En este 2020, como resultado del Pacto Fiscal, mil 972 mil millones de pesos han sido destinados a la distribución del gasto federalizado, con la finalidad de que los gobiernos de las 32 entidades cuenten con recursos para infraestructura, educación, salud, entre otros.
La disparidad en la
carga recaudatoria que se deriva del actual Pacto Fiscal es un reto
pendiente que tenemos como País. Mientras que en el norte se logra
la mayor recaudación en estados con baja densidad población; al sur
encontramos entidades que aún cuando tienen un mayor número de
habitantes, son los que menos recursos aportan a la Federación.
El 65% del total de
los ingresos tributarios de todo el país se concentran en Ciudad de
México (46.2%), Nuevo León (8.5%), Tamaulipas (7.7%) y Veracruz
(7.5%). Contrario a ellos, encontramos a estados como Chiapas,
Guerrero y Oaxaca, cuyas aportaciones tributarias representan apenas
el 10% del total de los recursos federales que perciben.
Este amplio
contraste entre lo que se recauda y lo que se recibe, se explica en
los dos problemas principales que implica el sistema actual de
distribución del gasto federalizado:
Primero. Un reparto
inequitativo entre los estados que no atiende criterios justos, la
fórmula actual sólo considera como variables el número de
habitantes y la recaudación generada por cada entidad, pero no
premia a los estados que más esfuerzos hacen por recaudar y que
cuentan con sistemas de recaudación más modernos.
Segundo. Dado que
actualmente los estados que menos aportan son también los que más
recursos reciben, el esquema actual de distribución de recursos ha
ocasionado una mayor dependencia presupuestal, al no promover el
fortalecimiento hacendario ni estimular las responsabilidades
tributarias locales.
Es un hecho que el
Convenio de Coordinación Fiscal, creado en 1947 durante el sexenio
de Miguel Alemán Valdés, ya no responde a las necesidades actuales
de los estados y municipios. El México actual requiere de un nuevo
Pacto Fiscal que revise el esquema para la distribución del gasto
federalizado, que mantenga su sentido solidario, sí, pero que
también reconozca los esfuerzos que en materia recaudatoria realizan
los gobernadores y alcaldes. No se trata de abrir una caja de
pandora, sino de que una vez por todas modifiquemos un Convenio que
al día de hoy es obsoleto.
Aunque la
solidaridad es uno de los principios del pacto federal, la inequidad
no puede llegar al extremo de minar las capacidades financieras
básicas de las entidades que más ingresos aportan a las arcas
públicas de nuestro país. Cabe mencionar que el actual esquema de
distribución genera además riesgos financieros al traducirse, en
algunos casos, en la contratación inmoderada de deuda pública.
Ejemplo de ello son, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, que
obtienen hoy más recursos por la vía del financiamiento que por
parte de las contribuciones fiscales.
Más aún, aunque el
Gobierno Federal ha mantenido su propuesta de no crear nuevos
impuestos o aumentarlos, lo cierto es que un gasto federalizado
estático no alcanzará para que los gobiernos estatales y
municipales cubran las crecientes necesidades de su población; esto
los obligará a recurrir a la creación de nuevos impuestos locales
asumiendo por sí solos el costo político que esto implica.
Además, al no haber
incentivos para recaudar, la regla de distribución actual genera una
mayor dependencia de los recursos. Como resultado, los estados que
más recursos reciben mediante transferencias federales son también
los que menos recursos propios generan. Este es el caso de Oaxaca,
Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos, cuyos ingresos propios por
recaudación representan menos del 2% de sus ingresos totales. En
contraparte, la CDMX y Nuevo León representan el 25% y 11%,
respectivamente.
Otra problemática
reside en la pobre fiscalización que tenemos a nivel estatal y
municipal. En este sentido, las observaciones de la Auditoria
Superior de la Federación sobre el ejercicio de los recursos que se
transfieren a estados y municipios son preocupantes. Auditoría tras
auditoría, se destaca la ausencia de controles eficientes que
permitan monitorear y vigilar, con profundidad y oportunidad, que los
gobiernos locales apliquen los recursos para los propósitos a los
que les fueron destinados. Tan sólo en la Cuenta Pública 2018, se
encontraron 38 mil millones de pesos que fueron gastados por los
gobiernos estatales y municipales que al día de hoy no han aclarado
o comprobado cómo fueron utilizados.
Desde Coparmex
exhortamos al gobierno federal a convocar este año a los 3 órdenes
de gobierno, para que, junto con la sociedad civil, se lleve a cabo
una verdadera Convención Nacional Hacendaria donde se alcancen
acuerdos sobre cuatro dimensiones particularmente relevantes:
1. Determinar una
nueva fórmula del egreso mejorando el reparto del gasto federalizado
a través de nuevos criterios de distribución y añadiendo un
sentido de justicia a la repartición de los recursos fiscales. Más
allá del índice de población, el diseño de un nuevo planteamiento
en el reparto del gasto requiere necesariamente considerar nuevos
criterios como los esfuerzos de saneamiento financiero, el incremento
de los ingresos propios, el esfuerzo recaudatorio, y la extensión
territorial.
2. Promover la
recaudación local. Por las condiciones tan distintas que hay entre
los estados, cualquier reforma de Coordinación Fiscal será
asimétrica y deberá cumplir con los principios de solidaridad. Sin
embargo, se debe de incentivar a los estados con menos recaudación
local a que lo hagan, teniendo como meta dejar de sobrevivir a costa
del sustento de la federación.
3. Alcanzar una
nueva legislación fiscal, que considere los impuestos directos (ISR)
y los indirectos (IVA y IEPS), enfocada a elevar los ingresos de la
recaudación mediante el incremento a la base de contribuyentes.
4. Inclusión de
mejores mecanismos para fiscalizar los recursos subnacionales.
Establecer controles para asignar, monitorear, vigilar y hacer
transparente la aplicación de los recursos por parte de estados y
municipios para evitar que se destinen a propósitos distintos a los
que les fueron etiquetados.
En Coparmex estamos
convencidos de que, con un renovado federalismo, es posible
fortalecer al Pacto Fiscal, y de esta forma, potenciar el desarrollo
de cada una de las regiones. No hay razón para seguir postergando la
Convención Nacional Hacendaria, el momento es ahora, estaremos
atentos a la convocatoria del gobierno federal.
Muchas gracias
+++
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