Acusar no es probar

Laura Castillo García

Vocera del Movimiento Antorchista en el Estado de México

Como la opinión pública sabe -porque el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, se ha encargado de difundirlo ampliamente en los medios de comunicación-, la primera quincena de agosto congeló las cuentas bancarias del diputado federal Brasil Acosta Peña, también dirigente de los antorchistas del Estado de México, y posteriormente aplicó la misma medida a las cuentas del ingeniero Juan Manuel Célis Aguirre, dirigente del Movimiento Antorchista en Puebla, a quien desde hacía varios meses venía acosando y amenazando el gobierno morenista de Puebla a cargo de Miguel Barbosa, hasta que por fin se decidió a ordenar el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Ni Brasil Acosta Peña ni Juan Manuel Célis Aguirre han sido llamados a algún órgano o instancia gubernamental para que declaren respecto a los movimientos que presentan sus cuentas bancarias, eso solo lo ha exhibido mediáticamente Santiago Nieto porque así conviene a la campaña de golpeteo en contra del antorchismo. Además, seguramente no han llamado a declarar oficialmente a los antorchistas ofendidos, porque saben que su contabilidad está al día y regularmente realizan sus declaraciones hacendarias.

Es más, el día que el diputado federal Brasil Acosta acudió a las oficinas de la UIF para conocer las causas del arbitrario congelamiento de sus cuentas, no lo recibió el titular de la misma; solo le mandó decir, a través de la Oficialía de Partes, que entregara sus “alegatos” en ventanilla, lo que indica a las claras que ese organismo y su director no investigan seriamente pues, si hubieran comprobado los ilícitos denunciados, lo lógico era que inmediatamente hubieran tomado acciones en contra de Acosta Peña, pero no fue así.

Las calumnias lanzadas por la UIF en contra del Movimiento Antorchista Nacional, cayeron como “anillo al dedo” a los medios de comunicación que siempre andan en busca de noticias explosivas porque les aportan oportunidades para atraer más lectores o espectadores y -no hay por qué ocultar las prácticas de ciertos medios- porque también les sirven para hacerse de recursos extras al ponerse a las órdenes de quienes dan esas noticias falsas.

Ese recurso de lanzar noticias falsas -conocidas en redes sociales como fake news es de uso tan común en los medios que ha sido analizado por los estudiosos más conspicuos. Por ejemplo, en la introducción de su libro “La mentira en la propaganda política y en la publicidad”, el psicólogo social francés Guy Durandin asegura que la mentira modifica la conducta de las personas a través de la persuasión y que uno de los principales medios que utilizan para lograrlo son las falsas informaciones, o sencillamente “seleccionando las informaciones”, pues así se modifican los juicios de la gente sobre las cosas o personas. Para Durandin, pues, la mentira es un arma que tiene como propósito “colocar al adversario en un estado de debilidad relativa.”

Preciso. No es que los medios de comunicación sean mentirosos: ellos solo informan hechos y no están interesados en cuestionar si lo que dicen es verdad o mentira, si su acusación está sustentanda con pruebas en tribunales u organismos oficiales. Cierto que hay medios que tratan de recoger objetivamente la versión de las diferentes partes involucradas, pero hasta en eso hay trampas que algunos utilizan a su conveniencia, cuestión que hoy no abordaré, pero que es una práctica que es necesario erradicar.

Pero sí hay mentirosos redondos que sin el menor escrúpulo calumnian para golpear a sus adversarios políticos, los cuales generalmente son los declarantes que aprovechan que los medios no piden ninguna prueba. Es el caso del director de la UIF, Santiago Nieto Castillo, quien no atiende a los antorchistas ni los llama a las oficinas de Hacienda o a tribunales para seguir un proceso apegado a la ley, pero sí utiliza profusamente a los medios de comunicación para desacreditarlos.

A las acusaciones falsas se les llama calumnias. Y así como los detractores de Antorcha no han podido comprobar que sus militantes hayan delinquido y, por tanto, sí se ha comprobado que sus acusaciones son viles calumnias; es decir, que los antorchistas no vivimos de los “moches” y que no somos “huachicoleros”, como aseguraba el presidente López Obrador, tampoco encontrarán ninguna prueba que demuestre que Brasil Acosta y Juan Manuel Célis recibieron “recursos en efectivo y al margen de la ley”. Acusar no es probar. Más bien se trata de una profusa campaña mediática para desacreditar al antorchismo poblano, a fin de que no siga creciendo y llegue debilitado al proceso electoral del 2021, el cual ya perdió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.