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Plantean su desacuerdo ante anuncio de que los apoyos al campo se harán
al margen de las organizaciones.
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No existe un padrón de productores que lo haga posible, advierten.
El
Frente Auténtico del Campo entregará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador
una propuesta de desarrollo para el campo que reoriente el gasto público en
beneficio de los pequeños y medianos productores, en quienes recaerá la
responsabilidad de hacer realidad la soberanía alimentaria, y le demandará que
termine con los circuitos de corrupción en la entrega de recursos a los
campesinos.
Federico
Ovalle de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) dijo
que desde el FAC ven con incertidumbre los anuncios que han hecho funcionarios
de la próxima administración y el presidente electo de atender sin
intermediarios a los beneficiarios de los programas sociales y productivos.
Advirtió
sobre la inviabilidad de otorgar los apoyos de manera directa y dejar al margen
a las organizaciones campesinas, ya que no existe un padrón único de
productores. “Hemos hecho una labor importante que parece que ahora se está
cuestionando. Nosotros no recibimos dinero para repartir. Obtenemos los
recursos de acuerdo a las reglas de operación y los instrumentos legales
establecidos”, sentenció.
En
conferencia de prensa, las organizaciones que conforman el Frente Auténtico del
Campo; CIOAC, CODUC, UNTA y Movimiento Social por la Tierra anunciaron que
realizarán una gran concentración en el zócalo de la Ciudad de México el
próximo 28 de noviembre con alrededor de 150 mil campesinos de todo el país
para fijar su posición con relación a las demandas del campo.
El
profesor Álvaro López, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)
informó que la marcha campesina se realizará en el marco del 107 aniversario de
la firma del Plan de Ayala y servirá para hacer una propuesta concreta al
próximo gobierno para que las políticas públicas hacia el campo se instrumenten
a partir de consensos y no de una visión unilateral.
Federico
Ovalle, a pregunta expresa dijo que, al término del sexenio, en el campo se
incrementó la pobreza extrema y que el presidente Peña Nieto “tiene tache”
porque no cumplió su promesa de crecimiento económico superior al 5% ni la de
realizar una profunda reforma a las instituciones del campo. “Se requiere hacer
las modificaciones legales y reorientar el gasto público para que se apoye a
los pequeños y medianos productores que son los que pueden hacer realidad la
soberanía alimentaria y no sólo a los grandes industriales y agroexportadores”,
señaló.
A su
vez, Marco Antonio Ortiz, de la Coalición de Organizaciones Democráticas
Urbanas y Campesinas, (CODUC) denunció que 90% del presupuesto para el sector
rural se destina a agroempresas como Bimbo, Sukarne, Cargill, mientras las 5.2
millones de unidades de producción tienen que conformarse con el 10% restante. “Por
eso el FAC ha movilizado de manera permanente a alrededor de 350 mil campesinos,
desde su fundación en 2013 para reclamar el cambio en las políticas públicas
para el campo y denunciar que es, en la operación de los programas rurales en
los que se fortalecen los circuitos de corrupción”, añadió.
En la
conferencia, efectuada en la sede de la CODUC, el dirigente del Movimiento
Social por la Tierra (MST) Francisco Chew pidió que se precise el tema de la
intermediación en la entrega de apoyos a los productores ya que a los campesinos
les ha costado muchos años de lucha hacer valer su derecho constitucional a la
asociación. Advirtió que la pretensión de desconocer a las organizaciones
campesinas puede generar una estructura clientelar y de corporativismo en
beneficio del partido en el poder. Ejemplificó con el caso de Antorcha
Campesina, que en el actual sexenio fue la principal beneficiaria de los apoyos
al sector.
Sobre
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado
USMCA, los dirigentes de las cuatro organizaciones que integran el FAC
coincidieron en que se beneficia a las grandes empresas exportadoras y que el
gobierno mexicano “negoció en lo oscurito” y sin consultar a los campesinos
que, desde que se firmó el TLC en 1994, han sido los grandes perdedores.
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