jueves, 5 de diciembre de 2019

INEGI: Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre)




  • En México, 56.7% de población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.
  • Durante 2017, 14.6% de la población adulta que tuvo contacto con un servidor público sufrió algún acto de corrupción, observándose un aumento en la prevalencia de corrupción respecto a 2015
  • En 2018, 17 entidades contaron con Plan o Programa Anticorrupción estatal, 9 indicaron estar en proceso de integrarlo y 6 indicaron no contar con uno.

Ante el debilitamiento de las instituciones, la democracia, la ética y la justicia que deja la corrupción entre las sociedades, y el obstáculo que significa para el desarrollo de las naciones y el estado de derecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que tiene entre sus objetivos la promoción y el fortalecimiento de medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera eficaz y eficiente, facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica. Además, para crear conciencia sobre la gravedad de este problema, se designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

La corrupción es un problema que afecta a organizaciones públicas y privadas y se define como el abuso de la posición organizacional para obtener beneficios de manera ilegítima. Además, se caracteriza por ser un fenómeno multidimensional, que se realiza en secrecía, involucra a varios actores y tiene orígenes e impactos políticos, sociales, culturales y/o económicos. A fin de trazar estrategias de prevención, combate y sanción contra la corrupción basadas en evidencia , es necesario conocer sus patrones, tendencias y características.

A lo largo de los últimos años México ha realizado diversos esfuerzos para hacer frente a esta problemática. La más reciente ocurrió en 2015 cuando se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como mecanismo encargado de coordinar la Política en materia de corrupción a nivel nacional. Un año después, se expidieron nuevas leyes que buscaron otorgar piso normativo al combate a la corrupción, tales como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 hace explícito como objetivo central el erradicar la corrupción del sector público como elemento clave para el desarrollo. Para tal efecto, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 propone atender las causas y efectos de la corrupción, a través del combate a los niveles de impunidad administrativa en el gobierno federal, la promoción de la eficiencia y eficacia de la gestión pública, la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública Federal, así como del uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano. En el mismo sentido, algunos gobiernos locales han colocado el combate a la corrupción como estrategia prioritaria en sus programas estatales de desarrollo.

En este contexto, el presente comunicado ofrece una fotografía del problema de la corrupción en nuestro país y una visión panorámica de los mecanismos con los que cuentan las entidades federativas para prevenir y atender dicha problemática, a partir de la información que brindan la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE), instrumentos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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