● Sin mediar licitaciones públicas, dos programas de conectividad del Gobierno de la Ciudad de México estarán a cargo de Telmex
- La adjudicación de contrataciones públicas a favor del agente preponderante vulnera la competencia en el sector de telecomunicaciones
Ciudad de México a 7 de enero de 2019. – El gobierno de la Ciudad de México publicó un comunicado[1]
revelando la firma de un convenio con Telmex, empresa perteneciente al
Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T). De acuerdo
con dicho comunicado, el acuerdo “logrará para 2019 un ahorro total de
307 millones de pesos” en dos programas relacionados con el uso de
tecnologías de información: Ciudad Segura y Ciudad Digital.
Ciudad
Segura inició en 2010 y en la actualidad suma 15,310 cámaras de video
vigilancia conectadas hacia un Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). El programa Ciudad Digital,
engloba la provisión de conectividad y servicios de telefonía para
dependencias públicas de la Ciudad de México, enlaces de datos
especializados para operaciones de seguridad, finanzas y protección
civil, así como la instalación de WiFi en espacios públicos de la ciudad
y bibliotecas bajo un programa llamado Puntos de Innovación, Libertad,
Arte, Educación y Saberes.
Si
bien resulta positivo que los entes públicos disminuyan el costo de los
servicios que en materia de conectividad le son prestados, así como que
logren que éstos le sean proporcionados con mejor calidad, dichos entes
deben asegurarse que los procedimientos de contratación que utilicen
para obtener los servicios mencionados no generen situaciones que puedan
afectar las condiciones de competencia en el sector telecomunicaciones,
en el que hoy en día, conforme a la Constitución de nuestro país,
existe un AEP-T, que por su tamaño y poder, podría ubicarse en
situaciones ventajosas para desplazar a otros agentes que participan en
la provisión de servicios de redes públicas de telecomunicaciones. Por
ello, en opinión del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones
(IDET), este tipo de contrataciones no deben realizarse mediante la
figura de adjudicación directa, esto es, sin que medie un procedimiento
de licitación pública, en el que, a través de la concurrencia de los
distintos operadores de telecomunicaciones, se garanticen los mejores
precios y servicios.
De
acuerdo con el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de
México, el Programa de Ciudad Segura reporta que se ha administrado
mediante dos contratos multianuales de servicios, uno vigente entre 2008
y 2011 por un monto de 459 millones de dólares y otro vigente entre
2013 y 2017 por un total de 4,550 millones de pesos. Ambos fueron
asignados mediante adjudicación directa a la empresa de
telecomunicaciones fijas del AEP-T.
Bajo
estas consideraciones, se puede inferir que el Gobierno de la Ciudad de
México no habría celebrado un acuerdo para mejorar las condiciones de
contratos vigentes con Telmex, sino que, en los hechos, habría celebrado
nuevos convenios con el AEP-T, omitiendo realizar los procedimientos de
licitación pública correspondientes.
Además
de lo preocupante que resulta que no se recurra a la licitación pública
como medio para asegurar las mejores condiciones y costos para
proyectos como Ciudad Segura y Ciudad Digital, no debe pasar
desapercibida la naturaleza de Telmex como AEP-T, sujeto a regulación
asimétrica desde 2014, con motivo de participación predominante en todo
el sector telecomunicaciones, lo que, conforme a la Constitución, lo
coloca en una situación regulatoria distinta a la de los demás
operadores. Con base en ello, Telmex no goza de libertad tarifaria, por
lo que no puede acordar tarifas con entes públicos como el Gobierno de
la Ciudad de México, distintas a las que le hayan sido previamente
aprobadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Bajo
ese tenor, el IDET considera relevante que el IFT se encuentre en
constante alerta ante la presencia de las distintas negociaciones
realizadas por el AEP-T para dominar también el sector de
telecomunicaciones en el rubro de contrataciones públicas, mediante
prácticas que impliquen el desplazamiento desleal de sus competidores.
Finalmente
en el IDET creemos que la relevancia de las contrataciones
gubernamentales en el sector telecomunicaciones, hace necesario
establecer procesos abiertos de licitación donde las condiciones de
competencia sean equilibradas y permitan ofrecer a los gobiernos y por
ende a la sociedad mejores servicios bajo criterios transparentes y
abiertos.
Acerca del IDET
El
Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) es una asociación
civil mexicana, constituida en julio del 2002, con fines estrictamente
académicos, de investigación y propositivos, integrado por un grupo de
especialistas del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías
de la información, que contribuyen al perfeccionamiento del marco
regulatorio existente.
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