CAPACITA CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

 

• Imparte conocimientos para el diseño, monitoreo y seguimiento de los programas sociales.

• Destacan la importancia de contar con diagnósticos eficaces en la materia.

• Promueven una rendición de cuentas a través de la evaluación.

 

Toluca, Estado de México, 3 de noviembre de 2020. Impulsar el fortalecimiento y la aplicación de la política social con transparencia y eficacia, es una de las de las acciones prioritarias emprendidas por el Gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo Del Mazo Maza, para contribuir a mejorar la calidad de los servicios y programas destinados al bienestar de los mexiquenses.

 

Es por ello que el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como objetivo fomentar en los servidores públicos estatales y municipales los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos necesarios para el diseño, evaluación y seguimiento de los programas sociales, así como para la emisión de reglas de operación y lineamientos para su formulación.

 

Dentro de ese contexto y respetando las medidas sanitarias por la contingencia, se realizó una capacitación, en la modalidad virtual, a servidores públicos del municipio de Valle de Bravo responsables de la planificación, elaboración y monitoreo de los mecanismos sociales de apoyo a la población.

 

Durante el desarrollo del curso se abordaron temas referentes a la elaboración de reglas de operación y se enfatizó en la importancia de contar con diagnósticos claros que visibilicen la conveniencia, factibilidad y eficiencia de los programas que llevan a cabo.

 

Asimismo, se les dieron a conocer los criterios metodológicos mínimos que deben contener para poder ejecutar de manera óptima, los recursos y acciones destinados a la atención de necesidades sociales.

 

Finalmente, se exhortó a los participantes para que, desde su ámbito de competencia, alineen sus programas sociales a la normatividad estatal que los rige, pues estos instrumentos garantizan la rendición de cuentas y fomentan los ejercicios de monitoreo y evaluación necesarios para el crecimiento de la política de desarrollo social en la entidad.