Arnulfo Rodríguez /
Carlos Serrano
El plan incluye medidas
que fortalecen las finanzas y la capacidad productiva de Pemex, pero no
resuelven los dos grandes problemas estructurales de la empresa: el excesivo
endeudamiento financiero y la relativa elevada carga fiscal
Consideramos
necesaria la reactivación de los farmouts
para posibilitar los incrementos significativos en la producción petrolera
contemplados en el plan para los últimos tres años del sexenio
El Plan de Negocios de Pemex 2019-2023 está basado principalmente en más
aportaciones de capital del gobierno federal y una reducción de la carga
impositiva con el objetivo de que Pemex invierta más recursos en los primeros
tres años del sexenio. Con ello se pretende no solamente estabilizar la
producción de petróleo crudo, sino también incrementarla significativamente en
los tres últimos años del sexenio hasta alcanzar un promedio de 2.7 millones de
barriles diarios (Mmbd) para 2024 desde un promedio de 1.7 Mmbd para 2019
estimado por Pemex. Asimismo, bajo este plan se busca que la gestión de la
empresa esté apoyada en la innovación, eficiencia y la eliminación de la
corrupción como sus ejes centrales.
Las inyecciones de capital previstas por parte del gobierno federal sumarán
un total de 141 mil millones de pesos durante el periodo 2020-2022 mientras que
la disminución en la carga fiscal para el mismo lapso será de 128 mil millones
de pesos. La mayor parte de estos apoyos ocurrirán en 2020 y 2021 con montos de
111 mil millones de pesos y 121 mil millones de pesos, respectivamente.
Asimismo, Pemex prevé que los contratos de servicios integrales coadyuvarán con
94 mil millones de pesos durante el periodo 2020-2022. Todo lo anterior
permitiría que la inversión nominal en pesos se incrementara anualmente a tasas
de 27.1% y 18.4% en 2020 y 2021, respectivamente. Es decir, el nivel de
inversión de Pemex pasaría a 411 mil millones de pesos en 2021 vs. un monto de
273 mil millones de pesos de inversión aprobada para este año.
En lo concerniente a la reducción de la carga fiscal, ésta consistirá en
una tasa del Derecho por Utilidad Compartida (DUC) que descenderá de un nivel
actual de 65% a 58% y 54% en 2020 y 2021, respectivamente. No obstante, para
ello se requerirá de una reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Por
su parte, el gobierno federal planea compensar la menor recaudación por dicho
derecho a través de ahorros (24,000 millones de pesos por el desarrollo de
nuevos campos y 50,000 millones de pesos por el combate al robo de combustible)
y una mayor recaudación tributaria.
Para poder incrementar la producción de petróleo crudo en los siguientes
años, Pemex tiene como estrategia reducir tiempos entre descubrimientos de
yacimientos y su producción. Asimismo, la empresa buscará intensificar la
exploración terrestre y en aguas someras en la vecindad de campos activos de
producción. Por su parte, la participación privada solamente se hará mediante contratos
incentivados (también conocidos como contratos de servicios integrales de
exploración y extracción) de largo plazo. Por lo pronto, la reactivación de los
farmouts no parece ser una opción que el gobierno federal esté contemplando
para los próximos años. En relación al desarrollo de la nueva refinería, el Consejo
de Administración de Pemex aprobó un presupuesto por 41,000 millones de pesos
en 2020.
Valoración
Si bien el plan de negocios contempla algunas medidas para fortalecer
tanto las finanzas como la capacidad productiva de Pemex, consideramos que son
insuficientes para resolver los dos grandes problemas estructurales de la
empresa: el excesivo endeudamiento financiero y la relativa elevada carga
fiscal. Cabe reconocer que las medidas anunciadas seguramente contribuirán a la
estabilización de la producción de petróleo crudo, pero consideramos que la
probabilidad de lograr incrementos significativos en dicha producción en tan
corto plazo aún sigue siendo baja. Para hacer posibles tales incrementos insistimos
en que se reactive el modelo de negocios basado en farmouts. Ello permitiría que Pemex compartiera no solamente el
riesgo exploratorio, sino también la inversión y el know-how tecnológico con otras empresas líderes de la industria
petrolera.
En nuestra opinión, la reducción permanente en la carga fiscal de Pemex
que planea hacer el gobierno federal para los próximos dos años y las posibles
aportaciones adicionales de recursos a Pemex más allá de 2022 deberían ir
acompañadas de modificaciones en la política recaudatoria que coadyuven a
mantener relativamente estables los ingresos del gobierno federal y no pongan
en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales. Lo anterior contribuiría a
fortalecer las finanzas públicas del país, disminuyendo así el riesgo de una
reducción en la calificación crediticia soberana en el corto y mediano plazo.
No obstante, el plan de negocios no modifica el riesgo de una reducción en la
calificación crediticia de Pemex por parte de Moody’s.
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