30 de julio de 2023
Recientemente hemos sido testigos de una severa embestida en
contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
críticas sin fundamento, señalamientos graves que
podrían vulnerar incluso la integridad de los ministros, plantones con
expresiones violentas y actos desde el poder legislativo para someter a juicio
político a los integrantes del máximo tribunal del país.
A ello se han sumado diversos acontecimientos en entidades como
Veracruz donde se ha sometido a procesos penales a jueces
y, de manera arbitraria, se han impulsado reformas
para desaparecer tribunales en Aguascalientes y -hace unos días- en Oaxaca,
donde violando el debido proceso legislativo y la autonomía de estos órganos,
se pretende crear tribunales sometidos a la voluntad de sus respectivos poderes
ejecutivos.
Esta situación es muy preocupante, porque sin distinción partidista,
se ha convertido en un intento sistemático
por mermar uno de los principios base de nuestra República que es la separación
de poderes.
La separación de poderes, principio básico de la República y de
la democracia
El propósito central de la separación de poderes es permitir el
funcionamiento de las ramas de jerarquía similar que integran el Estado, pero
de manera separada y sin que una interfiera con la otra, libres de controles,
obstrucciones o presiones intimidatorias. La separación de poderes es la
garantía que tenemos los ciudadanos de que un poder no esté por encima de otro y
tengamos un sistema de pesos y contrapesos que es
fundamental para la vida democrática.
No hay justificación para atentar contra tribunales, jueces ni
contra el Poder Judicial. Su trabajo es fundamental para defender el Estado de
Derecho y los derechos de los ciudadanos
Los Tribunales de Justicia Administrativa son instituciones que
gozan, en muchos de los casos, de cierto nivel de autonomía para emitir sus
fallos, con la finalidad de dirimir las controversias que se presenten entre la
administración pública y los particulares. Son los órganos competentes para imponer las sanciones a los
servidores públicos por las responsabilidades administrativas en que pudieran
incurrir derivadas de posibles abusos o actos de corrupción. Por ello, su
autonomía y capacidad de autogobierno es fundamental para que no actúen como
apéndices del gobierno en turno sino como garantes eficaces para procurar
justicia administrativa.
A COPARMEX le preocupan las maniobras vistas en Veracruz,
Aguascalientes y ahora en Oaxaca ya que representan atropellos en contra de la
democracia y un retroceso que afecta al pueblo de México porque daña la
certidumbre jurídica del país y la confianza para invertir. ¿Qué confianza
brinda un país donde se violenta el marco legal o se impone la
arbitrariedad? Insistimos, se trata de
un gravísimo golpe al Estado de Derecho que nos perjudica a todos.
Con ello, no queremos decir que no se deba sancionar a malos
jueces o magistrados cuando el caso esté debidamente fundado;
sin embargo, lo que es inaceptable es debilitar a las instituciones por motivos políticos. Tampoco quiere decir que no puedan mejorarse y
fortalecerse las instituciones, especialmente las que tienen que ver con el
combate a la corrupción. COPARMEX históricamente ha sido promotor de un Sistema
Nacional Anticorrupción robusto y eficaz y nos hemos pronunciado siempre por
reformas legales que abonen para dotar de autonomía, independencia, recursos
económicos y humanos suficientes a los sistemas nacional y estatales
anticorrupción, y a los tribunales administrativos. También para que quienes
ocupen esos cargos sean profesionales con experiencia y cumplan estándares de
idoneidad.
Desde COPARMEX celebramos la decisión de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación de admitir la controversia constitucional contra
la reforma que pretendió disolver al Tribunal de Justicia Administrativa de
Oaxaca y suspender los efectos de dicha reforma en tanto se resuelve de fondo.
Alzamos la voz ante los atropellos y ataques contra
el Poder Judicial, tribunales, ministros, jueces y magistrados, nos sumamos a muchos otros actores de la sociedad civil
que se han pronunciado al respecto y rechazamos
enérgicamente estos ejercicios antidemocráticos.
En
el Modelo de Desarrollo Inclusivo que impulsamos para México, consideramos como
un pilar fundamental el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de un
sistema político democrático, con instituciones independientes sólidas, así
como leyes y reglas claras, estables, que todos debemos cumplir.
Por
ello decimos: Sí a
la ley, sí a la separación de poderes y sí a la preservación de nuestro Estado
Democrático y de Derecho.
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