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La verdadera función de los poderes es hacer cumplir la ley, no saltársela creando otra puerta giratoria con fines político-electorales
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Al aprobar esta Ley, se demuestra que en este país no se legisla para apoyar a los emprendedores y contribuyentes, pero sí a los delincuentes
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El fomento de “amnistías” a delincuentes solo genera una percepción generalizada de impunidad
La
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
considera que, sin una reforma total al sistema penitenciario, la Ley
de Amnistía es un esfuerzo incompleto, superficial y aislado, con el
cual los beneficiarios serán solamente algunos cientos de personas.
Incompleto
y aislado, porque NO se acompaña con un plan de reinserción social
para los delincuentes sentenciados que sean liberados, incluso va a
contracorriente de los intentos que está haciendo la misma
Federación, para endurecer las penas en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, por tanto, no previene que estos
encarcelamientos se sigan dando a futuro.
Ante
la presión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senado
de la República llevó a cabo una Sesión Ordinaria el pasado 20 de
abril, para discutir y aprobar, de forma “fast track” dicha Ley,
lo que demuestra, de facto, una inexistente autonomía e
independencia del Poder Legislativo.
Lo
anterior, bajo el falso pretexto de frenar la propagación del
coronavirus COVID-19 en los centros penitenciarios (en donde escasean
los servicios médicos, insumos y materiales de protección); sin
embargo, el argumento de que la Ley de Amnistía es necesaria para
prevenir contagios del COVID-19, es una falacia, ya que requiere de
la constitución de un Consejo para su implementación, con un plazo
de 60 días, y otro de cuatro meses para decidir cada una de las
solicitudes de liberación; para entonces, ya habremos pasado la
pandemia.
En
el Sector Empresarial estamos convencidos de que un verdadero Estado
de Derecho tiene que respetar la independencia del Poder Judicial,
así como modificar el Sistema Penal Acusatorio, de tal forma que se
garantice la presunción de inocencia y la reparación del daño a
las víctimas, castigando la reincidencia y eliminando en estos
casos, los beneficios de preliberación o conmutación de penas.
La
Ley de Amnistía aprobada en el Senado a petición del Presidente de
la República beneficia solo a personas en contra de quienes se haya
ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado
sentencia firme ante tribunales federales, siempre que no sean
reincidentes respecto del delito por el que fueron sentenciadas y
éstos se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor.
En un país con 97 por ciento
de impunidad, en el que se procesan sólo 3 de cada 100 delitos, y
que de estos el 85% son del fuero común, bajo la responsabilidad de
los estados y no de la federación, el argumento de la -primo
delincuencia- es banal, ya que la mayoría de los casos se
presentarán así, no porque lo sean, sino porque las autoridades no
los habían aprehendido.
Existen
mecanismos ya contemplados en la ley, para otorgar perdón a personas
que, por su situación cultural, familiar o de pobreza, hayan sido
sujetos de una injusticia por los tribunales; sin embargo, el
presidente López Obrador rehúye su responsabilidad personal de
asumir el costo político por dicha acción, delegando todo en el
Poder Legislativo.
Los
ciudadanos aspiramos a vivir en un México en el que se respete el
Estado de Derecho, estamos convencidos que un “perdón” a los
delincuentes solo genera y generará una percepción generalizada de
impunidad.
En
la COPARMEX consideramos que la Ley de Amnistía no era una
prioridad, ya que el tema que realmente debió ocupar en estos
momentos al gobierno y a los legisladores, es atender la crisis
sanitaria y económica derivada de la pandemia por el coronavirus.
Eso sí salvaría cientos de miles de vidas y empleos.
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