A continuación, le
cedo la palabra al licenciado Alejandro Díaz de León, Gobernador
del Banco de México. Si nos hace el honor.
- ALEJANDRO DÍAZ
DE LEÓN: Doctor Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito
Público;
Doctor Arturo
Herrera, subsecretario de Hacienda y Crédito Público;
Ingeniero Adalberto
Palma, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
Ingeniero Marcos
Martínez, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México;
Licenciado Luis Niño
de Rivera, presidente entrante de la Asociación de Bancos de México;
Muy distinguidos
miembros del presídium;
Señoras y señores:
Me da mucho gusto
participar en esta Octagésima Segunda Convención Nacional Bancaria,
este encuentro constituye una magnífica oportunidad para afinar una
agenda de colaboración entre las autoridades reguladores y los
participantes del sector financiero.
Quiero centrar mi
intervención en tres aspectos: Uno, la lógica y el propósito del
mandato del Banco de México y la importancia de su autonomía, de la
cual en este 2019 se cumplen 25 años; dos, el contexto y el
comportamiento reciente de la inflación, y tres, algunas de las
principales oportunidades y retos que enfrenta el sistema financiero.
Los bancos centrales
tienen la misión principal de dotar de dinero fiduciario a sus
economías, al contar la facultad exclusiva de emitir billetes y
monedas, las tareas del Banco Central deben realizarse con extremada
r responsabilidad y prudencia, pues la funcionalidad del dinero
fiduciario radica en la confianza que la población tiene en su
efectividad como medio de pago, resguardo de valor y unidad de
cuenta.
Cuando el público
percibe que el dinero puede sufrir mermas significativas a su poder
adquisitivo, ello propicia un ambiente de inestabilidad y afecta
considerablemente la actividad económica y el bienestar social.
De ahí la
importancia de un entorno de estabilidad de precios que genere
certidumbre para la planeación de los todos los participantes de la
economía que permita dirigir los recursos de manera más eficiente,
que promueva la inversión en proyectos productivos de largo plazo,
con amplios beneficios sociales y que proteja el poder adquisitivo de
los salarios.
Estas condiciones
son un requisito indispensable para cualquier proceso de crecimiento
económico sostenido. Por ello, los bancos centrales deben ser
garantes de la estabilidad de precios y propiciar la confianza del
público en el dinero fiduciario, lo cual se logra cuando estos
cuentan con objetivos claros, verificables y ligados a sus
posibilidades.
A finales del siglo
pasado múltiples naciones que no contaban con un marco adecuado para
la actividad del Banco Central intentaron utilizar la política
monetaria como un instrumento directo de promoción del crecimiento,
desatando costosos episodios inflacionarios y de retroceso económico,
por ello se llegó a una conclusión clara sobre las posibilidades y
límites de la política monetaria. Tanto la experiencia histórica
como la evidencia empírica demuestran de manera fehaciente que la
política monetaria influye en la trayectoria de la inflación de
largo plazo, mientras que es claramente ineficaz para influir en el
crecimiento y el empleo en el largo plazo.
Debido a lo
anterior, desde las dos últimas décadas del siglo XX se extendió
el consenso en torno a la importancia de mantener dentro del Estado
una institución orientada, fundamentalmente, a procurar la
estabilidad de precios con un mandato de largo plazo, y por ello
numerosas naciones otorgaron autonomía a sus bancos centrales.
En México las altas
y persistentes tasas de inflación que estuvieron estrechamente
asociadas a los déficits públicos financiados con crédito del
Banco Central y que afectaron significativamente el crecimiento
económico y el bienestar de la población también llevaron a
separar con una base constitucional y legal firme la creación de
dinero de otras funciones del gobierno que enfrentan demandas
permanentes para aumentar el gasto.
Así en 1993 se
aprobó una reforma constitucional que a partir de 1994 brindó
autonomía en su administración y funciones al Banco de México y
estableció como su principal objetivo procurar la estabilidad del
poder adquisitivo de la moneda nacional.
La ley también
señala dos funciones adicionales estrechamente relacionadas con su
objetivo prioritario, que son promover el sano desarrollo del sistema
financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
Desde que entró en
vigor la autonomía del Banco de México se ha consolidado una clara
conciencia de que la transparencia y la rendición de cuentas son
prácticas que van de la mano con la mayor independencia y que son
indispensables para consolidar la credibilidad y mejorar la eficacia
de las políticas de la institución.
Paralelamente en
línea con una robusta evidencia académica, en los años 90 surgió
un nuevo paradigma internacional en la conducción de la política
monetaria, el denominado de objetivos de inflación, el cual se basa
en tres elementos:
El establecimiento
de una meta explícita de inflación. La divulgación de los métodos
y procedimientos para alcanzarla. Y la estricta rendición de cuentas
sobre los resultados.
El Banco de México
adoptó formalmente este esquema a partir de 2001, y se base en una
meta permanente para la inflación general de 3 por ciento, con un
intervalo de variabilidad de más o menos 1 punto porcentual.
Esta meta va
acompañada de una estrategia de comunicación que busca dar certeza
y consolidarse como una guía de las expectativas de inflación de
los agentes económicos.
Cuando el público
conoce las metas y las estrategias del Banco Central y tiene una idea
clara que de reaccionará ante los choques que pudieran desviar de
manera sostenida a la inflación de su objetivo sus expectativas
tienden a estar alineadas a dicho objetivo.
Por eso es
fundamental divulgar con amplitud y oportunidad los datos económicos
y los análisis en los que el Banco de México basa su toma de
decisiones; ello permite al público una mejor comprensión,
seguimiento y evaluación de las acciones del Banco Central, lo que a
su vez genera confianza respecto al cumplimiento de la meta.
A lo largo del año
pasado, el Banco de México adoptó nuevas medidas de transparencia,
en particular. Desde febrero del 2018 se publican en cada informe los
pronósticos puntuales para la inflación promedio trimestral de los
próximos ocho trimestres, con ellos, el público cuenta con una
referencia explícita de la guía de las acciones de política
monetaria.
Segundo, desde mayo
del año pasado las minutas de las decisiones de política monetaria
incluyen la identidad de los votantes y en caso de que exista algún
disentimiento añade una explicación del mismo.
Y tercero, las
minutas íntegras de las reuniones de la Junta de Gobierno en las que
se adopta la decisión de política monetaria, se divulgarán tres
años después de la reunión correspondiente, plazo menor al
utilizado por la mayoría de los bancos centrales.
Adicionalmente, para
propiciar una discusión más amplia sobre la normatividad en materia
financiera que emite el Banco de México, se adoptó un mecanismo de
consultas públicas abiertas, homogéneas y transparentes, en la que
todos los agentes conocen con la misma oportunidad los borradores de
disposiciones y pueden comentarlos bajo un proceso público.
Ello favorece la
participación y enriquece el criterio de la autoridad en la
generación de normas bajo un principio de piso parejo.
En los últimos
años, la política monetaria ha operado en un ambiente parejo. Desde
2014 la economía mexicana ha enfrentado una serie de choques
adversos e incertidumbre, que han implicado una reducción de las
fuentes de financiamiento externo. Los choques han sido de tal
magnitud que los flujos de recursos financieros provenientes del
exterior pasaron de representar 4.1 por ciento del producto en
promedio entre 2013 y 2014, a solo 1.3 por ciento en promedio entre
2015 y 2018.
Por un lado, se ha
experimentado una caída drástica en los precios del petróleo desde
mediados de 2014, u adicionalmente la plataforma de producción de
este energético se ha venido reduciendo considerablemente. Ello
propició un cambio radical en la balanza comercial petrolera, que
desde que se lleva registro en 1993 había sido superavitaria y que a
partir de 2015 pasó a ser deficitaria, alcanzando al cierre de 2018
un déficit de más de 23 mil millones de dólares.
Por otro lado,
después de que las economías avanzadas adoptaron el ciclo de
estímulos monetarios más significativo y prolongado de la historia,
el proceso de normalización ha tenido repercusiones sobre los
mercados financieros internacionales y ha disminuido la
disponibilidad de recursos para las economías emergentes.
También las dudas
sobre el futuro del esquema de intercambio comercial de México con
Estados Unidos y Canadá afectaron considerablemente las expectativas
sobre la sustentabilidad de las cuentas externas de nuestro país.
El ajuste de la
economía ante este entorno ha requerido de un menor déficit en la
cuenta corriente congruente con la menor disponibilidad de recursos
externos; no obstante, considerando el importante deterioro de la
balanza comercial petrolera se requería de un ajuste mucho mayor d
la balanza no petrolera.
De hecho desde que
se tiene registro en 2017 y 2018 es la primera vez que la balanza
comercial no petrolera registra un superávit de manera consecutiva
en dos años.
Para que las cuentas
externas pudieran tener ese ajuste era necesario una considerable
depreciación del tipo de cambio real bilateral respecto al dólar
estadounidense, que entre noviembre de 2014 y su punto más alto en
enero de 2017 fue una depreciación del 50 por ciento, y que al
cierre del año pasado fue de 33 por ciento.
Para evaluar la
magnitud del ajuste del tipo de cambio real que se ha presentado en
los últimos años baste considerar que ajustes similares sólo se
han presentado en 1982, 1987 y 1995; ello hace patente la dimensión
del reto que implicaba lograr que la economía tuviera un ajuste
ordenado, que facilitara un cambio significativo en precios relativos
evitando efectos de segundo orden en el proceso de formación de
precios y en el que se conservaran condiciones de crecimiento.
La respuesta
macroeconómica requirió de un ajuste en la postura de política
monetaria y una mejoría en la postura de finanzas públicas; en
particular, las medidas de política monetaria contribuyeron al
anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo,
así como incentivar un mayor ahorro interno.
En el último
trimestre de 2018, a los choques externos ya mencionados se sumaron
elementos de incertidumbre interna relacionados en parte con el
anuncio de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México y los retos que enfrenta PEMEX. Ello produjo
volatilidad en los mercados y un ajuste del tipo de cambio, un
aumento en las primas de riesgo e inclusive un cambio de perspectiva,
de estable a negativa de la deuda soberana mexicana por parte de
varias calificadoras.
No obstante, la
volatilidad de los mercados financieros nacionales ha disminuido
desde finales del año pasado y en 2019.
Ello en respuesta,
tanto a factores externos, en particular la expectativa de menores
aumentos en las tasas de interés en Estados Unidos y el
debilitamiento del dólar, como a factores internos, como la
aprobación del paquete económico con una meta superávit primario
de uno por ciento del PIB para este año.
Por lo que se
refiere a la inflación, si bien esta alcanzó 6.77 % al cierre de
2017, su nivel más elevado desde mayo de 2001, la postura de
política monetaria ha propiciado que a febrero de 2019 la inflación
haya descendido a 3.94 % y la subyacente a 3.54%.
Estos niveles son
similares a la trayectoria pronosticada por el Banco de México,
tanto en noviembre de 2018 como en febrero de este año, la cual
considera que la inflación converja a su meta en el primer semestre
de 2020.
El entorno descrito
muestra que la economía mexica ha estado sujeta a importantes
choques y cambios estructurales, que hacen que en la evaluación de
las presiones inflacionarias sea necesario incorporar no solo las
asociadas a la posición cíclica de la economía, sino también las
que se derivan de los factores adversos externos e internos que hemos
enfrentado.
Ahora permítanme
referirme a las otras funciones que se encomiendan al Banco de México
y que resultan cruciales para la economía, como es promover el sano
desarrollo del sistema financiero y fomentar un buen funcionamiento
del sistema de pagos.
En esta ocasión la
Convención Bancaria ha adoptado el título, muy acertado, de “Una
Visión de Futuro”. Creo que en ninguna actividad económica como
la financiera se observa una necesidad tan apremiante de desplegar
una visión de futuro, un análisis prospectivo que nos permita
aprovechar las oportunidades y afrontar los retos del cambio
tecnológico.
El acceso a las
nuevas tecnologías brinda una ocasión única para transformar los
sistemas financieros y los sistemas de pagos, agilizando operaciones,
diseñando nuevos productos, de acuerdo a las necesidades de los
usuarios y ampliando la cobertura de los servicios financieros a cada
vez más sectores de la población.
Ello puede
contribuir a liberar el potencial de los individuos, generar mayor
igualdad de oportunidades y mejorar las condiciones de desarrollo
para millones de mexicanos.
Sin embargo, estas
grandes oportunidades no están exentas de retos de consideración, y
ya el Subsecretario los destacaba, los cuales van desde los cada vez
más complejos delitos cibernéticos hasta consecuencias no deseadas
y riesgos asociados a la aplicación de algunas de estas tecnologías.
En este entorno de
oportunidades y desafíos inéditos el Banco de México tiene al
usuario en el centro de nuestros esfuerzos.
Al respecto las
autoridades financieras, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Banco de México y los intermediarios, en particular la
ABM, tenemos una agenda compartida como se manifestó el 8 de enero
pasado al anunciar varias medidas para impulsar el desarrollo del
sistema financiero y una mayor inclusión, así como el mejor
desempeño del sistema de pagos.
Por un lado, a fin
de mejorar el funcionamiento del sistema de pagos y beneficiar a
millones de usuarios que actualmente no tienen acceso al sector
financiero se anunció el desarrollo de la plataforma denominada
“Cobro Digital”, CoDi.
Esta plataforma
mediante la utilización de códigos QR permitirá a los usuarios
hacer transferencias electrónicas a través de teléfonos
inteligentes todos los días del año y a cualquier hora desde una
cuenta bancaria.
Esta plataforma se
está concentrando como una extensión del Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancario, SPEI, que constituye el mecanismo
transaccional más importante del país y el cual a diferencia de
otras naciones funciona las 24 horas de todos los días del año y
realiza los pagos de manera inmediata.
El CoDi avanza
conforme a lo programado y ya hay seis instituciones en el piloto de
pruebas técnicas. Y para el último día de septiembre será
obligatorio para todos los bancos con más de 3 mil cuentas estar
operando en esta plataforma.
La entrada en vigor
de CoDi tendrá un efecto positivo para el usuario para el sistema
financiero, por un lado, el usuario a la vez que podrá agilizar
pagos, abatir costos y maximizar la seguridad de sus operaciones
también podrá familiarizarse con el sistema financiero y dar el
primer paso para acceder a otros servicios que mejoren su bienestar.
Por otro lado, si
consideramos que el número de personas con teléfonos inteligentes
es prácticamente el doble del número de personas que tienen una
cuenta bancaria.
Es muy claro que el
desarrollo de CoDi puede tener un gran impacto sobre la inclusión e
incorporar a un nuevo universo de clientes potenciales al sector
financiero.
Adicionalmente, la
utilización de CoDi puede apoyar objetivos de gran importancia
social al limitar los riesgos de seguridad o las posibilidades de
corrupción o actividades ilícitas, inclusive, puede ser un vehículo
útil para la dispersión de programas sociales en sitios con poca
penetración financiera.
Para que las nuevas
tecnología y modelo de negocios en el ámbito financiero redunden
efectivamente en provecho del usuario se requiere de un trabajo
cuidadoso y prudente de diseño normativo.
Al respecto, el
Banco de México publicó diversas disposiciones relativas a la Ley
para regular las instituciones de tecnología financiera. Por un
lado, y en sintonía con lo establecido en otras economías, el Banco
de México considera conveniente mantener una sana distancia entre
los activos virtuales y el sistema financiero, dados los riesgos que
estos entrañan para el usuario, las instituciones y el sistema en su
conjunto.
Sin embargo, también
es de nuestro interés permitir el uso de nuevas tecnologías
tendientes a mayor eficiencia, por eso, se emitieron disposiciones
que norman la operación de activos virtuales dentro el sistema
financiero, que están asociadas a las operaciones internas que
realicen las instituciones, sin implicar una exposición directa a
los clientes.
Igualmente se
publicaron los requisitos que deben cumplir las personas morales que,
bajo el esquema de modelos novedosos obtenga las autorizaciones para
ofrecer diversos servicios.
En la visión de
futuro a la que nos convoca el título de esta Convención, el otro
gran reto es evaluar más adecuadamente los riesgos financieros
relacionados con el medio ambiente. Los riesgos ambientales no solo
son un fenómeno que daña las posibilidades de crecimiento y el
bienestar de los países, sino que plantean desafíos específicos
para los intermediarios financieros. En efecto, la mala evaluación
de dichos riesgos puede traducirse en riesgos de crédito, capaces de
afectar el patrimonio y la estabilidad de las instituciones y el
sistema.
En el Banco de
México estamos conscientes de estos retos y de la necesidad de
contar con metodologías y criterios más uniformes para evaluar el
riesgo ambiental, así como promover instrumentos de inversión
sustentable que contribuyan a una mejor asignación de recursos en la
economía.
En suma, los
intermediarios y autoridades debemos trabajar con una comunicación y
coordinación continua para aprovechar la tecnología en favor de una
mayor inclusión financiera, fortalecer los esquemas de
ciberseguridad, acompasar la regulación con la evolución de los
productos financieros y los modelos de negocio, y promover la
incorporación de los riesgos ambientales en las decisiones de
financiamiento e inversión.
Al respecto, la
Asociación de Bancos de México se ha constituido históricamente
como un interlocutor sólido y profesional, con el que se han
alcanzado acuerdos y compromisos de largo plazo.
Aprovecho esta
tribuna para agradecer profundamente la colaboración del presidente
saliente, Marcos Martínez, y le deseo el mayor de los éxitos al
presidente entrante, Luis Niño de Rivera.
Estoy seguro de que
mantendremos una cooperación amplia y efectiva.
Señoras y señores, en un entorno global marcado por cambios
profundos y perspectivas inciertas, para los bancos centrales es
imprescindible perseverar en mantener una inflación baja y estable
como base para el éxito de cualquier estratégica económica.
En nuestro país,
los logros en esta materia van de la mano con el estatuto de
autonomía constitucional con el que cuenta el Banco de México. Esta
condición que tanto tiempo y esfuerzo ha costado consolidar, es un
requisito fundamental para el crecimiento y debe considerarse un
preciado bien público.
Además es necesario
adoptar con prudencia y responsabilidad nuevas herramientas y
tecnologías que permitan alcanzar metas pendientes, en nuestro caso
indica incluir de manera segura, sostenible y sustentable a cada vez
más sectores de la población en los beneficios del sistema
financiero.
Muchas gracias.
- MODERADOR:
Muchísimas gracias, Gobernador.
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