jueves, 20 de junio de 2019

INEGI: ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE… DÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (23 DE JUNIO)

 Al cierre de 2017, laboraban 4 198 846 personas en las administraciones públicas federal y estatal, de las cuales 40.4% formaban parte del gobierno federal. En el ámbito municipal, laboraban 1 012 348 personas al cierre de 2016.
 En 2017, las instituciones de las administraciones públicas federal y estatal estaban dirigidas por 2 433 titulares, de los cuales 22.7% eran mujeres y 77.3 hombres. En 2016, de los 41 940 titulares de las administraciones municipales 25.8% eran mujeres y 74.2% hombres.
 En 2017, el servicio de energía eléctrica, las escuelas públicas y el servicio de limpia generaron los mayores niveles de satisfacción entre la población. En contraste, la policía, el transporte público y el alumbrado público tuvieron los menores porcentajes de satisfacción.

En diciembre de 2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio como el Día de la Administración Pública para reconocer la importancia que tiene el servicio público en el desarrollo de los países. 1 En el marco de la Agenda Global para el Desarrollo 2030, la Administración Pública se convierte en condición necesaria para la implementación de políticas públicas articuladas y orientadas a generar las condiciones de seguridad y desarrollo que permitan construir sociedades más justas, equitativas y comprometidas con el cuidado del medio ambiente. 2

Por su parte, el Gobierno de México, por medio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, estableció una serie de criterios que garanticen el adecuado funcionamiento de la administración pública, basados en el combate a la corrupción y la administración de recursos públicos para satisfacer las necesidades de la población.

Frente a esta responsabilidad, resulta relevante conocer la capacidad de gestión que tienen las administraciones públicas en México como insumo para mejorar la toma de decisiones en aspectos relacionados con la eficiencia y eficacia de la estructura organizacional, la asignación de recursos, y la implementación de acciones de mejora regulatoria, orientadas a incrementar el acceso y ofrecer mejores servicios públicos, principalmente a la población de zonas con mayor rezago social.

Por ello el INEGI pone a disposición del público información sobre la composición de las instituciones públicas del orden federal, estatal y municipal, y la valoración que la sociedad tiene de los servicios públicos que recibe.

La información proviene de los Censos Nacionales de Gobierno (federal, estatal y municipal) 2017 y 2018, así como de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, que forman parte de los diversos proyectos que el INEGI realiza en el marco del Subsistema Nacional e Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Uno de los principales ejes del gobierno mexicano se relaciona con la mejora de la gestión pública y la capacidad administrativa para dirigir los recursos a la atención de las necesidades ciudadanas, especialmente de las poblaciones más vulnerables. 3
Frente a este desafío es relevante conocer el número de servidores públicos adscritos a las administraciones públicas para dimensionar la disponibilidad de recursos humanos para proveer bienes y servicios públicos a la ciudadanía.
a la relación comercial entre México y Estados Unidos, que generó aumentos en los indicadores de riesgo país y las tasas de interés, mientras que el tipo de cambio del peso frente al dólar se depreció y mostró un aumento en su volatilidad. Este comportamiento se ha revertido a partir del anuncio de la suspensión indefinida de los aranceles que Estados Unidos había planteado imponer a las importaciones provenientes de México y por el entorno de menores tasas de interés en los mercados internacionales. En este contexto, se mantienen como riesgos a la baja para la actividad económica un posible retraso en la aprobación del acuerdo comercial alcanzado en América del Norte, y la debilidad que ha mostrado la inversión.

Por lo anterior, es fundamental mantener un marco macroeconómico sólido que continúe preservando la estabilidad de precios, la disciplina fiscal, y la estabilidad financiera. Asimismo, para que la economía mexicana se encuentre en una mejor posición para hacer frente a choques adversos, será clave que las autoridades financieras mexicanas estén alerta para, en caso necesario, tomar las medidas que se requieran para coadyuvar a fortalecer al sistema financiero, salvaguardar su estabilidad y procurar mantener condiciones de financiamiento favorables.
En cuanto al sistema bancario, el Consejo destacó que en esta coyuntura, los resultados de las pruebas de estrés publicados en marzo en el Informe Anual sobre el estado que guarda la Estabilidad del Sistema Financiero en México, indican que los niveles de capital y de liquidez del sistema bancario le dan una posición de fortaleza para enfrentar choques severos.

Adicionalmente, el Consejo analizó los riesgos asociados a la intermediación financiera no bancaria, la cual está compuesta por instituciones que realizan operaciones similares a las de la banca pero con una regulación y supervisión distintas, y concluyó que si bien en este momento dichas actividades no constituyen un riesgo para la estabilidad del sistema financiero, es importante continuar vigilando su evolución y las posibles interconexiones con el sistema financiero. Asimismo, acordó revisar anualmente el perímetro de la regulación aplicable a los intermediarios financieros no bancarios y ajustarlo en caso necesario para reducir los posibles riesgos de estas entidades. Lo anterior está en línea con los acuerdos asumidos en el seno del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés).

En adición a los riesgos antes expuestos, el Consejo continuó dando seguimiento al estatus de la seguridad informática del sistema financiero, resaltando la importancia de continuar trabajando conjuntamente entre las autoridades y los entes regulados. Por otro lado, destacó la conveniencia de mantener una sana distancia entre el sector financiero regulado y los activos virtuales, dados los riesgos que la operación con estos pudiera conllevar para los usuarios, para las instituciones que operen con ellos y para el sistema financiero en general y continuar analizando los riesgos en que incurrirían las personas que operen con los activos virtuales. No obstante lo anterior, también es de interés de las autoridades financieras permitir el uso de tecnologías innovadoras que pudieran generar un beneficio desde la perspectiva de eficiencia o funcionalidad.

Finalmente, el Consejo acordó dar seguimiento y continuar el proceso de implementación en nuestro país de la regulación financiera acordada en el seno de los organismos financieros internacionales (el Consejo de Estabilidad Financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Grupo de Acción
Financiera Internacional).

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero está conformado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo preside, el Gobernador del Banco de México, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, dos Subgobernadores del Banco Central, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
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