Deudos de víctimas cuestionan indulto a Fujimori

Por: Jo-Marie Burt (@jomaburt)

El día jueves 11 de enero de 2018, decenas de miles de peruanos se manifestaron en Lima, y en diversos puntos en el país y el mundo, para manifestar su rechazo al indulto fraudulento concedido al exdictador de Perú, Alberto Fujimori, quien fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato de varios crímenes considerados en el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. Los deudos de las víctimas de Fujimori buscan revocar el indulto en el fuero interno y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Foto: Walter Hupiu Tapia.

El 7 de abril de 2009, tras un histórico proceso judicial que duró un año y cuatro meses, un tribunal de la Corte Suprema del Perú encontró al exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) culpable de graves crímenes, incluido el asesinato de 25 personas, y lo condenó a 25 años de prisión. La sentencia, ratificada por la Corte Suprema, fue reconocida mundialmente como histórica, pues son pocas las veces que un tribunal nacional logra que ex jefes de estado rindan cuentas ante la justicia, particularmente en casos de graves violaciones de derechos humanos. Para las víctimas, significó que su larga búsqueda por verdad y justicia de 25 años por fin dio fruto. Desde entonces, Perú ha sido considerado un ejemplo en la lucha contra la impunidad en América Latina y el mundo.

Todo eso ha sido puesto en cuestión luego de que, en vísperas de Navidad, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, anunció su decisión de conceder un indulto ‘humanitario’ y el derecho de gracia a Alberto Fujimori. Quedó más que evidente que Kuczynski negoció el indulto a cambio de los votos del congresista e hijo del exdictador, Kenji Fujimori, que lo salvó de ser vacado de su puesto sólo tres días antes. Kuczynski aseveró que fue una medida que tomó en nombre de la reconciliación nacional. Pero nadie lo creyó. Era demasiado evidente que fue un pacto político para salvar su pellejo político, y con el tiempo rebalsan las evidencias de ello.

Indignación en las calles: #IndultoEsInsulto

La indignación ciudadana no se hizo esperar. Poco después del anuncio presidencial, a pesar de ser Nochebuena, miles de ciudadanos salieron a las calles y a las plazas para protestar. Protestas continuaron el día siguiente. Los familiares de las víctimas de Fujimori convocaron una marcha nacional el 28 de diciembre que fue asistida por más de 30 mil personas, sólo en Lima. Los familiares convocaron una cuarta protesta contra el indulto el 11 de enero (#11E), junto con colectivos, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil. Hubo un despliegue policial jamás visto en épocas democráticas. Parecía una vuelta a los 90 en más de un sentido.

Mientras tanto, varios miembros del partido de Kuczynski, Peruanos Por el Kambio (PPK), renunciaron sus puestos, incrédulos que Kuczynski les mintió cuando les aseguró que no indultaría a Fujimori para salvar su puesto. Tres ministros de estado y varios funcionarios también renunciaron. Organizaciones internacionales repudiaron la decisión, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta Human Rights Watch y el Washington Office on Latin America (WOLA). Expertos de la Naciones Unidas dijeron que estaban “consternados” por la decisión, que consideraba como “una bofetada a las víctimas cuyo compromiso incansable lo llevó a [Fujimori] a la justicia” y “una gran recaída para el estado de derecho” ya que no se llega a cumplir con los requisitos legales para un indulto humanitario.

La batalla legal para revocar el indulto

Las familias de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que las representan han iniciado la batalla legal para revocar el indulto. Los deudos de las víctimas y sus abogados consideran que no fue un indulto humanitario sino un pacto basado en un acuerdo político, y por tanto es fraudulento. Además, los abogados de las víctimas señalan una serie de irregularidades de forma y fondo con el indulto, y han embarcado en una nueva batalla legal para revocarlo.

En primer lugar, la única opción para indultar a Alberto Fujimori es vía un indulto humanitario. Eso porque según la Ley 26478, un condenado por secuestro agravado, como es el caso de Fujimori, no puede ser indultado (una ley, paradójicamente, firmada por el mismo Fujimori). Sin embargo, en la legislación peruana, un indulto humanitario es aplicable sólo si el reo padece “enfermedades terminales o enfermedades progresivos que, aunque no son terminales, son irreversibles o degenerativas” y que se agravan como resultado de las condiciones existentes en la prisión.

Según los abogados de las víctimas, Fujimori no cumple con estas condiciones. Además, las condiciones de la prisión de Fujimori son óptimas: estaba privado de su libertad no en una prisión común sino en una casa ubicada dentro de la Dirección de Operaciones Especialices (DIROES) de la Policía Nacional, y que siempre se le brindó atención médica cuando fue requerido.

A su vez, los abogados de las víctimas señalan serias irregularidades con la junta médica que evaluó el estado de salud de Fujimori y recomendaron el indulto humanitario, incluido el hecho de que el médico personal de Fujimori forme parte de ese consejo. Eso, aseguran, constituye un conflicto de interés y viola el principio de imparcialidad y, por lo tanto, el debido proceso.

A parte del indulto humanitario, Kuczynski también le otorgó a Fujimori el derecho de gracia, que tiene como objetivo liberarlo de futuros procesos judiciales en su contra. Actualmente hay un proceso en curso contra Fujimori por el caso Pativilca, en el que seis campesinos fueron asesinados por el Grupo Colina en 1992. La ley peruana describe un marco de tiempo específico bajo el cual se puede aplicar un derecho de gracia en casos en curso. Según Gloria Cano, abogada de las víctimas y directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Fujimori no cumple con estos criterios. Cano ha solicitado al juzgado del caso que revise el derecho de gracia de Fujimori para determinar si viola la constitución y las obligaciones internacionales de Perú. Si el tribunal determina que sí, podría revocar el derecho de gracia de Fujimori.

Por otro lado, es posible que las víctimas soliciten al Tribunal Constitucional la revocación del indulto, por considerar que fue concedido bajo argumentos fraudulentos y en violación de la ley y la constitución. El Tribunal Constitucional es el órgano máximo de la justicia peruana, y ha revocado indultos humanitarios otorgados fraudulentamente en el pasado, el más notorio en el caso de un ex socio de Alberto Fujimori, José Enrique Crousillat, en 2012.

Finalmente, está la vía legal a nivel internacional. Dos de los casos por los cuales Fujimori fue condenado—la masacre de Barrios Alto y la desaparición forzada y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta—tienen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales la Corte determinó que el Estado peruano era responsable de los crímenes y ordenó al Estado que investigara, enjuiciara y sancionara a los responsables. En la sentencia Barrios Altos, la Corte anuló las leyes de amnistía de 1995 que obstaculizaban la justicia en estos y otros casos de graves violaciones a los derechos humanos.

La Corte Interamericana tiene el mandato de supervisar la implementación de sus sentencias. A petición de organizaciones de derechos humanos, incluidas APRODEH, la Corte convocó una sesión especial para revisar el indulto de Fujimori en su sede en Costa Rica el 2 de febrero. “Aunque la Corte nunca ha anulado el indulto, es posible que lo haga en este caso”, afirma Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que ha estado involucrada en el litigio internacional de estos casos desde los noventa.

No se decreta la reconciliación

Gobiernos en varios países de América Latina han intentado decretar la reconciliación. Han intentado borrar el pasado e imponer el olvido vía leyes de amnistía y discursos de borrón y cuenta nueva que son los ejes de la impunidad. Pero no se puede decretar la reconciliación. Las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia y reparación; los estados tienen la obligación de investigar los crímenes internacionales, enjuiciar y castigar a los responsables, e implementar medidas para garantizar la no repetición de los hechos.

Si bien el indulto a Fujimori es un golpe a la lucha contra la impunidad en el Perú y en toda América Latina, es importante recordar que Fujimori fue encontrado culpable de crímenes internacionales, por un tribunal independiente que garantizó todos los derechos de la defensa, y que cuando Fujimori apeló el fallo, este no sólo fue ratificado, sino que resistió decenas de intentos de Fujimori de anularlo, utilizando diferentes tipos de movidas legales, cada una rechazada por los tribunales de justicia por falta de mérito. La culpabilidad de Fujimori no desaparece al ser indultado, como él y sus seguidores nos quieren hacer creer. Sólo se extingue la pena. Un tribunal de justicia encontró a Alberto Fujimori culpable como autor mediato de graves crímenes, y eso no se puede borrar de la historia, indulto o no indulto.



* Jo-Marie Burt es profesora de ciencias políticas en el Schar School of Policy and Government de George Mason University. Es además Asesora Principal de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Ha escrito ampliamente sobre violencia política y derechos humanos en el Perú, y fue observadora internacional al juicio por derechos humanos de Alberto Fujimori (2007-9) y Ríos Montt (2013-).