El gobierno de
Chimalhuacán se ha conducido con legalidad y respeto, permitiendo la libre
manifestación de ideas sin usar la violencia y ofreciendo un diálogo abierto
para alcanzar consenso”, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Saúl Torres
Bautista.
En conferencia de
prensa, el funcionario descartó que el Ayuntamiento haya utilizado la fuerza
pública para desalojar el pasado lunes a un grupo minoritario que mantenía
desde hace dos semanas bloqueada la avenida Juárez, afectando las actividades
ordinarias de habitantes de las comunidades de San Pablo y Xochitenco.
“Desde el pasado 9
de enero, un grupo de personas colocó una carpa sobre la vialidad Benito
Juárez, obstruyendo el paso de vehículos y peatones, hechos ante los cuales el
gobierno municipal fue respetuoso, hasta el último momento en el que se
retiraron. La obra de perforación del pozo San Pablo-Xochitenco es una voluntad
de la mayoría de los habitantes de la zona, por ello en todo momento hemos
actuado apegados a la legalidad”.
El funcionario
presentó ante los medios de comunicación fotografías y videos en donde se
muestra el momento en que los inconformes abandonan el bloqueo, así como los
trabajos de desmonte de una carpa, mesas y sillas, por parte de una empresa
alquiladora.
“Lamentamos que
tras estos hechos se difunda información errónea y tendenciosa para tratar de
desestabilizar las acciones y obras del gobierno local. Exigimos un cese a
estos ataques; estamos convencidos que los intereses políticos de una minoría
no detendrán el progreso de las comunidades”.
Torres Bautista
añadió que el ODAPAS cuenta con el permiso B00.801.02.01-1055 de fecha 21 de
noviembre de 2019, emitido por la Comisión Nacional del Agua, para la
edificación de la obra, la cual se pretende concluir a finales del mes de
febrero, con sus respectivas líneas de conducción, abasteciendo del vital
líquido a más de mil 200 familias de la zona, descartando el traslado del vital
líquido hacia otras zonas.
“Nuestro
compromiso con los chimalhuacanos está vigente, por eso, el pasado lunes 20 de
enero, acudimos con más de 500 vecinos al Ministerio Público estatal a
interponer cinco denuncias por las afectaciones, bloqueos y obstrucciones
orquestados por un grupo minoritario, quien sin sustento ha intentado anteponer
sus intereses personales por encima del bienestar de la comunidad”, concluyó.
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