- Reivindica gobierno federal las acciones de los seis indígenas de Tlanixco como defensores del agua.
- Se alteró la vida, no sólo de sus familias, sino de toda una comunidad.
- Tlanixco no sólo es una experiencia emblemática, sino un referente de la aplicación de justicia.
El
gobierno federal, a través de Alejandro Encinas Rodríguez,
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
(Segob) reivindicó este jueves las acciones de seis indígenas de
Tlanixco como defensores del derecho humano al agua y la tierra.
“A
lo largo de 16 años fueron objeto de un acto de abuso de autoridad en
donde se vulneraron gravemente sus derechos humanos y, se alteró la
vida, no sólo de sus familias, sino de toda una comunidad que se opuso
al despojo de un recurso fundamental para el desarrollo de su actividad
productiva, el agua; pero también al despojo de sus tierras en actos de
corrupción, de la autoridad y de particulares”, afirmó.
El
funcionario federal, a nombre del gobierno federal, recordó que Dominga
González Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozabal,
Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González y, Lorenzo Sánchez
Berriozabal permanecieron 16 años encarcelados y sentenciados a 50 años
de prisión “por delitos que no se les comprobó (…) vamos a estar
pendientes para reparar el daño”.
Rodríguez
Encinas afirmó que ante más casos similares que se registran a lo largo
y ancho en el país, “el caso Tlanixco no sólo será una experiencia
emblemática, sino queremos que sea el referente de la aplicación de
justicia para muchos casos que existen. Estábamos revisando las cifras
de cuántos defensores de derechos humanos, de defensores de recursos
naturales tenemos en el país y vamos a estar revisando todos y cada uno
de estos casos”.
El funcionario
federal reconoció la labor de los integrantes del Centro de Derechos
Humanos “Zeferino Ladrillero” quien acompaña el caso de los seis
defensores del derecho humano al agua, que fueron sentenciados de manera
inicial a penas corporales de más de 50 años.
La
semana pasada, Michelle Bachelet, titular de la Oficina del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), recibió a los seis indígenas, hoy liberados, en la que le
manifestaron la grave situación de carencia de defensores especializados
en los usos y costumbres de comunidades y pueblos indígenas en nuestro
país.
En julio pasado, la
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH), que dirige Jan Jarab, afirmó que dicha
sentencia se había pronunciado sobre la base de testimonios cuya
credibilidad “se ve seriamente socavada por incluir señalamientos contra
personas que no podían estar en el lugar de los hechos”.
“El
proceso judicial relativo al mencionado caso carecería de las garantías
del debido proceso, y la condena a 50 años de cárcel por los delitos de
homicidio calificado y privación ilegal de la libertad habría sido
adoptada para criminalizar a las personas defensoras involucradas en la
defensa del derecho al agua”, resaltó el organismo internacional en el
documento.
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