La semana pasada fue aprobada
por el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que
modifica los artículos 35, 36, 73, 81, 83, 99, 115 y 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de consulta popular. Con ello se crea un mecanismo con el que el
nuevo gobierno tiene contemplado definir sus estrategias.
La atención mediática se
concentró en el tema de la revocación de mandato ante el temor de
que ésta abriría la puerta para una eventual reelección del
Ejecutivo. Sin embargo la iniciativa de consulta popular es mucho más
amplia y profunda.
La iniciativa de consulta
popular, tal como está planteada, supone una Trampa del cuarto año
de gobierno pues abre la puerta para que decisiones de carácter
técnico y de gran responsabilidad estratégica para México, como
quién paga impuestos, sean decididos por la población manipulada.
La reforma constitucional en
materia de consultas populares propone que éstas tengan carácter
vinculatorio, es decir, que el resultado de la elección sea
implementado con carácter obligatorio cuando participe más de 25%
de la lista nominal de electores, es decir 21.7 millones de
mexicanos.
Esto supondría que una
consulta podría ser vinculante con tan sólo el voto de tres
entidades federativas como Ciudad de México, Estado de México y
Veracruz, o con el voto de las personas de 20 a 29 años.
Con este pequeño porcentaje
las consultas podrían poner en riesgo asuntos altamente críticos
para la estabilidad de la nación como son los ingresos fiscales.
Esto se debe a que la iniciativa aprobada pretende permitir consultar
quiénes estarían obligados al pago de impuestos, así como
determinar los actos o actividades gravados por los impuestos.
Es evidente que el uso de
estrategias político-electorales para tomar decisiones
inherentemente técnicas supone un retroceso para el país.
Esto es muy peligroso. Nada en
materia fiscal o financiera debe ser objeto de consulta dado el alto
nivel profesional y de información que se requiere para tener una
opinión válida en este tema.
En Coparmex siempre hemos
defendido la participación ciudadana como una forma de
empoderamiento de una sociedad madura y consciente de sus
obligaciones y responsabilidades.
Sin embargo, la reforma en
materia de consulta popular aprobada por la Cámara de Diputados va
en sentido contrario a ese espíritu, pues podría terminar creando
mecanismos de participación que convengan a quienes actualmente
detentan el poder, especialmente a la hora de decidir sobre los temas
trascendentales de nuestro país.
Estas modificaciones, de orden
constitucional, buscan disminuir la responsabilidad y los costos
políticos de quienes fueron elegidos para ostentar el ejercicio del
poder y definir el rumbo que necesitamos.
Una de las decisiones más
costosas en términos económicos para este gobierno, la cancelación
del NAICM, fue precisamente derivada de lo que, a todas luces, fue
una consulta popular ilegal, sin carácter vinculatorio, y claramente
manipulada. Los 13 mil 300 millones de dólares que deberán ser
pagados con recursos públicos a causa de esa decisión, son una
responsabilidad directa de este gobierno, que no debe ser encubierta
como si proviniera de los ciudadanos.
Utilizar la consulta para
materia fiscal supone que las decisiones puedan ser tomadas sin un
análisis técnico riguroso. Las decisiones de ingresos no deben de
ser tomadas con base en qué tan populares puedan llegar a ser, sin
considerar las severas consecuencias para la sustentabilidad de las
finanzas públicas y la inversión pública.
Los impuestos o las
contribuciones nunca han sido populares para la mayoría de las
personas. De ser puestos a consulta terminarán disminuidos o peor
aún, afectando desproporcionalmente a una minoría.
La iniciativa de consulta
popular, tal cual se está planteando, apuesta a crear un escenario
en el que en la segunda mitad de esta administración se paguen
nuevas contribuciones, a pesar de que el propio Presidente de la
República en su discurso de toma de protesta se comprometió a no
subir impuestos ni crear nuevos.
De ponerse a consulta el cobro
de impuestos, la certidumbre del presupuesto de ingresos quedaría a
la deriva, y con ella la posibilidad de un desarrollo económico
dinámico y equitativo. Se habría engañado a la ciudadanía sobre
no subir impuestos, ni crear nuevos, y más aún, un grupo
minoritario pudiera ser afectado directamente debido al cobro de
impuestos a la herencia al aumento de las tasas impositivas.
El gobierno tiene la
responsabilidad de determinar quiénes pagan impuestos y las
actividades económicas que deben hacerlo porque es también su
responsabilidad velar por un gasto sano.
Exhortamos a la Cámara de
Senadores, que recibirá el dictamen correspondiente para su
discusión, a generar un debate mucho más amplio, en el que se den
los espacios con todos los sectores y se puedan conocer las ventajas
y desventajas que tienen las modificaciones constitucionales de este
calado.
Demandamos a todas las fuerzas
políticas a que pongan el interés de México sobre cualquier otro.
No podemos permitir que se generen mecanismos que, bajo la bandera de
participación y democracia, pongan obstáculos al futuro del país.
Necesitamos una visión más
amplia de los legisladores, que entienda que la participación
ciudadana no debe de ser instrumento para defraudar a las personas
que los eligieron como representantes populares.
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