El combate a la evasión y a la elusión fiscal es un ejercicio común
entre los gobiernos de todo el mundo; incluso, es una materia que
destaca en las agendas de trabajo de foros internacionales como el
G20 y la OCDE. Es perfectamente entendible que las autoridades
hacendarias de los países busquen reducir las pérdidas
multimillonarias que estas prácticas les produce cada año,
comprometiendo los recursos que bien podrían destinar a gasto social
o a inversión productiva de largo plazo.
México no es la excepción. En la última década, la lucha contra
la evasión fiscal ha permitido que lo dejado de recaudar sobre el
valor de la economía se haya reducido a la mitad. El actual Gobierno
Federal ha decidido continuar estos esfuerzos, con especial énfasis
en identificar el uso de facturas falsas; para poder elevar la
recaudación fiscal y, con ello, obtener un mayor margen de maniobra
en el ejercicio del gasto público.
En Coparmex, coincidimos en la necesidad de continuar fortaleciendo
el sistema tributario, sin embargo, estamos profundamente preocupados
ante lo que parece ser el diseño de un sistema persecutorio que
acosará a miles de agentes económicos que cumplen sus obligaciones
en tiempo y forma. Nos preocupa cualquier tipo de esquema fiscal, con
el que puedan pagar justos por pecadores, sin que necesariamente se
esté remediando el problema original de combatir la evasión de
impuestos.
Poco se ha hablado de la polémica propuesta para incorporar en el
Código Fiscal de la Federación (CFF), el Título Sexto sobre la
Revelación de Esquemas Reportables, con el que se pretende obligar a
los asesores fiscales a reportar, ante el Servicio de Administración
Tributaria, las estrategias que recomiende a sus clientes para que
estos obtengan beneficios fiscales.
En otras palabras, con la Revelación de Esquemas Reportables –ya
sea Generalizado para varios clientes o Personalizado para uno solo–
el asesor y el contribuyente deberán notificar al SAT la planeación
o el conjunto de actos jurídicos que llevarán a cabo, revelando los
detalles y solicitando la opinión favorable de la autoridad fiscal
de manera previa.
Ahora el SAT –reconvertido en una especie de juzgado– podrá
calificar la estrategia como positiva o declararla ilegal, en un
proceso que puede prolongarse hasta los ocho meses. En el segundo
caso y una vez notificado por el asesor, el cliente podrá recurrir
al Tribunal de Justicia Administrativa (TFJA) para intentar impugnar
la decisión, volviendo el procedimiento profundamente burocrático y
peligrosamente invasivo.
Ante ello, en Coparmex señalamos algunos puntos que consideramos
perjudiciales sobre los Esquemas Reportables –que en otras
experiencias ha derivado en escándalos mundiales como el caso
“Panama Papers” o el “Football Leaks”:
Uno. Se viola el principio del secreto profesional y del derecho a la
intimidad, que protege civil y penalmente a médicos, abogados y
asesores –en este caso asesores fiscales–, quienes acceden a
datos e información del orden privado y que deben mantener en
secrecía para proteger las actividades de sus clientes.
No sólo se trata de un asunto legal, sino de permitir que los
consejeros fiscales puedan cumplir con sus funciones de
asesoramiento, con la más alta ética y profesionalismo posibles.
Dos. Las autoridades fiscales tendrán nuevos dientes con los que se
vuelven inquisidores de los contribuyentes, sobre todo, cuando éstos
decidan realizar la planificación fiscal internamente.
Y tres. Se pondrá en peligro la profesión de intermediación
fiscal, de quienes asesoran a las empresas y otros tipos de
contribuyentes para diseñar un conjunto de acciones que les permita
enfrentar las cargas tributarias con mayor eficiencia, siempre en el
marco de la Ley.
En este punto, cabe subrayar que no es lo mismo: no pagar los
impuestos que le corresponden a uno y pagar la menor cantidad
tributaria que la actual legislación fiscal defina en su
demarcación.
En Coparmex, creemos que sí es posible recaudar sin que sea
necesario tener una política fiscal persecutoria. Debemos reconocer
que la misma legislación establece alternativas que pueden generar
economías de opción para los contribuyentes.
Por supuesto que, juntos podemos construir un sistema tributario
moderno, funcional y sumamente recaudatorio, pero que a su vez sea
justo, equilibrado y garante del cumplimiento de nuestra Ley; un
sistema tributario que nos ayude a continuar los esfuerzos de
transformación de nuestro país y a impulsar el conjunto de nuestra
economía. Muchas gracias.
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