El
1 de Septiembre se cumplieron 275 días de la administración del
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Acorde al mandato
constitucional el titular del Poder Ejecutivo Federal cumplió con la
obligación de entregar su Primer Informe de Gobierno, aunque no
asistió a la sesión de Congreso General para hacerlo, como lo había
comprometido al inicio de su gestión.
Sin
sorpresas mayores, el Presidente leyó un discurso en Palacio
Nacional, donde resaltó –una vez más– las diferencias entre su
forma de hacer política y gobierno, y la de las administraciones
anteriores. Más que un informe del Estado que guarda la
administración pública federal, se trató de un compendio de
acciones políticas.
No
hubo en la alocución presidencial la rendición de cuentas que se
espera en el primer corte de la administración pública federal como
lo marca la Constitución. La retahíla versó, una vez más, en
relación a los programas sociales que no cuentan con una métrica
para conocer sus efectos en el desarrollo de la economía y en la
satisfacción de la sociedad beneficiaria.
En
cuatro temas torales abordados por el presidente de la República,
los retos superan los logros: Estado de derecho, soberanía entre
poderes, respeto a los órganos autónomos y democracia.
Las
carencias del Estado de Derecho, como el combate a la corrupción y a
la impunidad, no se solucionan por retórica, es necesario hacerlo
cumpliendo las leyes para todos sin distingos, con la participación
activa de los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y, efectivamente, manteniendo una distancia del
partido político que ostenta la mayoría en las cámaras federales.
Hechos
como el memorándum emitido por el Presidente para pretendidamente
abrogar la reforma educativa, violentan el Estado de Derecho y ponen
en riesgo las atribuciones de cada Poder de la Unión.
México
requiere de un quehacer gubernamental bien definido en cuanto a su
división de poderes. Con un Legislativo ejerciendo a cabalidad sus
facultades electivas, presupuestarias y de fiscalización; y con un
Poder Judicial garante de la constitucionalidad y la legalidad.
Hablar
de respeto a la democracia cuando desde la oficina presidencial se
pretende limitar las operaciones del Instituto Nacional Electoral, o
cuando en Baja California el partido del Presidente con su mirada
complaciente se apuesta a invalidar el mandato ciudadano, resulta
falaz.
México
necesita, y el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre
estuvo consciente de ello, de instituciones fuertes y respeto a las
leyes, para avanzar no solo en términos de democracia, también en
materia económica.
En
el balance general de este Primer Informe de Gobierno, más allá del
acto de divulgación ideológica que llamó “Tercer Informe de
Gobierno al Pueblo de México”, destacan acciones, afloran errores
y se vislumbran pendientes.
Lo
bueno
En
cuanto a lo positivo, destaca el compromiso con la austeridad en el
uso de los recursos públicos, el anunciado ahorro por 145 mil
millones de pesos, así como la colaboración con los gobiernos de
los Estados para hacer un reparto equitativo de los recursos y
favorecer a los estratos de la sociedad que han permanecido
desprotegidos.
El
histórico incremento al salario mínimo, el cual desde la Coparmex
se impulsó para situarlo por encima de la línea del bienestar, fue
avalado sin reservas por el presidente de la República,
incrementándose un 16 por ciento hasta quedar en 102.68 pesos.
Celebramos
la participación activa del gabinete económico para la preservación
y aprobación de las negociaciones que llevaron a México, en esta
administración, a la conclusión del T-MEC. México seguirá
impulsando una relación estrecha y sumamente productiva con sus
socios regionales, Estados Unidos y Canadá.
En
el mismo sentido, es encomiable el fin del diferendo entre la
Comisión Federal de Electricidad y las constructoras de gasoductos
en México. Es un buen signo para el país en su conjunto, una señal
de que se pueden corregir las decisiones radicales en el ámbito
energético.
También
destaca, en materia de seguridad, la creación y conformación de la
Guardia Nacional para ayudar a erradicar la impunidad y fortalecer la
investigación en el ánimo de disminuir los índices en la comisión
de delitos, particularmente en las carreteras del país y en las
ciudades más afectadas por la violencia.
Lo
malo
Ahora
bien,
en estos primeros 275 días de la administración federal, ha habido
faltas que resultaron costosas para el país. Es evidente
que la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
marcará un hito en la presente administración.
Es
un error histórico que ya ha costado la pérdida de confianza,
cientos de miles de empleos, así como miles de millones de pesos,
que serán pagaderos en varias generaciones de mexicanos. Esperamos
que las resoluciones judiciales, den el espacio para la
rectificación.
En
cambio, el Presidente insistió que continuará con obras y proyectos
de infraestructura, a pesar de que carecen del sustento técnico,
legal y ambiental suficiente, como lo exige nuestro marco normativo.
Resultan
lamentables los recortes presupuestales al Coneval y al INEGI, que
comprometen la valoración acertada de las políticas públicas y,
con ello, la mejor instrumentación de acciones de gobierno que
efectivamente beneficien a las familias mexicanas.
Lo
preocupante
Está
claro, y el Presidente lo resaltó en su primer informe, que con el
cambio de
gobierno hay un evidente contraste con otras administraciones. Sin
embargo, no se debe perder más tiempo en reinventar y reconstruir
todo lo habido antes de la presente administración.
La
cancelación de la Reforma Educativa,
el
congelamiento de la Reforma Energética
–mediante
la suspensión de las rondas petroleras y las subastas de
electricidad– y la finalización de iniciativas sociales como las
Estancias Infantiles, ponen en riesgo las oportunidades hacia
adelante y los derechos ganados por los mexicanos.
Igualmente,
en materia de desempeño económico no podemos ser muy optimistas.
Las constantes revisiones a la baja sobre las expectativas de nuestro
crecimiento son francamente desalentadoras. Ejemplo de ello, es el
reciente dato provisto por el INEGI del 0.0% del crecimiento
económico durante el segundo trimestre de 2019.
Lo
mismo sucede con las alarmantes cifras de violencia y delincuencia al
alza, que abonan a generar un clima de desconfianza e incertidumbre,
ante la ausencia de una estrategia integral y real, de combate a la
criminalidad en México. Ciertamente como lo asienta el presidente,
no se trata de tomar las armas, pero resultan necesarias políticas
públicas y operativas de inteligencia para desarticular las
estructuras criminales que no solamente laceran la tranquilidad de
los mexicanos, también inhiben la inversión regional.
Retos
hacia adelante
En
Coparmex señalamos cinco retos para el Gobierno de México, con el
carácter de prioritario.
Primero.
Sí combatir frontalmente la corrupción en todos los niveles y en
todas las esferas, pero dejando a un lado las persecuciones y los
ajustes de cuenta personales; que en todo momento prevalezca la
justicia y el respeto a la Ley.
Para
promover un uso racional de los recursos públicos y hacer valer el
Estado de Derecho, es fundamental apuntalar mecanismos como el
Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de
Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Segundo.
Urgentemente, se deben frenar los índices de violencia y
delincuencia, fortaleciendo los componentes de seguridad pública,
para que las familias mexicanas puedan salir a las calles sin miedo y
puedan vivir en condiciones de paz.
Es
momento de dejar de culpar a las administraciones anteriores y asumir
la plena responsabilidad del poder. Primero es la seguridad de los
mexicanos.
Tercero.
Atender los claros signos de desaceleración e impulsar el
crecimiento de la economía nacional. Ni las críticas al llamado
“neoliberalismo”, ni la retórica sobre lo que parece un
“neoestatismo” niegan la importancia de crecer.
Lo
hemos referido antes: sólo creciendo se puede aspirar al desarrollo
constante y al bienestar de los mexicanos en el largo plazo.
Cuarto.
Fortalecer
la democracia y la participación social, que requiere el México del
siglo XXI.
La
democracia participativa implica el involucramiento de más
ciudadanos, opinando en libertad sobre los temas que comprenden a la
agenda pública, como la seguridad y la educación, la cultura y el
turismo, los derechos humanos y el medio ambiente, entre otros. Las
organizaciones de la sociedad civil están ahí para sumar a todas
estas causas.
Y
finalmente, quinto reto. Garantizar
la tolerancia y las libertades.
Los
constantes señalamientos a organismos calificadores, empresas y
representantes de los medios de comunicación, incluso mediante
adjetivos despectivos, promueven la intolerancia, la división de la
sociedad y la afectación de las libertades de los ciudadanos que
ejercen su derecho de opinar y disentir.
En
Coparmex, hacemos un llamado muy respetuoso al Presidente para evitar
cualquier manifestación que ponga en riesgo el marco democrático de
nuestro país.
México
tiene que recuperar el clima de confianza para atraer nuevas
inversiones, generar empleos y detonar el desarrollo. No hay tiempo
que perder.
En
Coparmex, seguiremos aportando ideas y propuestas, incitando al
diálogo entre sectores de la sociedad. También, señalaremos cuando
el quehacer gubernamental ponga en riesgo la estabilidad del país y
el bolsillo de las familias mexicanas.
Juntos
y sólo juntos, podemos sumar a la causa que nos une, el desarrollo
de México. Muchas gracias.
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