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(15 de diciembre, 2022)
Representantes de los países participantes en la
Quinta
Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos
de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, que
concluyó hoy en Santiago
de Chile, reafirmaron su compromiso con la promoción, la protección y
el respeto de los derechos humanos, la dignidad y las libertades
fundamentales de todas las personas mayores, sin ningún tipo de
discriminación y violencia, y ratificaron la responsabilidad
de los Estados de proveer las medidas y acciones necesarias para
garantizar un envejecimiento saludable, con dignidad y derechos.
En la
Declaración de Santiago,
aprobada por unanimidad, las autoridades renovaron su compromiso con el
Plan Acción Internacional de Madrid, a 20 años de su aprobación, y los
instrumentos regionales que refuerzan
su implementación y vigencia.
El
principal foro intergubernamental regional de las Naciones Unidas sobre
el envejecimiento y los derechos de las personas mayores se inauguró el
martes en la sede
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
organismo que ejerce la Secretaría Técnica de la Conferencia. El
encuentro reunió a delegadas y delegados de 29 países miembros de la
CEPAL y de 3 miembros asociados, además de representantes
de 9 agencias de las Naciones Unidas y 49 organizaciones de la sociedad
civil. En total, más de 300 personas participaron de manera presencial y
unas 2.600 siguieron la conferencia vía remota.
En
la sesión de clausura participaron Raúl García-Buchaca, Secretario
Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas de la
CEPAL; Jozef Maeriën, Oficial
a Cargo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y Francisca Perales,
Subsecretaria de Servicios Sociales de Chile, país que ejerce la
Presidencia de la Conferencia Regional Intergubernamental
sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores.
“Esta
Conferencia nos ha brindado la oportunidad de participar de riquísimos
debates e intercambios. Los representantes de los países han dado cuenta
de los avances
en el ámbito legislativo, pero también de la necesidad de fortalecer
las instituciones a cargo de los asuntos relativos a las personas
mayores. Para ello es necesario mantener una coordinación intersectorial
e interinstitucional que dé mayor impacto a las
políticas hacia las personas mayores”, afirmó Raúl García-Buchaca,
Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, quien destacó que la cobertura
universal de la protección social de las personas mayores es una vía
segura para superar la desigualdad en el envejecimiento.
“Desde
la CEPAL continuaremos colaborando con los grupos de trabajo
interagenciales sobre envejecimiento y seguiremos trabajando en la
generación de datos y conocimiento
actualizado sobre el envejecimiento y derechos de las personas mayores
con recomendaciones de políticas. Concluimos esta reunión con una agenda
de trabajo ambiciosa y exigente. Nos vamos con la satisfacción de haber
aprobado la Declaración de Santiago, resultado
de la voluntad de acuerdo entre nuestros países”, destacó.
Jozef
Maeriën, Oficial a Cargo de la Oficina Regional del UNFPA, hizo un
llamado a la acción que permita “enfrentar las desigualdades
estructurales y discriminación
social que excluye a las personas mayores, las exponen a la pobreza, a
la violencia y a fenómenos como el cambio climático, impidiendo la
garantía plena de sus derechos”.
La
Subsecretaria Francisca Perales, por su parte, subrayó la necesidad de
avanzar hacia la sociedad del cuidado para garantizar un envejecimiento
digno y destacó
la importancia de la articulación entre la institucionalidad y las
organizaciones y movimientos sociales para garantizar la dignidad y el
bienestar de toda la sociedad.
“Buscar el bienestar implica también buscar la felicidad de las personas”, destacó.
En la
Declaración de Santiago
las
y los delegados de los países presentes destacaron el rol crucial de la
Conferencia Regional como el espacio intergubernamental para el proceso
sistemático de evaluación voluntaria regional del Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.
Reconocieron
también que el acceso a la justicia es un derecho humano esencial y el
instrumento fundamental por medio del cual se garantiza a las personas
mayores
el ejercicio y la defensa efectiva de sus derechos, y resaltaron las
diversas y fundamentales contribuciones que las personas mayores
realizan para el funcionamiento de las sociedades.
En ese sentido, la
Declaración de Santiago
insta a adoptar medidas eficaces contra la discriminación por edad, y a
eliminar las dificultades
y obstáculos que aún persisten en la región y que menoscaban la
participación de las personas mayores en la vida política, social,
económica y cultural y sus derechos humanos.
“Instamos
a los Gobiernos a que incorporen de manera transversal en sus
políticas, planes y programas de desarrollo el tema del envejecimiento,
que implementen políticas
específicas para las personas mayores con enfoque de derechos, de
género, interseccional, intercultural, así como de curso de vida, y que
promuevan su autonomía e independencia”, señala el documento.
La
Declaración insta también a los Estados a que reconozcan la brecha
digital que afecta a las personas mayores, y ratifica el compromiso con
el desarrollo de sistemas
de protección social universales, integrales, sostenibles y
resilientes, que viabilicen el acceso garantizado, sin discriminación, a
una salud de calidad, vivienda y servicios básicos.
Asimismo,
reconoce el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil,
el sector privado y el sector académico en la implementación, el
seguimiento, los
procesos evaluativos y la difusión del Plan de Madrid.
La
Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos
de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe para el 2022-2027
quedó compuesta
por Chile en la Presidencia, junto a Belice, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Guyana, Panamá, Paraguay y Perú en las Vicepresidencias.
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