· El Secretario
de Comunicaciones y Transportes dijo que nunca debió aprobarse y menos iniciarse la obra
· Afirmó
que su cancelación evitó un desastre ecológico mayor porque presentaba
planeación deficiente y era oneroso, pues su costo se elevó
considerablemente
El
Secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez
Espriú, afirmó que el aeropuerto de Texcoco nunca debió aprobarse y
menos iniciarse.
Fue un error gravísimo. Su cancelación evitó un desastre ecológico
mayor.
Además,
señaló que, con la decisión del Gobierno Federal de cancelar la obra,
se impidió una severa explosión demográfica en la Zona Oriente del Valle
de
México, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, el
dispendio de enormes recursos públicos y la herencia de altos
compromisos financieros a las administraciones posteriores.
En
conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular de la SCT destacó
que se evitó el desperdicio de la infraestructura aeroportuaria
existente y los
riesgos del comportamiento de pistas e instalaciones en un terreno
inestable y complejo.
Jiménez
Espriú dijo que el proyecto presentaba una planeación deficiente, era
oneroso, complejo y con cambios constantes en su concepción; el costo de
su
construcción se elevó considerablemente, sin que se actualizara el
análisis costo-beneficio original, provocando que las fuentes de
financiamiento resultaran insuficientes.
La
solución financiera planteada, comentó, presentaba graves
irregularidades de planeación y contratación, y comprometía las
decisiones soberanas a través
de complejos instrumentos de “blindaje”, que significaban compromisos
severos para las administraciones siguientes.
Al
presentar un informe sobre las razones que llevaron a la cancelación de
la construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco, señaló que las
irregularidades
más significativas detectadas, hasta el momento, pueden significar un
probable daño patrimonial en contra del Estado Mexicano, lo que
definirán las autoridades competentes.
El
Secretario de Comunicaciones y Transportes indicó una serie de
inconsistencias que convertirían al proyecto en un pozo sin fondo,
elefante blanco, con
improvisaciones y riesgos e irresponsabilidades fiscales.
Jiménez
Espriú aseguró que la obra nunca estuvo considerada en el Plan Nacional
de Desarrollo; no contó con proyecto ejecutivo; tuvo cambios que no
autorizó
la Secretaría de Hacienda; y, en el caso más optimista, no iniciaría
operaciones antes de 2024 como ya había advertido la empresa Parsons,
gerente del proyecto.
En
cuanto al impacto ambiental, urbano y social, dijo que cada uno de
estos aspectos por sí sólo era suficiente para no haber aprobado la
construcción del
nuevo aeropuerto en Texcoco; apenas con 21 por ciento de avance ya
había generado graves impactos, en algunos casos irreversibles e
incompensables para toda la región.
La
Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) del proyecto no llevó a cabo
un análisis de los daños acumulativos que las obras iban a generar, y
más bien se
buscó fragmentarlas para ocultar y disimular las afectaciones. En
cuanto a lo urbano, la construcción fue emprendida sin la existencia de
planes o programas metropolitanos que contemplaran la regulación del uso
del suelo y el ordenamiento territorial.
Respecto
al impacto social, no consideró la participación de la ciudadanía, ni
de las autoridades locales de la Ciudad de México y del Estado de
México.
El
proyecto y su presupuesto no estimaron obras de infraestructura
importantes, como las de alivio social, agua, alcantarillado y
electricidad.
En
referencia a los aspectos técnicos, sólo priorizaron los asuntos
aeronáuticos y de demanda, y los que se realizaron presentaron severas
omisiones que produjeron
costosos cambios e improvisaciones.
La
puesta en operación del nuevo aeropuerto en Texcoco implicaba el cierre
de Santa Lucía y del Aeropuerto Benito Juárez en el mismo instante en
que se inaugurara.
Esta situación exigía que tuviera que funcionar al 100 por ciento desde
el primer minuto del primer día, porcentaje imposible de cumplir en un
proyecto de esta complejidad.
Pese
a su magnitud, nunca estuvo considerado en los instrumentos de
planeación oficiales, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el
Programa Nacional
de Infraestructura 2014-2018, sólo hacía referencia a él y consideraba
una inversión por alrededor de 120 mil millones de pesos, entre recursos
públicos y privados.
Otra
prueba de la forma irresponsable de emprender el proyecto, fue que el
contrato para construir el Edificio Terminal se licitó y adjudicó, sin
disponer
de un proyecto ejecutivo que incluyera la ingeniería de detalle, lo que
provocó una demanda por parte del consorcio ganador al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México en octubre de 2018, ya en plena
construcción de la terminal.
El
Secretario de Comunicaciones y Transportes precisó que el hecho de no
haber dispuesto de un proyecto financiero bien definido y al no contar
con un presupuesto
multianual, no sólo afectó la rentabilidad y el costo-beneficio, sino
que fue una irresponsabilidad fiscal.
Más
aún, agregó, al no tener la debida autorización ni la reevaluación de
la obra por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fueron
invertidos
recursos provenientes de financiamiento privado, con garantías
públicas, esperando que la carga presupuestal de los recursos públicos
se diera en los últimos años del proyecto, lo cual dejaría la carga a la
administración 2018-2024, acto irresponsable y violatorio
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Administrativa.
Resaltó
que independientemente de las anomalías de diversa índole, de ocultar
información relevante y de las irregularidades encontradas que pudieran
convertirse
en responsabilidades por omisiones y posibles actos de corrupción o
daño patrimonial (de todo lo cual se dará vista a los órganos
fiscalizadores competentes), el Gobierno Federal tomó la mejor decisión
al cancelar la obra.
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