La elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo tiene su sustento legal en el artículo 26,
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el cual establece que, el Estado tiene la obligación de
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.
En este contexto, en el marco
de las obligaciones establecidas en la Ley de Planeación, el pasado
30 de abril, por primera vez en la historia, el Presidente de la
República remitió su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo a la
Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.
El documento remitido al poder
legislativo se integra de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, así como de un conjunto de anexos; mismos que, de
conformidad con lo ordenado en la Constitución y las leyes, en el
ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, recoge las
aspiraciones y demandas de la sociedad derivadas de los ejercicios de
participación y consulta popular instrumentados por
todas las dependencias y entidades de la administración pública
federal, así como los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de
desarrollo, además de las proyecciones y consideraciones a veinte
años.
En este ejercicio,
participaron organizaciones representativas de: obreros, campesinos,
pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas,
profesionales y de investigación de los organismos empresariales;
así como de otras agrupaciones sociales. De igual manera, las
comunidades indígenas fueron consultadas y participaron en las
definiciones que afectan directamente en el desarrollo de sus pueblos y
comunidades.
Dentro del proceso
deliberativo y democrático que precisa nuestro marco normativo, el
día de hoy se presentó una nota periodística que desvirtúa el
contenido del Plan Nacional de Desarrollo, al señalar que: “Hasta
en 20 años habría un país con justicia, según Plan Nacional de
Desarrollo”.
Como puede consultarse, en la
parte introductoria de los Anexos (página 19), al hacerse referencia
a la visión de largo plazo, se enuncia lo siguiente: “El Gobierno
de México está comprometido con el fortalecimiento del Estado de
Derecho, el impulso al desarrollo económico sostenible y la
construcción de un país con justicia y bienestar para todas las
personas en todo el territorio por igual, reconociendo y trabajando
para reducir las brechas de desigualdad existentes. El avance
coordinado en cada una de las tres direcciones propuestas
retroalimentará los esfuerzos en otras esferas, generando un círculo
virtuoso de progreso con el cual, en los próximos 20 años México
se consolidará como un país más igualitario en donde las personas
y el ejercicio pleno de sus derechos humanos serán el centro de la política pública.”
En consecuencia, resulta
imprecisa y equívoca la afirmación periodística que señala que de
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y sus Anexos
“hasta” dentro de veinte años habrá un país con justicia. Toda
vez que el documento presentado por el Ejecutivo Federal establece
que dentro de dicho periodo, México se consolidará como un país
más igualitario en donde las personas y el ejercicio pleno de sus
derechos humanos serán el centro de la política pública.
Es decir, los objetivos
nacionales, las estrategias y las prioridades del desarrollo
integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible enunciadas
en el Plan Nacional de Desarrollo, expresan una aplicación inmediata
de las mismas y un alcance sexenal, considerando, además, una visión
de largo plazo.
Finalmente, el procedimiento
para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que se llevará a
cabo en los próximos meses por la H. Cámara de Diputados consistirá
en verificar que dicho instrumento incluya los fines del proyecto
nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Por tanto, se exhorta a todo
el pueblo de México a participar activamente en la revisión y
enriquecimiento de dicho Plan, así como a que la información y
difusión que verse sobre su contenido, sea oportuna, veraz e
imparcial. No se omite comentar que en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público estamos convencidos de que la diversidad y
pluralidad de ideas y opiniones fortalecerán el contenido del mismo.
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