Fernando González Mejía
“Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.”
Por ley, esta larga frase debe aparecer en toda la propaganda de
cualquier programa que utiliza recursos públicos y que generalmente están
destinados al apoyo social hacia los más desfavorecidos, a sectores con alguna
vulnerabilidad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus
artículos 41 y 134 distingue entre dos tipos fundamentales de actos de
expresión: el que conocemos como propaganda gubernamental que se define como
aquella que difunden los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias
y entidades de la administración pública y por otro lado la propaganda política
que va dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya
sea a favor o en contra de partidos políticos o candidatos.
Pues bien, conozcamos con el ejemplo del programa de Abasto Social de
Leche Liconsa, como interpreta esta obligación la autollamada “Cuarta Transformación”
(4T).
El Programa del subsidio a la leche cumplió recientemente 75 años de
existencia, Liconsa cuenta con varias plantas de producción en todo el país: la
primera, se construyó hace 65 años en el municipio de Tlalnepantla en el Estado
de México. Actualmente, Liconsa atiende un “suculento”, electoralmente hablando,
padrón de beneficiarios mayor a 5.8 millones de mexicanos, aproximadamente son
2.7 millones de familias, casi el 10% del total de hogares mexicanos.
Las lecherías o puntos de venta de Liconsa se extienden por todo
nuestro territorio, en algunos casos se ubican en las comunidades más aisladas,
con mayor rezago y marginación social. Las lecherías han sido utilizadas
durante los procesos de campaña para promover el voto, la gran mayoría de
candidatos en las primeras horas del día, durante la venta de leche acudían a promocionarse,
incluso los partidos de oposición lograron limitar o impedir la presencia de
los candidatos dentro de los locales de las lecherías.
En numerosas
ocasiones, los gobiernos federales del PRI y PAN pretendieron hacer cambios
“sustanciales“ al subsidio de leche; para ello involucraron a varias
instituciones académicas de nuestro país, por ejemplo: la UNAM e ITAM, o
incluso organismos internacionales como CEPAL o UNESCO, las cuales instrumentaron
estudios científicos en todo el proceso para entregar el subsidio a los
beneficiarios, desde la producción del lácteo hasta su entrega en los
diferentes puntos de venta, pero sin intervenir en la operación, pues lo que
buscaban esos gobiernos era mejorar, disminuir o desaparecer el programa.
Con la instrumentación de esos estudios, la empresa cambió los mecanismos
de registro de los beneficiarios, impuso la cantidad de lácteo necesario según
el tipo de población, adicionó vitaminas y nutrientes para mejorar el producto,
transparentó la entrega del subsidio, quitó el apoyo, argumentando la
duplicidad de subsidios, comprobó a los organismos internacionales la inversión
contra el combate a la pobreza y argumentó la disminución en el déficit
alimentario, etc., etc.
Ahora, la autollamada 4T incorporó en las lecherías la figura de
“verificadores“, dotó a este improvisado
personal, no capacitado, de un gafete con la leyenda de “verificación del
funcionamiento de puntos de venta de leche liquida“; en la parte superior
aparece los nombres de la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural),
SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) y Liconsa. Pero ¿quiénes son y qué
hacen estos improvisados verificadores? Resulta que varios de ellos son los
también autonombrados “siervos de la
Nación“, algunos declaran ser voluntarios y la mayoría –dicen ellos-
reciben un pago “simbólico“; su
actividad principal es hablar con los beneficiarios para recordar que el señor
presidente López Obrador es quien otorga el beneficio del programa. ¿Dónde
quedó aquello de que “el programa es público, ajeno a cualquier partido
político y que está prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en
el programa?
También hablan de las “bondades“ del Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA); supervisan y restringen al personal operativo de Liconsa, determinan
quién recibe, cuánto subsidio reciben los beneficiarios, sin importar la famosa
tarjeta de leche que por años ha identificado y facultado al portador para
recibir el subsidio; incorporan a nuevas personas al programa, con o sin
revisión de los documentos que establecen los lineamientos de la empresa y que
son obligatorios para ser evaluado como probable población objetivo. Es decir,
estos “verificadores“ se han convertido en los amos y señores de las lecherías.
Un último y no menor detalle, Liconsa, en sus lineamientos oficiales, prevé
que el personal que representa a la institución en las diferentes comunidades
tengan el perfil social, trabajadores sociales o con licenciatura afín; pero, los
“verificadores” de Morena carecen totalmente de este perfil, son personas sin
experiencia laboral o en atención comunitaria. Seguramente la autollamada 4T piensa
que interviniendo a Liconsa con militantes de MORENA podrá controlar la
preferencia electoral de esta importante masa de beneficiarios. Pero acaso,
esta intromisión ¿no es corrupción? ¿no es usar el programa con fines
políticos? ¿Qué nos faltará por ver, a Yeidckol Polevncky realizando el canje
de tarjetas en las lecherías? O, ¿escuchar al presidente López Obrador anunciar
la entrega de dinero de manera directa para que cada familia compre su leche en
las tiendas Walt Mart? ¡Ah no, esto no es posible, pues en nuestro país, según
el presidente, ya no hay más política neoliberal!
Es evidente que la mal llamada 4T violenta flagrantemente la ley: respeta
normatividades, lineamientos, leyes, ¡nada!
Un último dato. El responsable de operar todo esta estrategia partidaria,
es un veterano operador del priismo, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández,
quien ocupó varios cargos dentro de los gobiernos federales priistas: fue
secretario particular del presidente Luis Echeverría Álvarez, director de la
extinta CONASUPO –por cierto a él le tocó liquidar a la CONASUPO- y de otros programas sociales, como el tan
famoso “Torti-vale“ que regalaba
kilos de tortilla a las familias; es decir, el señor Ovalle Fernández es un
buen operador del mentado “clientelismo electoral” tan repudiado por Morena,
por lo menos de palabra, pero que son prácticas cotidianas de los gobiernos de
la mafia del poder, a la que ahora se acerca la 4T. ¿Casualidad o causalidad? Usted
que opina.
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