaron
irregularidades, dentro de la investigación que se realiza en su demanda
contra Coca Cola por un presunto fraude de 345 millones de dólares,
ante la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México, ya que la Ministerio Público Investigadora para
la Atención de Delitos Financieros responsable no estaría cumpliendo con
todas las acciones requeridas.
Como
resultado de estas denuncias, la Ministerio Público Visitadora
determinó que la carpeta de investigación que está integrando la
Fiscalía encabezada por Édgar Pineda Ramírez presenta irregularidades e
instruyó a dicho Fiscal cumplir con todas las diligencias que acrediten
el posible fraude corporativo de Coca-Cola.
Sin
embargo, la fiscalía no ha cumplido con la resolución de la Visitaduría
porque hasta la fecha no han sido citados a declarar en calidad de
imputados: Manuel Arroyo Prieto, Presidente de Coca-Cola en México durante los hechos, actualmente Presidente de Coca-Cola en Asia Pacifico, y Jorge Fernández González-Galatea, Director Financiero de Coca-Cola en México durante los hechos, actualmente Director Financiero de Coca-Cola (Centroamérica y Caribe).
Asimismo,
no se ha ubicado el paradero de los señores Selman Careaga Castro,
Marcelo Antonio Gil Palafox y Luis Manuel Galguera Rosas,
Vicepresidentes de la multinacional que han sido citados como testigos.
Otra
irregularidad menciona que la Ministerio Público Investigadora para la
Atención de Delitos Financieros también pretendió enviar la indagatoria
por incompetencia a la Fiscalía General de la República, lo cual fue
rechazado porque no procedía, además de que la ministerio no había
realizado todas las acciones para acreditar la existencia del delito de
fraude, interrumpiendo la investigación y transgrediendo diversos
preceptos legales.
Los
abogados Cárdenas señalan que las irregularidades que presenta el
proceso de investigación y la falta de cumplimiento por parte de la
Fiscalía para resolverlas, a pesar de lo ordenado por la Visitaduría,
estaría deteniendo una posible resolución en la demanda contra Coca Cola
por el presunto fraude corporativo de 345 millones dólares, según
peritajes hechos por la procuraduría.
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