1. El desarrollo
del País requiere el mejor talento humano disponible en los sectores
público y privado, en los niveles operativos, técnicos y
directivos.
2. El talento debe
transitar con libertad entre los sectores privado y público, en
forma bidireccional.
3. Las restricciones
al libre flujo del talento del sector público al privado deben ser
excepcionales, por períodos razonables
y solo en la medida que las decisiones asumidas en público, tengan
un impacto relevante, directo y específico en una o varias empresas
o sector.
4. La facilidad de
la incorporación del talento proveniente del sector público al
sector privado favorece la conducta de integridad en los funcionarios
públicos, al propiciar su empleabilidad inmediata.
5. Las vedas
prolongadas y generales pueden derivar dificultar el reclutamiento
profesional de talento
para el sector
público.
6. En el país debe
prevalecer siempre el Estado de Derecho.
Todos los ciudadanos
(en los sectores público y privado) estamos obligados a cumplir con
las leyes.
7. Si algún ex
funcionario que hoy colabora en una empresa privada ha violado la
ley, debe actuarse conforme a derecho
sin demora.
8. Es preocupante
que desde el gobierno federal se lancen en los medios de comunicación
acusaciones genéricas sobre
personas, sin aportar pruebas concretas de qué delitos o actos de
corrupción se imputa a dichos
exfuncionarios.
9. No es ilegal, no
debe ser descalificado un ex funcionario por el solo hecho de ahora
trabajar en el sector privado, en un área vinculada a su
conocimiento y experiencia previa en su quehacer público.
10. Las acusaciones
ligeras y dogmáticas deterioran la confianza entre el sector público
y el sector privado, que es indispensable para seguir fomentando
inversiones nacionales y atrayendo inversiones extranjeras al país.
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