FIDH DENUNCIA CORRUPCIÓN EN FAVOR DE COCA-COLA DENTRO DE PROCESO DE INVESTIGACIONES PENALES

El Frente Internacional de Derechos Humanos que preside Rubén Kin Laureano Fresco, filial del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció ante el Presidente del Congreso de la Unión, Diputado Santiago Creel Miranda, las irregularidades y violaciones a garantías individuales que están ocurriendo por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en contra del empresario José Antonio del Valle Torres, Director General de Go Gaba quien habría denunciado penalmente a Coca-Cola por fraude y robo de propiedad industrial desde el año 2018.  

El organismo también señala el silencio y la inacción de ambas Cámaras, y es que si bien la Senadora Olga Sanchez Cordero, entonces Presidenta del Senado, habría turnado una primer denuncia del Frente al Senador Roberto Moya Clemente, entonces Presidente de la Comisión de Economía, este habría omitido cualquier seguimiento al asunto. Una segunda denuncia formulada a la misma Senadora Sanchez Cordero, entonces en su calidad de Presidenta de la Comisión Permanente, habría sido nuevamente turnada pero en esta ocasión a la Senadora Lucía Meza Guzmán, entonces Presidenta de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente, quien también habría omitido cualquier acción en relación a este caso. La situación en la Cámara de Diputados llama aún más la atención pues el entonces Presidente de dicho órgano legislativo, Diputado Sergio Gutiérrez Luna, ni siquiera habría respondido a la denuncia respectiva del Frente lo cual resulta en una violación Constitucional. Esta quinta denuncia del Frente al Poder Legislativo, que hoy está en manos de Santiago Creel Miranda, señala que la FGJCDMX estaría desobedeciendo directrices de los Jueces de Control; formulando hipótesis legales fuera de la ley, y realizando determinaciones sin la debida competencia, todo ello en un actuar ilegal de la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy Ramos para favorecer ilegalmente a Coca-Cola y a varios de sus altos ejecutivos, entre ellos el Director Mundial de Mercadotecnia, Manuel Arroyo Prieto, en un proceso de investigaciones penales que ya rebasa los cuatro años y solamente destaca por la corrupción e inacción de las autoridades.