• Nos oponemos al pase automático del
actual procurador. Por ningún motivo Raúl Cervantes, o cualquier otra persona
ligada a los intereses del poder, puede ser Fiscal General de la República.
Ello significaría imponer a un guardaespaldas transexenal del actual régimen
La
mayor evidencia de la pésima calidad de la administración, procuración e
impartición de justicia en México es la impunidad. Ello impide el castigo a
quienes violan la ley, especialmente a los poderosos y se constituye en una de
las principales causas de la indignación social, del divorcio y desconfianza entre los operadores y
representantes políticos y la sociedad civil. La impunidad es fuente de
violencia, corrupción, violaciones a los derechos humanos e ingobernabilidad.
De
acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017, nuestro país ocupa el lugar 66
de 69 naciones con los mayores niveles de impunidad. Sólo siete de cada 100
delitos cometidos se denuncian, y alrededor del 98% de los casos quedan sin
sentencia. La raíz de la impunidad mexicana
reside en un modelo disfuncional que no atiende las causas ni los
efectos de la criminalidad. Buena parte de esta responsabilidad está en las
procuradurías, que son instituciones que no investigan bien o fabrican delitos
por consigna.
Nuestras
procuradurías fueron diseñadas como un instrumento de control político y de
administración selectiva de la justicia, ajenas a las víctimas, la reparación
del daño, la garantía de derechos y el debido proceso. Eso explica su
arquitectura institucional, su modelo de gestión, sus prácticas
institucionales, los recursos humanos con los que cuentan, la falta de recursos
para que realicen sus tareas con eficacia, la ausencia de mecanismos de control
y su desapego al principio de igualdad ante la ley.
Para
erradicar ese diseño perverso y garantizar su autonomía se incluyó, en las
reformas constitucionales de 2014, la creación de la Fiscalía General de la
República (FGR) en sustitución de la actual Procuraduría General (PGR). No
obstante, la discusión soslayó su funcionamiento, es decir, la posibilidad real
de crear una fiscalía independiente de los poderes políticos, así determinó que
quien fuera procurador en el momento de la transición se convertiría
automáticamente en el primer fiscal “autónomo” transexenal por nueve años, y que
el personal de la PGR formaría parte de la nueva Fiscalía.
Raúl
Cervantes Andrade actual Procurador General de la República, es un reconocido
militante y abogado del PRI, que pertenece
al primer círculo presidencial, lo cual implicaría un obvio sesgo en su
actuación como fiscal general.
El
régimen priísta se opone a una verdadera autonomía e independencia en la
institución que reemplazará a la PGR, y lo que busca es garantizar protección e
impunidad más allá del presente sexenio a quienes se han enriquecido y
beneficiado ilegalmente al amparo del poder. No olvidemos que este sexenio se
ha caracterizado por tener los más escandalosos actos de corrupción, hechos que
se han caracterizado por una ausencia total de investigación y que han
provocado el hartazgo de todos los sectores incluido el empresarial. Lo que
pretende es dejar impunes a los políticos corruptos que, además, han cometido
graves y numerosas violaciones a los derechos humanos, seguir encubriendo a las
extensas redes de complicidad que han tejido con recursos públicos.
Por
todo lo anterior, nos sumamos a las voces que desde la sociedad civil y la
academia exigen que la nueva Fiscalía no herede los vicios de la actual
Procuraduría:
• Nos oponemos al pase automático del
actual procurador. Por ningún motivo Raúl Cervantes, o cualquier otra persona
ligada a los intereses del poder, puede ser Fiscal General de la República.
Ello significaría imponer a un guardaespaldas transexenal del actual régimen.
• El objetivo central del diseño de la
ley orgánica de la Fiscalía General de la República debe ser construir una
institución realmente autónoma,
independiente y profesional, que responda con imparcialidad a la razón
técnica de la ley y no a criterios de oportunidad política, que sea un pilar
sólido del Estado de Derecho, la justicia, la seguridad pública y la
gobernabilidad democrática.
• Es necesaria una reforma integral al
artículo 102 que contemple los aspectos mínimos para garantizar la autonomía,
independencia, funcionalidad operativa, personal calificado y suficiente,
transparencia y rendición de cuentas de la Fiscalía General.
• Las leyes para regular la Fiscalía
General deben ser resultado de un amplio debate técnico, informado,
transparente y con una importante participación de la sociedad civil.
• El proceso para la selección y
designación del Fiscal General de la República tiene que ser modificado de tal
suerte que incorpore de manera expresa las garantías de idoneidad, publicidad,
transparencia y participación de la sociedad civil en todo el proceso de
selección, asegurando que la persona elegida no tenga filiación partidista y
cuente con una reconocida trayectoria de honestidad, congruencia e
imparcialidad; en suma, alguien a quien no le tiemble la mano para hacer
aplicar la ley a quien la haya violado, sea quien sea.
La
Fiscalía General de la República es pieza esencial del Sistema Nacional
Anticorrupción. Adquiere mayor relevancia debido a que por una deficiencia en
el diseño legislativo, la Fiscalía Anticorrupción estará totalmente subordinada
a ella. Por ello, si bien conviene evitar que el fiscal anticorrupción sea un
alfil del régimen, es mucho más importante que el fiscal general sea autónomo y
honesto.
Así
pues, hacemos un llamado al Senado de la República a que actúe con
responsabilidad. Su disyuntiva es configurar una Fiscalía General fuerte y
sólida que contrarreste la corrupción y erradique la impunidad, o bien cargar
con la ignominia de haber conservado el manto de impunidad que protege a los
poderosos.
Las
sociedades de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo impidieron que los entonces
gobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge aseguraran su
impunidad con mecanismos similares. Si los senadores no escuchan la voz de la
ciudadanía y permiten el pase automático del actual procurador o la imposición
de alguien cuya misión sea cuidar las espaldas del presidente de la República y
su camarilla, habrán perpetrado un golpe inaceptable contra la construcción de
un Estado democrático de derecho y se habrán colocado del lado de la impunidad
que este régimen pretende perpetuar.
Agustín
Basave
Alejandra
Barrales
Alejandro
Chanona
Alejandro
Madrazo
Alfredo
Figueroa
Armando
Ríos Piter
Catalina
Pérez Correa
Cecilia
Soto
Clara
Jusidman
Clemente
Castañeda
Cuauhtémoc
Cárdenas
Dante
Delgado
Denise
Dresser
Emilio
Álvarez Ícaza
Federico
Reyes Heroles
Fernando
Belaunzarán
Fernando
Elizondo
Fernando
Herrera Ávila
Francisco
Martínez Neri
Guadalupe
Acosta Naranjo
Gustavo
Madero
Javier
Corral
Javier
Sicilia
Jorge
Castañeda
Jorge
Javier Romero
José
Woldenberg
Juan
Francisco Torres Landa
Juan
Ramón de la Fuente
Marko
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Ricardo
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Ricardo
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